Del 24 al 29 de abril, la conferencia de Santa Marta (imagen superior), convocada por Colombia y Países Bajos, ha reunido a representantes de 57 países junto con miembros de diferentes colectivos y organizaciones de la sociedad civil. Con la crisis climática como telón de fondo y la falta de resultados significativos de las negociaciones climáticas para hacer frente a la producción de combustibles fósiles, la conferencia tenía como objetivo crear una coalición amplia de diferentes sectores decididos a acelerar transiciones energéticas justas. El proceso iniciado continuará con una segunda conferencia que los Estados insulares de Irlanda y Tuvalu organizarán de forma conjunta en Tuvalu en 2027.

Amnistía Internacional ha analizado los discursos misóginos, racistas y xenófobos que propagan el odio en las redes sociales contra mujeres y personas LGBTQI+ racializadas. Ataques cargados de bulos –como el denominado “gran reemplazo” o que la “inmigración masiva” representa una amenaza existencial para la población blanca–, buscan intimidar y deshumanizar a las mujeres y personas LGBTQI+ de comunidades negras, indígenas y otros grupos racializados.

Esta investigación forma parte de la campaña global de Amnistía Internacional Seguridad en Internet, enfocada a contrarrestar el odio con mensajes de resistencia crítica, inclusión y esperanza.

El largometraje Black Water, dirigido por Natxo Leuza, ha sido galardonado con el Premio Amnistía Internacional en la 23ª edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián. La película aborda la problemática de los refugiados climáticos centrándose en Bangladesh, país donde el cambio climático amenaza con inundar gran parte de su territorio. El realizador navarro ha conseguido abrir una ventana a la esperanza a través de la acción de una periodista y activista climática, y de la convocatoria de una gran movilización popular que se refleja al final de la película.

La decisión de calificar la Red LGBTIQ+ de “organización extremista” y prohibir sus actividades en todo el país, adoptada por el Tribunal Municipal de San Petersburgo, agrava la marginación de las personas LGBTIQ+. Esta sentencia sigue la estela de otras resoluciones que calificaron del mismo modo a cinco grupos LGBTIQ+ en diversas ciudades del país. Desde finales de 2025, las autoridades han intensificado la represión contra los derechos de las personas LGBTIQ+ mediante procesos penales, arrestos y multas contra personas individuales, reuniones privadas y plataformas de medios de comunicación.