Por Ana Gómez Pérez-Nievas

El pasado 29 de abril se votaba en el Congreso de los Diputados el Real Decreto Ley para la prórroga de alquileres y la limitación a la subida interanual de la renta del alquiler. Un decreto que muchas organizaciones por el derecho a la vivienda tildan de “mínimo” y que, sin embargo, fue rechazado con los votos en contra de PP, VOX, JUNTS y UPN, la misma coalición que tumbó hace escasos meses la moratoria anti-desahucios y que en esta última votación contó además con la abstención del PNV.

Con la caída de ambos decretos, la moratoria anti-desahucios y la prórroga de alquileres, en los próximos meses se puede producir un tsunami de desahucios. La activación de los 70.000 paralizados, más todos los invisibles que se produzcan de los alquileres que no se hayan acogido a la prórroga, agravará de manera exacerbada la crisis de vivienda que atraviesa el país.

A esto hay que añadir que el parque de vivienda social en España representa apenas un 1,71 % frente a la media del 9 % de la Unión Europea. Incluso considerando el parque de alquiler asequible en sentido amplio, la cifra solo alcanza el 3,5 %. 

El mercado libre dificulta el acceso a una vivienda asequible

En los últimos diez años el precio de los alquileres se ha duplicado y cada vez es mayor el esfuerzo económico que deben hacer los hogares para afrontarlo, detrayendo ese dinero de otros gastos necesarios para asegurar el derecho a un nivel de vida adecuado.

Aunque se han declarado zonas de mercado residencial tensionado en municipios de cuatro comunidades autónomas (Cataluña, Navarra, Galicia y País Vasco), lo que permite limitar los precios del alquiler, las medidas de protección contempladas en la Ley de Vivienda siguen sin ser aplicadas en la mayoría de los territorios, tres años después de su entrada en vigor.

Amnistía Internacional también muestra preocupación por la posible aprobación de las Proposiciones de Ley del Partido Popular relativas a vivienda y suelo, y a ocupación, que pretenden reducir los plazos de suspensión de los desalojos, derogar la declaración de zonas tensionadas y los límites a los precios del alquiler, eliminar las prórrogas extraordinarias de los contratos, ejecutar desalojos en 24 horas sin garantías de protección de derechos humanos, aun en los casos que afecten a personas en situación de vulnerabilidad, y la prohibición o baja del padrón municipal a las personas que ocupen ilegalmente.

Y es que, según los últimos datos, en 2025 se produjeron 24.540 desalojos en España. Aunque eso significa un 11 % menos que en 2024 (27.564), no podemos olvidar que desde 2013 más de 600.000 hogares han sido desalojados, según datos del Consejo General del Poder Judicial. El 75 % de los desalojos de 2025 fueron en la categoría de alquiler.

Ante esto, las organizaciones de vivienda han llamado a la movilización para exigir en las calles, y de manera urgente, medidas a todos los niveles de la administración que sean soluciones reales al problema de la vivienda.

Las autoridades tienen la obligación de garantizar el derecho a la vivienda, protegido por el derecho internacional y por nuestra Constitución, y las medidas para su consecución no pueden retrasarse más.

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