Por Ángel Gonzalo

Multas de hasta 60.000 euros, detenciones, procesos penales y uso de porras o gas pimienta. Amnistía Internacional ha documentado vulneraciones del derecho a la protesta en movilizaciones en solidaridad con la población palestina.

Una bandera palestina. Un paraguas con los colores rojo, verde, blanco y negro. Consignas de apoyo a la población de Gaza. Nada de ello debería ser extraordinario en una protesta pacífica. Sin embargo, durante la reciente Copa Mundial de Escalada celebrada en Alcobendas (Madrid), entre el 28 y el 31 de mayo, estas acciones bastaron para que activistas fueran identificados por la Policía Nacional y amenazados con posibles sanciones.

Un equipo de observación de Amnistía Internacional desplegado en el evento comprobó cómo agentes policiales advertían a personas que participaban en protestas contra la presencia del equipo israelí. También se impidió el uso de paraguas porque mostraban los colores de la bandera palestina. Algunos activistas denunciaron haber
sido increpados e incluso agredidos por asistentes al evento.

No es un hecho aislado. Forma parte de una tendencia que Amnistía Internacional viene documentando desde octubre de 2023. En este periodo hemos registrado, al menos, 95 casos de vulneraciones del derecho a la protesta en movilizaciones de solidaridad con la población palestina. Detrás de esa cifra hay multas, detenciones, investigaciones penales y actuaciones policiales que son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.

Uso de la legislación deportiva

Las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, reunión y manifestación no son nuevas en España. Sin embargo, Amnistía Internacional alerta de una práctica cada vez más frecuente: utilizar la legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte para sancionar protestas pacíficas.

El ejemplo más significativo se produjo con motivo de las protestas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta Ciclista a España de 2025. Algunas personas desplegaron pancartas, otras se sentaron en la carretera y algunas intentaron detener temporalmente el paso de la carrera.

La respuesta fue contundente. Al menos 30 personas fueron detenidas y 108 se enfrentan a expedientes sancionadores. De ellos, 91 están basados en la legislación deportiva. Las sanciones ya impuestas incluyen 27 multas de 300 euros en Ponferrada, cinco de 3.000 euros y una de 60.000 euros en Pontevedra.

Amnistía Internacional recuerda que acciones como ocupar una vía o interrumpir una actividad de manera temporal pueden formar parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta y no constituyen violencia por sí mismas.

La vía penal

Durante la Vuelta Ciclista varias personas fueron detenidas e investigadas por delitos como desórdenes públicos o atentado contra la autoridad.

En Valladolid, cuatro activistas se enfrentan a un procedimiento penal por haber invadido el recorrido de la carrera. La Fiscalía solicita penas que alcanzan los dos años de prisión.

Este mismo patrón se observa en otros ámbitos. Por ejemplo, un estudiante que participó en un encierro pacífico en la Universidad de Sevilla para reclamar la ruptura de vínculos académicos con instituciones israelíes, se enfrenta a una petición de dos años de cárcel.

Porras, gas pimienta y proyectiles de foam

Durante la última etapa de la Vuelta Ciclista en Madrid, en septiembre de 2025, observadores de Amnistía Internacional registraron golpes con porras contra manifestantes y profesionales de la información, así como el uso de espray pimienta para dispersar concentraciones pacíficas.

En Barcelona, durante una sentada pacífica para impedir el paso del autobús del equipo israelí de baloncesto Hapoel Jerusalem, varias personas fueron rociadas con espray irritante mientras permanecían sentadas en el suelo. Ese mismo día, un fotoperiodista que iba identificado recibió el impacto de un proyectil de foam.

Todas estas actuaciones tienen un efecto claro: disuadir la protesta.

Anterior | Siguiente