Ante la próxima reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior en Luxemburgo y la visita que realizará mañana el presidente Barroso a Lampedusa, Amnistía Internacional pide a la Unión Europea (UE) y a los gobiernos europeos que adopten medidas enérgicas para evitar más muertes en el mar Mediterráneo y proteger los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas. La reciente tragedia del naufragio de una embarcación frente a las costas de Lampedusa vuelve a poner de relieve la necesidad de un cambio fundamental en las políticas migratorias de Europa. Los Estados han eludido sistemáticamente situar los derechos de personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo en el centro de sus políticas. Se han dedicado cada vez más recursos al control policial de las fronteras de la Unión Europea, en vez de a salvar vidas y proteger a las personas. La UE y los países europeos deben revisar la manera de hacer frente a los desafíos que representan las corrientes migratorias, a fin de incorporar un análisis de cómo afectan a los derechos humanos las políticas actuales para combatir la migración irregular. Los conflictos, los abusos contra los derechos humanos, la inestabilidad política y las grandes desigualdades son factores clave que llevan a la población a huir o a emigrar desde todas las regiones del mundo. Las restrictivas políticas migratorias que se centran exclusivamente en impedir su entrada en Europa no evitan que la gente intente llegar al continente. Sólo sirven para que esas personas se vean obligadas a tomar rutas más arriesgadas y estén cada vez más a merced de quienes se dedican a la trata y el tráfico ilícito de personas. Es hora de que los gobiernos europeos y de la Unión Europea reconozcan su responsabilidad. Amnistía Internacional pide a los gobiernos europeos y de la Unión Europea y que adopten medidas inmediatas en estas tres áreas: 1. Operaciones en el mar coordinadas por Frontex
La Unión Europea está negociando actualmente las normas de las operaciones de interceptación en el mar de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (Frontex). Con ellas pretende reforzar las obligaciones en materia de búsqueda y rescate en las operaciones coordinadas por Frontex, así como las garantías que protegen a migrantes y solicitantes de asilo interceptados en el mar en el curso de esas operaciones. Los Estados deben acordar sin demora las nuevas normas de interceptación para las operaciones en el mar coordinadas por Frontex a fin de lograr unas medidas de rescate efectivo y coordinado en el ámbito de la UE y garantizar que las operaciones realizadas se atienen estrictamente a las leyes y normas internacionales pertinentes sobre derechos humanos y refugiados, y a las obligaciones que establece el Derecho del Mar. 2. Cooperación con terceros países en el control de la migración
La Unión Europea y los países europeos están cooperando con terceros países en materia de control migratorio, pero miran hacia otro lado ante los abusos contra los derechos humanos de las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo en esos países. Por ejemplo, a pesar de que existen pruebas bien documentadas de abusos contra refugiados, migrantes y solicitantes de asilo en Libia, la UE y países europeos como Italia están colaborando con Libia para frenar la afluencia de migrantes a Europa. Amnistía Internacional ha pedido insistentemente a la UE y los países europeos que no cooperen con Libia en materia de control migratorio hasta que haya demostrado que respeta los derechos humanos de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, lo que incluye el establecimiento de un sistema satisfactorio para evaluar las solicitudes de asilo. En términos generales, los derechos humanos deben ser la piedra angular de toda cooperación con terceros países en materia de control migratorio; los acuerdos adoptados serán transparentes, consagrarán medidas de protección adecuadas y respetarán plenamente los derechos de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo. 3. Solidaridad internacional
Deben establecerse rutas seguras a Europa a través del reasentamiento, los programas de acogida humanitaria y la eliminación de las restricciones en la obtención de visado para los refugiados. La UE no está asumiendo su parte de responsabilidad sobre los refugiados del mundo; la cantidad que está admitiendo Europa debería estar muy por encima del número del que dan cuenta los endebles programas actuales de reasentamiento de actuales refugiados. Es necesario un gran esfuerzo para reasentar a miles de refugiados; no se trata de meras cifras.
Con respecto a Italia, sus autoridades deben garantizar el traslado inmediato de personas de Lampedusa a territorio continental italiano, y asimismo que todas las instalaciones de acogida disponibles están operativas y debidamente equipadas para ofrecer asistencia a migrantes y solicitantes de asilo, con especial atención a grupos vulnerables, como mujeres y niñas en situación de riesgo, sobrevivientes de violencia o tortura y refugiados de avanzada edad. Todo el que llegue a las costas italianas debe ser atendido en centros de régimen abierto y tener acceso a unos procedimientos de asilo justos y efectivos. Es preciso adoptar medidas de protección que garanticen que, de conformidad con el derecho internacional de derechos humanos y sobre refugiados, no se llevan a cabo expulsiones colectivas de personas desde territorio italiano antes de que éstas tengan la oportunidad de impugnar individualmente su expulsión, si lo desean. Amnistía Internacional pide también a las autoridades italianas que deroguen la legislación que tipifica como delito la entrada o estancia irregular en territorio italiano y mejoren su capacidad de búsqueda y rescate. Más aún, tales debates sobre los cambios necesarios en las políticas migratorias europeas deben ser parte integrante del trabajo de la Unión Europea para fortalecer los derechos humanos y el Estado de derecho en todo su territorio.
