Se ratifica un tratado clave de la ONU destinado a abolir la pena de muerte

Benín dio ayer otro importante paso hacia la abolición de la pena de muerte al adherirse a un tratado internacional que prohíbe la pena capital. Con Benín son 75 los Estados del mundo que se han incorporado al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de1989, destinado a abolir la pena de muerte. La ratificación del Segundo Protocolo Facultativo por el gobierno de Benín es otro paso vital hacia delante, y Benín debe darle seguimiento implementando de inmediato leyes que eliminen totalmente la pena de muerte de sus códigos.Con esta medida que lo aleja de la pena de muerte, Benín establece el nivel al que deben llegar los demás países de la región. Amnistía Internacional ha hecho amplias campañas por la abolición de la pena de muerte en Benín. Al adherirse al Protocolo, Benín se compromete a no ejecutar a nadie y a adoptar todas las medidas necesarias para abolir la pena capital en su jurisdicción. La pena de muerte sigue siendo parte de la legislación de Benín hasta que la Asamblea Nacional de este país elimine de las leyes nacionales las disposiciones que la mantienen. Aunque el Código Penal de Benín aún prevé la imposición de la pena de muerte por diversos delitos, las autoridades del país no han ejecutado a nadie desde hace casi 25 años. Según los datos de que dispone Amnistía Internacional, las últimas ejecuciones de Benín se realizaron en septiembre de 1987, cuando fueron fusiladas dos personas condenadas a muerte por asesinato ritual. En 1986, fueron fusiladas seis personas declaradas culpables de robo a mano armada y asesinato. La última pena de muerte se impuso en 2010 a una mujer condenada en ausencia por asesinato. Al finalizar 2011, había en las prisiones de Benín al menos 14 personas condenadas a muerte. Con esta medida, Benín se une a otros países que avanzan hacia la abolición de la pena de muerte en África. Hasta la fecha, 16 países de este continente han abolido la pena capital para todos los delitos, tres de ellos —Burundi, Togo y Gabón— en los tres últimos años. Amnistía Internacional considera a otros 22 países, Benín entre ellos, abolicionistas en la práctica. Esto significa que en la región de África, al igual que en el ámbito global, más de dos terceras partes de los países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Según informes, en Ghana, el gobierno ha aceptado la recomendación de la Comisión de Revisión de la Constitución de abolir la pena de muerte en la nueva Constitución. En septiembre de 2011, Sierra Leona aceptó la recomendación de la ONU de ratificar el Segundo Protocolo Facultativo, y tras una serie de conmutaciones, ya no queda ningún condenado a muerte en ese país. En Burkina Faso y Malí están aún pendientes de un debate completo los proyectos de ley existentes destinados a abolir la pena de muerte. En marzo de este año, Mongolia ya se adhirió al Segundo Protocolo Facultativo, y Tayikistán apoyó las recomendaciones formuladas en la ONU a tal efecto. A pesar de estos importantes avances, sigue quedando trabajo por hacer para abolir la pena de muerte en todo el mundo. En 2011, hubo ejecuciones en 21 países y en 63 se impusieron nuevas condenas a muerte. Entre los métodos de ejecución empleados figuraron la decapitación, la horca, la inyección letal y el fusilamiento. Los países que aún realizan ejecuciones están cada vez más aislados en su batalla contra el cambio de tendencia de la opinión pública mundial y de la práctica legal sobre la pena de muerte. Todos los países que aún conservan la pena capital deben establecer de inmediato una moratoria, tal como ha pedido la ONU, y unirse a la tendencia internacional contra este castigo cruel e inhumano por excelencia.