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Menores que se desplazan por la noche de sus hogares por temor a ser secuestrados

Cuando la comunidad internacional se dispone a celebrar el Día Universal del Niño el 20 de noviembre, se calcula que unos 30.000 menores ugandeses –denominados “viajeros nocturnos”– caminan en silencio en la oscuridad cada noche. En estado de alerta, huyen de sus hogares en busca de un lugar relativamente seguro en una zona urbana o en el centro de extensos campos para personas desplazadas internamente; por la mañana regresan a casa y repiten la excursión de nuevo cuando cae la noche. Algunos recorren varios kilómetros sin la protección de familiares adultos. Muchos acaban durmiendo en iglesias, recintos hospitalarios o galerías comerciales. Otros consiguen llegar a centros dirigidos por organizaciones no gubernamentales (ONG), donde se les proporciona un lugar aseado para dormir, agua limpia y asistencia médica básica. Todos están expuestos a sufrir acoso, malos tratos, explotación sexual y violación por el camino. Los menores proceden de distritos del norte de Uganda afectados por el conflicto, como Gulu, Pader y Kitgum, donde la guerra hace estragos desde hace casi dos decenios. Al carecer por completo de seguridad en sus propios hogares, cada noche asumen estos riesgos con tal de eludir el peligro de ser secuestrados por miembros de la oposición armada, el Ejército de Resistencia del Señor.  “Los temores de estos ‘viajeros nocturnos’ menores de edad están justificados –afirma  Kolawole Olaniyan, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional–. Los niños se llevan la peor parte de la violencia incesante en el norte de Uganda. Si son secuestrados por el Ejército de Resistencia del Señor, corren el peligro de verse obligados a ejercer como esclavos sexuales e incluso a tener que asesinar a sus propios padres.” No menos de 25.000 menores han sido secuestrados por el Ejército de Resistencia del Señor para ser utilizados como soldados, esclavos sexuales y porteadores desde que estalló el conflicto en 1986. De ellos, 7.500 son niñas, de las cuales un millar han concebido hijos durante su cautividad. Un número desconocido han muerto a manos de sus secuestradores. “El fenómeno de los ‘viajeros nocturnos’, aun siendo excepcional, forma parte de nuestra preocupaciones generales en materia de derechos humanos en relación con la protección de la población civil en el norte de Uganda –ha asegurado said Kolawole Olaniyan–. Continuamente recibimos informes de homicidios, mutilaciones, secuestros, violaciones y agresiones sexuales dirigidas contra la población civil en general, y los derechos de la infancia se violan a diario." Amnistía Internacional ha instado al gobierno de Uganda a: * respetar y hacer respetar las obligaciones contraídas por Uganda en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados y aplicar sin demora las recomendaciones al gobierno de Uganda formuladas por el Comité de los Derechos del Niño; * apoyar el trabajo de los refugios para estos desplazados nocturnos y la creación de servicios de apoyo orientados a la comunidad; * elaborar y apoyar medidas en el norte de Uganda para impedir el secuestro de menores; rescatar a todos los que continúan secuestrados y rehabilitar a los que han sufrido un secuestro, así como a sus familias y comunidades; *facilitar y apoyar el trabajo de organizaciones nacionales e internacionales que proporcionan ayuda humanitaria en las zonas afectadas por el conflicto en el norte de Uganda. Información complementaria En el contexto del largo conflicto que enfrenta desde hace casi dos decenios al Ejército de Resistencia del Señor con las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda, tanto el Estado como agentes estatales y no estatales han cometido graves abusos contra los derechos humanos: reclutamiento de niños soldados, desplazamientos en gran escala, secuestros, ataques indiscriminados a civiles, violaciones y otras formas de violencia sexual. Uganda ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados en 2002.

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