Los derechos humanos no pueden esperar
- No hay avances en derechos humanos desde el anuncio del “alto el fuego permanente” de ETA
El 22 de marzo de 2006, ETA anunció un alto el fuego permanente, afirmando que el objetivo de esta decisión era "impulsar un proceso democrático en Euskal Herria [...] en el que sean reconocidos los derechos que como Pueblo nos corresponden". La declaración llegó 10 meses después de que el Congreso de los diputados autorizara al gobierno a abrir vías de diálogo con ETA si ésta "abandonaba la violencia". ETA ha sido responsable de la muerte de más de 800 personas, incluidos policías y militares, durante su campaña de casi cuatro décadas por la independencia. Aunque el grupo lleva más de tres años sin cometer ningún atentado con víctimas mortales, a consecuencia del clima de violencia, durante 2006 Amnistía Internacional ha recibido informes de abusos contra los derechos humanos, incluidos hostigamiento, amenazas, extorsión económica y otros actos de violencia o intimidación. Amnistía Internacional ha condenado siempre sin reservas los abusos contra los derechos humanos cometidos por ETA y ha negado categóricamente todo argumento u objetivo que trate de justificar abusos graves contra derechos humanos fundamentales. Además, la organización ha pedido sistemáticamente a ETA que acabe de forma definitiva e inmediata con su campaña de homicidios de civiles, secuestros, tomas de rehenes y otros abusos contra los derechos humanos. Durante décadas, Amnistía Internacional ha documentado graves violaciones de derechos humanos en España, como homicidios ilegítimos, denuncias de ejecuciones extrajudiciales de personas consideradas miembros de ETA por integrantes del grupo ilegal denominado Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), y la connivencia de agentes del Estado, así como otras violaciones de derechos humanos, como torturas y otros malos tratos. Amnistía Internacional ha planteado sistemáticamente a España, entre otras preocupaciones de derechos humanos, que ponga fin a la detención en régimen de incomunicación y se asegure que los responsables de actos de tortura y malos tratos sean puestos a disposición judicial.
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