Hoy se reúnen en Bahréin autoridades de la UE y de los Estados del Golfo para celebrar su reunión ministerial anual, a pocos kilómetros de distancia de una cárcel en la que hay presos de conciencia, entre ellos destacados dirigentes de oposición y activistas de derechos humanos.
Amnistía Internacional teme que la jefa de la política exterior de la UE, Catherine Ashton, y los ministros de Exteriores de la Unión Europea no aprovechen plenamente la oportunidad para plantear la situación de los derechos humanos en Bahréin o pedir públicamente que todos los presos de conciencia sean puestos en libertad de inmediato.
Aunque la UE se comprometió a continuar “apoyando con dedicación a los abogados de la libertad, la democracia y los derechos humanos de todo el mundo” y a plantear sus motivos de preocupación en materia de derechos humanos en todas las reuniones bilaterales, la cuestión de las violaciones de derechos humanos ni está en la agenda de esta reunión ministerial con el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico ni se ha planteado adecuadamente en las declaraciones de la UE.
“Bahréin está inmerso en una crisis de derechos humanos: la oposición está encarcelada, las protestas se reprimen, reina la tortura y la impunidad es galopante. Y a pesar de ello, las autoridades bahreiníes prefieren dedicar sus esfuerzos a las relaciones públicas en lugar de abordar su pésimo historial de derechos humanos”, ha dicho Nicolas Beger, director de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.
"Sería una bofetada para muchos bahreiníes que las autoridades de la UE visitaran Bahréin y no pidieran públicamente la excarcelación de los presos de conciencia. Tras la reciente visita a Bahréin del representante especial de la UE para los derechos humanos, la UE no debe seguir como si no hubiera pasado nada, sino aprovechar esta oportunidad para presionar a Bahréin sobre su historial de derechos humanos.”
Al menos 20 presos de conciencia están encarcelados en Bahréin dos años después de las protestas pacíficas contra el gobierno de 2011, que fueron brutalmente reprimidas. Entre ellos figuran 13 destacados dirigentes de la oposición, tales como Shaikh Hassan Meshaima’, Shaikh Abdelwahab Hussain, Abdeljalil al-Singace, Abdulhadi Al-Khawaja, Ebrahim Sharif y Mahdi Abu Deeb, así como el conocido defensor de los derechos humanos Nabeel Rajab. Algunos cumplen cadena perpetua únicamente por liderar o convocar protestas pacíficas contra el gobierno, en ocasiones a través de las redes sociales.
Muchos de estos presos de conciencia fueron presuntamente torturados en las primeras semanas de detención. A algunos se les ha negado la atención médica adecuada y las visitas de sus familiares y abogados porque se niegan a vestir los uniformes de la cárcel, pues consideran que hacerlo equivaldría a admitir su culpabilidad.
En Bahréin se juzga como a adultos a menores, incluso niños de 15 años, y se les encarcela en prisiones para adultos, violando la obligación del país de tratar a todos los menores acusados de algún delito según las normas y principios de la justicia de menores. También han sido encarceladas mujeres. Zainab al-Khawaja, hija del destacado activista Abdulhadi Al-Khawaja, estará en la cárcel como mínimo hasta febrero de 2014 por sus actividades pacíficas en contra del gobierno.
En Bahréin, las violaciones de derechos humanos casi siempre se han dejado sin castigo y prevalece la impunidad. De 96 presuntas investigaciones oficiales sobre torturas y muertes de manifestantes y detenidos en torno a las fechas de las protestas de 2011, 46 casos se han desestimado por falta de pruebas o porque se ha considerado que la muerte se produjo a causa de “un acto de legítima defensa”.
Ningún alto funcionario de seguridad o alto mando del ejército bahreiní ha sido puesto a disposición judicial. Sólo han sido juzgados unos cuantos funcionarios de seguridad de bajo nivel, la mayoría de origen extranjero con nacionalidad bahreiní. A casi todos ellos se les han impuesto condenas muy leves y están en libertad mientras se ven sus recursos de apelación.
El gobierno afirma con frecuencia que el país “sigue abordando grandes reformas”. A finales de abril, Bahréin canceló por segunda vez la visita prevista del relator especial de la ONU sobre la tortura. El ministro de Derechos Humanos de Bahréin justificó esta decisión afirmando que la visita podría tener efectos negativos sobre el actual diálogo político. En el último periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 43 Estados criticaron las violaciones de derechos humanos que se cometen actualmente en el país del Golfo.
