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Irán debe poner fin a las detenciones en serie de abogados

Javid Houtan Kiyan, abogado iraní. © Particular
Londres.- Amnistía Internacional ha pedido hoy la liberación inmediata de tres abogadasiraníes detenidas el sábado 13 de noviembre.

Maryam Kiyan Ersi, Maryam Karbasi y Sara Sabaghian fueron detenidas el sábado a su regreso de Turquía, y ahora se enfrentan a cargos relativos a la seguridad y a cargos de “violación de las normas de la decencia fuera de Irán”.

Se cree que Sara Sabaghian era la única que aún permanecía en libertad de las abogadas de Sakineh Mohammadi Ashtiani, una mujer cuya condena a lapidación por adulterio está siendo revisada por el Tribunal Supremo iraní.

El fiscal de Teherán, Ja’fari Dowlatabadi, confirmó, según los informes, que las abogadas, junto con otros dos abogados, cuyos nombres no se han facilitado pero que se cree que son Rosa Gharachaloo y Mohammad Hossein Naiyri, fueron detenidas el sábado 13 de noviembre.

En una carta enviada el 15 de noviembre de 2010 al ayatolá Sadegh Larijani, presidente del poder judicial iraní, Amnistía Internacional pidió que las tres mujeres y sus dos colegas sean puestos en libertad de manera inmediata e incondicional si se encuentran detenidos exclusivamente por su trabajo de abogacía o por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y reunión.

En su carta, Amnistía Internacional manifestaba su preocupación por la posibilidad de que los cinco detenidos sean presos de conciencia.

Entre los clientes de una de las abogadas, Sara Sabaghian, se encuentran Sakineh Mohammadi Ashtiani, que puede ser ejecutada por lapidación, y el bloguero Hossein Ronaghi-Maleki, que cumple una condena de 15 años de prisión. Sara Sabaghian había sido detenida anteriormente junto con otros abogados el 8 de julio de 2009, y es miembro del Comité para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y la Infancia, del Colegio de Abogados iraní.

Maryam Kiyan Ersi forma parte del grupo de abogados que representaba a Kobra Najjar, una mujer condenada a muerte por lapidación cuya condena se conmutó por 100 azotes en enero de 2009.

Las tres abogadas también habían captado apoyos en abril contra un proyecto de ley que facilitaría aún más la poligamia para los hombres.

Amnistía Internacional teme que, más de un año después de los disturbios que estallaron tras las elecciones presidenciales del 12 de junio de 2009 y sus controvertidos resultados, la represión ejercida en Irán contra la disidencia en general y contra los abogados en particular no esté haciendo más que aumentar, y considera que las oleadas de detenciones arbitrarias de abogados sugieren que el poder judicial ha dado carta blanca a las fuerzas de seguridad para que detengan a cualquier abogado cuyo trabajo o cuyas declaraciones constituyan un estorbo.

La detención de estos cinco abogados forma parte del arraigado patrón de represión contra los profesionales del derecho y de la creciente marginación del Colegio de Abogados iraní surgida durante la presidencia de Mahmud Ahmadineyad. Además, constituye una más del conjunto de medidas destinadas a impedir a la población de Irán –especialmente a quienes critican a las autoridades– el acceso a asistencia letrada adecuada y competente: un derecho fundamental y una importante garantía de juicio justo.

En 2008, Mohammad Dadkhah, el Dr. Hadi Esmailzadeh, Fatemeh Gheyrat y Abdolfattah Soltani – destacados abogados y cofundadores del ahora proscrito Centro para los Defensores de los Derechos Humanos– fueron considerados no aptos para presentarse a la Junta Central del Colegio de Abogados a causa de sus actividades de defensa de los derechos humanos.

En junio de 2009, menos de una semana después de las controvertidas elecciones presidenciales, se adoptó un nuevo reglamento de la ley de 1955 que establece la independencia del Colegio de Abogados iraní; este reglamento otorgaba a la judicatura poder para aprobar la pertenencia de los abogados al Colegio y las solicitudes de licencia de los abogados, minando así la independencia del Colegio. Tras la oposición del Colegio y de abogados individuales, en julio de 2009 se informó de que se había suspendido la aplicación del reglamento durante seis meses. Se cree que la suspensión continúa en vigor, pero el reglamento podría aplicarse en cualquier momento.

También en junio de 2009, justo antes de las elecciones, la Premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, directora del Centro para los Defensores de los Derechos Humanos, abandonó Irán, ante el temor por su seguridad. El 16 de junio de 2009, Abdolfattah Soltani (véase supra) fue detenido, y permaneció recluido hasta agosto de 2009. En julio de ese mismo año, Mohammad Ali Dadkhah fue detenido brevemente, junto con Sara Sabaghian.

Shadi Sadr abandonó el país tras haber permanecido detenida durante 11 días en julio de 2009. Esta activista de los derechos de las mujeres se había hecho cargo de casos de mujeres que se enfrentaban a la muerte por lapidación.

En mayo de 2010, Mohammad Oliyaeifard, abogado y miembro de la junta directiva de la organización de derechos humanos Comité para la Defensa de los Presos Políticos en Irán, empezó a cumplir una condena de un año de prisión impuesta por criticar, en entrevistas con medios de comunicación internacionales, la ejecución de uno de sus clientes, un menor. Su cliente, Behnoud Shojaee, había sido ahorcado por asesinato cuando tenía 17 años. Mohammad Olyaeifard ha defendido a muchos presos de conciencia, incluidos sindicalistas independientes, y a menores. Su abogada es Nasrin Sotoudeh.

En julio de 2010 se dictó una orden de detención contra Mohammad Mostafaei, abogado que ha trabajado en casos de menores y mujeres, y después de eso su esposa fue detenida y abandonó el país.

El 4 de septiembre de 2010, Nasrin Sotoudeh fue detenida tras presentarse en cumplimiento de una citación judicial. Esta abogada, madre de dos hijos de corta edad, ha defendido a muchos activistas destacados de derechos humanos y activistas políticos, entre ellos el periodista Isa Saharkhiz y Heshmatollah Tabarzadi, dirigente del proscrito Frente Democrático de Irán. El primero fue condenado y el segundo juzgado tras la detención de Nasrin Sotoudeh. Nasrin Sotoudeh también ha representado a menores que se enfrentaban a la pena de muerte, y está actuando de abogada para Shirin Ebadi en varios casos. Se le ha denegado el contacto regular tanto con su familia como con su abogado. Inició una huelga de hambre para llamar la atención hacia su situación, y la concluyó en la primera sesión de su juicio, el 15 de noviembre. Se enfrentaba a cargos vagamente formulados de “actos contra la seguridad nacional”, “asociación y colusión para alterar la seguridad nacional” y “cooperación con [un órgano de derechos humanos] el Centro para los Defensores de los Derechos Humanos”. Se teme que pueda haber sido torturada bajo custodia.

Nasim Ghanavi, el primer abogado de Nasrin Sotoudeh ha sido advertido de que no hable públicamente de la situación de su cliente.

Mohammad Seyfzadeh fue condenado a finales de octubre a nueve años de prisión y a una inhabilitación profesional de 10 años –pese a que sólo el Tribunal Disciplinario para Abogados puede imponer dicha inhabilitación– por “formar una asociación […] cuyo objetivo es dañar la seguridad nacional” y “pertenecer a una asociación cuyo objetivo es dañar la seguridad nacional” en relación con el Centro para los Defensores de los Derechos Humanos. En 2009 le prohibieron abandonar el país, igual que al Dr. Hadi Esmailzadeh, otro miembro del Centro para los Defensores de los Derechos Humanos.

El abogado Javid Houtan Kiyan, que representa a Sakineh Mohammadi Ashtiani, fue detenido el 10 de octubre. El 15 de noviembre fue obligado a aparecer, parcialmente pixelado, en un programa de televisión con el fin de menoscabar su posición como abogado.

El 15 de noviembre, dirigiéndose al Colegio de Abogados, el ayatolá Sadegh Larijani, presidente del poder judicial iraní, dijo, entre otras cosas, que las declaraciones y entrevistas de algunos abogados a medios de comunicación extranjeros respecto a acciones judiciales son un insulto a la comunidad de abogados. El poder judicial quiere que los abogados se abstengan de comentar los casos, y frecuentemente presenta cargos contra los abogados que lo hacen.

Las autoridades también han recurrido a otros métodos para impedir a los abogados que practiquen su profesión libremente. Entre las medidas utilizadas se encuentran investigaciones fiscales no justificadas con las que las autoridades congelan las cuentas bancarias y otros bienes financieros de los abogados, y que pueden conducir a su expulsión del Colegio de Abogados.

Al relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados no se le ha permitido visitar el país, pese a la invitación permanente cursada por Irán en 2002 a todos los mecanismos de derechos humanos de la ONU. Desde agosto de 2005 no se ha permitido que ningún experto de la ONU en derechos humanos visite el país. En la actualidad, ocho procedimientos tienen solicitudes pendientes de visita a Irán, a las que las autoridades iraníes aún no han dado el visto bueno.

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