Falta verdad y justicia en el Proyecto de Ley sobre víctimas del franquismo y la guerra civil

Madrid.- Ante las negociaciones entre el Gobierno y los grupos parlamentarios que tendrán lugar en este mes de julio de cara al próximo debate parlamentario del Proyecto de Ley de “derechos de las víctimas de la guerra civil y del franquismo”, Amnistía Internacional recuerda que se trata de una importante oportunidad para dar respuesta, en consonancia con el derecho internacional, a los derechos de estas víctimas.  Por ello, la organización ha hecho llegar al Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, quien lidera las negociaciones por parte del Gobierno, y a los portavoces de los grupos parlamentarios, enmiendas concretas para garantizar el derecho a la verdad y a la justicia en el Proyecto de Ley.

Un acuerdo insuficiente
El acuerdo alcanzado entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el pasado mes de abril, que supone cambios en los artículos 1 al 4 del Proyecto de Ley, así como la supresión de los artículos 5 al 7,aporta algunas mejoras para dar respuesta a los derechos de las víctimas del franquismo y la guerra civil. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que el proyecto de Ley no ha mejorado en forma sustancial.

“Tal como se plantea actualmente el texto, ni habrá verdad sobre violaciones y abusos de derechos humanos, ni se garantizará el acceso a la justicia de quienes quieran ver reconocidos sus derechos como víctimas de conformidad al derecho internacional. Deben incluirse cauces explícitos en el proyecto de Ley para acceder de forma individual a la justicia”, declaró Virginia Álvarez, Responsable de Política Interior de Amnistía Internacional en España. “En las modificaciones que se han introducido en el proyecto de Ley no se ha tomado en cuenta la experiencia ensayada en otros países a la hora de abordar los abusos graves contra los derechos humanos y contra el derecho internacional cometidos en el pasado, a pesar del gran número de ejemplos disponibles”.

Entre las modificaciones que se consideran positivas está la inclusión en el Objeto de la Ley “facilitar el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecido durante la Guerra civil y la Dictadura” así como asegurar “la preservación de los documentos relacionados con ese período histórico”. También la declaración de ilegitimidad de instancias como el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, los Tribunales de Responsabilidades Políticas, el Tribunal de Orden Público, así como todos los Consejos de Guerra realizados por motivos ideológicos o políticos. En base a dicha ilegitimidad, se reconoce el derecho individual a solicitar una Declaración de reparación y reconocimiento personal indicando expresamente que ese derecho es plenamente compatible “con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar ante los tribunales de justicia.”

Es importante también señalar que el texto acordado elimina uno de los dos mecanismos de impunidad identificados por Amnistía Internacional en el Proyecto de Ley original, en concreto el párrafo que establecía que “La Declaración omitirá toda referencia a la identidad de cuantas personas hubiesen intervenido en los hechos o en las actuaciones jurídicas que dieron lugar a las sanciones o condenas.” El acuerdo alcanzado incluye también, al parecer, el compromiso de eliminar el otro mecanismo de impunidad que hubiera hecho del texto, en opinión de Amnistía Internacional, algo parecido a una “ley de punto final” y que suponía también la eliminación de la identidad de los presuntos autores de crímenes cometidos durante la guerra civil y el régimen franquista en el acceso a documentación de los archivos por parte de las víctimas y sus herederos.

Falta verdad y justicia
Amnistía Internacional hace un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para acordar, durante las negociaciones que tendrán lugar antes del próximo periodo de sesiones parlamentarias, modificaciones al Proyecto de Ley que garanticen el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. “Aún se está a tiempo de saldar la deuda pendiente. De lo contrario se habrá perdido la oportunidad y, además, estaremos ante un mal antecedente para otros países que se enfrenten a procesos similares”, añadió Álvarez.

Respecto al derecho a la verdad, la organización  propone la creación de un órgano oficial temporal de investigación no judicial de los crímenes de la guerra civil y del régimen franquista, con el mandato de contribuir al esclarecimiento de la verdad pública y a la recuperación de la memoria colectiva y sin afectar ni sustituir el derecho individual a la justicia. Entre las funciones de este órgano estaría la elaboración de un Libro Blanco que establezca la verdad sobre las violaciones y abusos de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo, la naturaleza y calificación en términos de derecho internacional de los mismos, así como recomendaciones para la dignificación de las víctimas y el conocimiento público de la verdad establecida. También reuniría y recibiría información sobre casos concretos de abusos graves contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario durante la guerra civil y el régimen franquista.

Sobre el derecho a la justicia, Amnistía Internacional  propone el establecimiento en el propio Proyecto de Ley de un recurso extraordinario para la revisión de las sentencias y obtención de la nulidad de las condenas impuestas como resultado de juicios injustos motivados por persecución ideológica o política. Así, el órgano oficial temporal citado anteriormente o la Fiscalía tramitarían ante el Tribunal Supremo el recurso extraordinario para la anulación de sentencias en casos individuales, sea ex officio o a solicitud de los interesados.

Información Adicional
En noviembre de 2006 Amnistía Internacional presentó el informe “Víctimas de la guerra civil y el franquismo: No hay derecho”, en el que analizaba el Proyecto de Ley sobre víctimas del franquismo y la guerra civil. Según el informe, el texto presentado por el Gobierno ignoraba las normas internacionales de derechos humanos y eludía obligaciones internacionales que el Estado español debe cumplir en materia de derechos de las víctimas de graves abusos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El informe alertaba sobre algunas disposiciones del Proyecto de Ley que en la práctica podrían suponer una amnistía general encubierta.

El pasado mes de marzo, una delegación formada por expertos de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas se reunieron en Madrid con representantes del Gobierno y de los Grupos Parlamentarios para exponer y debatir sus preocupaciones sobre el Proyecto de Ley. Los representantes de las tres organizaciones coincidieron en señalar que el texto presentado por el Gobierno era, en su redacción original, inaceptable, ya que no garantizaba, y en algún caso obstaculizaba, los derechos fundamentales de las víctimas. Asimismo, hicieron un llamamiento al Congreso de los Diputados para que el Proyecto de Ley fuera sustancialmente modificado durante su tramitación.