Londres.- La amnistía general decretada por el presidente egipcio Morsi, que beneficia a las personas detenidas o juzgadas por participar en las protestas habidas desde la rebelión de enero de 2011 es positiva, ha declarado Amnistía Internacional, pero no prevé un juicio justo para otros 1.100 civiles encarcelados tras juicios injustos ante tribunales militares.
“La igualdad ante la ley significa que todos los egipcios tienen el derecho a un juicio justo con independencia de la naturaleza de las acusaciones”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“No se pueden usar los tribunales militares para juzgar a civiles, y las personas encarceladas tras juicios militares deben ser juzgadas de nuevo ante un tribunal ordinario o ser puestas en libertad.”
El decreto de amnistía general, que beneficia a todas las personas detenidas o juzgadas ante tribunales civiles o militares por “apoyar la revolución”, principalmente en las protestas realizadas entre el 25 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2012, fecha en que el nuevo presidente tomó posesión de su cargo, fue anunciado el 8 de octubre, para conmemorar los 100 primeros días de Morsi en la presidencia.
La amnistía general se aplicará a los manifestantes procesados por tribunales penales en relación con las protestas violentas celebradas cerca de la plaza de Tahrir en noviembre de 2011 y las protestas ante la sede del Consejo de Ministros de diciembre de 2011, así como a los enjuiciados por tribunales militares tras las protestas de Abbaseya, delante del Ministerio del Defensa, de mayo de 2012.
Sin embargo, se sigue violando el derecho a un juicio justo de alrededor de 1.100 civiles, según las últimas cifras oficiales, que fueron declarados culpables de delitos no relacionados con la rebelión, como asesinato, violación, robo, malversación y uso de la fuerza mediante armas, en juicios injustos celebrados ante tribunales militares.
Según las cifras oficiales, los tribunales militares juzgaron a unos 12.000 civiles desde la rebelión hasta agosto de 2011. Hasta junio de 2012 juzgaron a otro número desconocido de civiles por cargos como “matonismo”, posesión de armas, daños a la propiedad y “violación del toque de queda”, entre otros delitos.
La Fiscalía y la Fiscalía Militar harán pública la lista de los beneficiados por la amnistía general en el plazo de un mes desde que se promulgó el decreto, y se prevé que esta lista incluya tanto a personas condenadas, como a personas sometidas a investigación o enjuiciadas (salvo por asesinato).
El presidente Morsi había establecido un comité para examinar casos de civiles juzgados injustamente por tribunales militares, y ya había ordenado la libertad de más de 700 civiles encarcelados por estos tribunales.
El decreto de amnistía general sigue una de las recomendaciones del comité que éste expuso al presidente en su informe final, en septiembre de 2012.
“Amnistía Internacional insta al presidente a que garantice que todo civil juzgado por un tribunal militar y que no se beneficie de esta amnistía sea juzgado por un tribunal civil o puesto en libertad”, añadió Hassiba Hadj Sahraoui.
“Aparte del legado de los juicios militares de civiles, y para garantizar que las medidas que se adoptan no son fragmentarias, Amnistía Internacional pide al presidente que establezca ya un plan integral para la reforma de los derechos humanos en el que se detallen los pasos que darán las autoridades para combatir la impunidad y responder a las demandas de derechos humanos, dignidad y justicia social de los egipcios."
“La organización pide también al presidente Morsi que adopte medidas para la rendición de cuentas, un paso fundamental para enmendar el legado de abusos que han dejado los gobiernos del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF) y de Hosni Mubarak.”
Aunque el presidente Morsi ha nombrado un comité para investigar los homicidios de manifestantes cometidos durante la rebelión y durante el gobierno del SCAF, en la práctica, las fuerzas de seguridad siguen teniendo hasta ahora casi total impunidad por las violaciones de derechos humanos que han cometido.
Amnistía Internacional considera que la lucha contra la impunidad es un requisito esencial para que Egipto emprenda el camino hacia los derechos humanos.
Según informes, los tribunales militares sólo han declarado culpables a tres soldados del “homicidio impremeditado” de manifestantes en relación con las protestas de Maspero, en las que decenas de manifestantes coptos murieron violentamente hace un año, durante el gobierno del SCAF.
En la actualidad, sólo un miembro de la policía antidisturbios está procesado por causar muertes y lesiones a manifestantes. Otros miembros de las fuerzas de seguridad han recibido penas relativamente leves por matar a manifestantes durante la rebelión.
Los tres decenios de violaciones de derechos humanos del gobierno de Hosni Mubarak siguen sin abordarse en absoluto.
La rendición de cuentas fue un mensaje clave del memorándum dirigido por la organización al presidente electo el 29 de junio, en el que le pedía que diera prioridad a los derechos humanos en sus primeros 100 días.
También es objeto de dos informes de Amnistía Internacionalpublicados el 2 de octubre.
