“Está pérdida de vidas es terrible, y las autoridades españolas deben decir la verdad sobre lo ocurrido, sobre todo teniendo en cuenta que la versión del ministro sobre los acontecimientos contradice declaraciones oficiales previas. Deben determinar con urgencia qué fue lo que falló y hacer que los responsables rindan cuentas”, ha declarado Jezerca Tigani, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.Al menos 11 migrantes se ahogaron y un grupo de 23 personas que alcanzaron la playa fueron obligadas a cruzar la frontera y volver a Marruecos sin los correspondientes procedimientos formalesEl ministro de Interior español ha admitido que la Guardia Civil entregó a 23 personas, aprehendidas en las playas de Ceuta, a las autoridades marroquíes. Afirmó que esta actuación era legal, alegando que los inmigrantes no habían llegado a territorio español. “Al margen de dónde se encontrasen, es evidente que las 23 personas estaban bajo jurisdicción española tras ser aprehendidas por los agentes de la Guardia Civil española. La actuación de los agentes españoles puede describirse como una operación de devolución forzosa informal, una práctica que consiste en obligar sumariamente a un grupo de inmigrantes a cruzar la frontera de vuelta. Las expulsiones sumarias de inmigrantes o las devoluciones forzosas informales sin darles la posibilidad de impugnar su expulsión constituyen una violación directa de las obligaciones contraídas en el ámbito internacional, de la Unión Europea y de España, y lo mismo ocurre con el rechazo de solicitantes de asilo en la frontera”, ha manifestado Jezerca Tigani. Amnistía Internacional y ONG locales han documentado diversos incidentes previos en los que parece que las autoridades españolas han deportado sumariamente a personas inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiadas desde Ceuta y Melilla, que en ambos casos comparten frontera terrestre con Marruecos. La organización no tiene constancia de que se hayan iniciado investigaciones sobre estos hechos. Según parece, un acuerdo existente entre España y Marruecos para devolver a las personas inmigrantes que llegan a territorio español está facilitando algunas de las expulsiones, lo que supone una violación de las normas internacionales de derechos humanos.
