- Detención e imposición de sanciones a activistas –como la “reeducación por el trabajo”– por solicitar reiteradamente permiso para manifestarse en las zonas de protesta.
- Continuos encarcelamientos o detenciones arbitrarias de periodistas chinos y activistas de derechos humanos que intentaban informar sobre violaciones de derechos humanos.
- Denegación de permiso a peticionarios y activistas para participar en manifestaciones pacíficas en las zonas de protesta designadas por el gobierno en parques situados en torno a Pekín. El 18 de agosto, en respuesta a las reiteradas preguntas de los medios de comunicación, las autoridades chinas dijeron haber recibido 77 solicitudes para manifestarse por parte de 149 personas, pero que 74 solicitudes habían sido “retiradas”, dos se habían “suspendido” y una se había “vetado”.
Información complementaria
- Ye Guozhu, activista del derecho a la vivienda, se encuentra bajo custodia policial después de haber cumplido una pena de cuatro años de prisión en relación con sus intentos de llamar la atención de la opinión pública sobre los presuntos desalojos forzosos realizados en Pekín debido a proyectos de construcción relacionados con las Olimpiadas. La policía afirmó que Ye Guozhu seguiría en detención hasta la conclusión de las Olimpiadas y los Juegos Paralímpicos para evitar problemas con él o su familia. El 26 de julio, la policía envió a la familia una notificación oficial de la detención según la cual Ye Guozhu estaba recluido en el centro de detención de la policía de distrito de Xuanwu como sospechoso de “congregar a una multitud para alterar el orden en un lugar público”, sin aportar más datos. Amnistía Internacional recibió informes verosímiles de que la policía lo golpeó con porras de electrochoque antes del juicio y de que en la cárcel volvió a sufrir palizas.
- A dos mujeres de avanzada edad, Wu Dianyuan (79 años) y Wang Xiuying (77), se las acusó de “alterar el orden público” y se les impuso un año de “reeducación por el trabajo” por haber solicitado manifestarse en una de las zonas oficiales de protesta. Llevaban presentando solicitudes a las autoridades desde 2001, cuando fueron desalojadas de sus casas en relación con un proyecto de desarrollo. Las autoridades de la ciudad de Pekín resolvieron que las mujeres no tendrían que cumplir ese periodo en un centro de “reeducación por el trabajo” si se “portaban bien”, pero sí se les impondrían restricciones de circulación.
