“Es también crucial que las autoridades entiendan que sus responsabilidades no se limitan al establecimiento de un mecanismo de protección. La impunidad ante amenazas, ataques y asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, continúa siendo uno de los mayores retos para la mejora de la seguridad de estos fundamentales actores sociales. En este sentido, es necesario que se comiencen a trabajar medidas concretas”, declaró Amnistía Internacional.
La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril, una vez ratificada por el Senado. Para que la ley entre en vigor es necesario que sea firmada y publicada por el Gobierno de México y, sobre todo, que se comience a trabajar en medidas concretas para su implementación.
Amnistía Internacional considera que los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de los senadores que han acordado y promovido la adopción de este nuevo marco legal es un ejemplo positivo de la participación de la sociedad civil para lograr avances importantes en materia de derechos humanos.
La organización admite que un mecanismo de protección es crucial para mejorar la situación de los defensores, defensoras y periodistas; pero también reconoce que es fundamental que haya avances por parte de las autoridades para terminar con la impunidad recurrente por estos crímenes.
