Las organizaciones firmantes han enviado una comunicación al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU para pedirle que investigue el caso de los dos titiriteros detenidos y encarcelados el pasado 6 de febrero en Madrid cuando representaban la obra satírica "La bruja y Don Cristóbal". El Magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, justificó la aplicación de prisión provisional por la supuesta comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo y un delito de incitación al odio. Una vez en prisión, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias aplicó a los dos detenidos el régimen de Ficheros de Internos de Especial Seguimiento (FIES).
Sin embargo, tal y como se expone en la comunicación presentada ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, la aplicación de la prisión provisional fue injusta y arbitraria, ya que las organizaciones consideran que no se puede acordar una medida tan excepcional, sin previamente comprobar la veracidad de los hechos denunciados, el contexto real en el que se desarrolló la obra ni la realidad de los riesgos que se pretenden evitar con la prisión.
Para las organizaciones, el riesgo de fuga y de reiteración delictiva con el que el juez justificó el ingreso en prisión no es suficiente ni tiene validez sin tener en cuenta las circunstancias personales de los detenidos, tales como su situación familiar y laboral. Tampoco se valoró la imposición de medidas alternativas menos gravosas que la prisión provisional.
Las organizaciones piden así a Naciones Unidas que investigue lo sucedido en este caso, ya que las autoridades españolas habrían incumplido la jurisprudencia constitucional y el derecho internacional, que establecen que la prisión provisional es excepcional y proporcionada según el fin que persigue. Además, la legislación nacional e internacional establece que se debe motivar toda resolución judicial que acuerde medidas restrictivas de derechos fundamentales, como el derecho a la libertad.
Las organizaciones pidieron la retirada de los cargos impuestos a los titiriteros, tras ser puestos en libertad el pasado 10 de febrero, seis días después de haber ingresado en prisión. Las entidades denuncian también ante Naciones Unidas que la ambigüedad de algunos artículos del Código Penal, como los relacionados con el terrorismo, están siendo utilizados para reprimir derechos, como los de libertad de expresión, reunión o manifestación. De hecho, varios organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos, han instado al Estado español a que defina el delito de terrorismo de manera restrictiva.
Amnistía Internacional tiene en marcha una ciberacción para exigir la retirada de los cargos contra los titiriteros puesto que la organización considera que se encontraban ejerciendo su derecho a la libertad de expresión.
