“Esto es alarmante. Grupos de la industria con muchos recursos han luchado contra la ley sobre minerales de zonas en conflicto en cada paso. Si las empresas hubieran dedicado esos recursos a investigar sus cadenas de suministro e informar de ellas, sus clientes estarían más seguros de que sus productos están limpios de conflicto.”República Democrática del Congo (RDC)
- 79 de las 100 empresas analizadas incumplían los requisitos mínimos de la ley estadounidense sobre minerales de zonas en conflicto.
- La mayoría de las empresas de la muestra no están haciendo lo suficiente para rastrear la cadena de suministro de los minerales que compran. Sólo el 16 por ciento va más allá de sus proveedores directos para contactar, o intentar contactar, con las empresas de fundición o refino que procesan los minerales.
- Más de la mitad de las empresas estudiadas ni siquiera informan a sus directivos cuando identifican un riesgo en su cadena de suministro.
- La sección 1502 exige a todas las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos afectadas por la ley que determinen si los productos que contienen determinados minerales —estaño, tungsteno, tantalio y oro— contribuyen al conflicto o a que se cometan abusos contra los derechos humanos en la RDC y países vecinos, y que informen de sus conclusiones. En total, presentaron un informe sobre minerales de zonas en conflicto ante la Comisión de Valores y Bolsa estadounidense 1.321 empresas. La segunda serie de informes sobre estos minerales deberá presentarse a principios de junio de 2015.
- El mes que viene el Parlamento Europeo votará una ley para toda la UE sobre minerales de zonas en conflicto. Amnistía Internacional y Global Witness piden que el texto final incluya la diligencia debida y la presentación de informes preceptivos para todas las empresas que introduzcan en el mercado europeo productos de estaño, tungsteno, tantalio y oro o que contengan estos minerales.
- El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia (Estados Unidos) está revisando su resolución de abril de 2014, en la que declaró inconstitucional el requisito de que las empresas expresen de sus productos que “no se ha concluido que están limpios del conflicto de la RDC”. Es fundamental que el Tribunal de Distrito actúe para garantizar que no se abusa de la libertad de expresión para frustrar la presentación de informes sobre minerales de zonas en conflicto y la transparencia de otros datos de las empresas que afectan a consumidores, inversores y defensores de los derechos humanos.
- Cuando en Digging for Transparency se hacen juicios sobre si un informe sobre minerales de zonas en conflicto reúne o no los requisitos mínimos de la legislación estadounidense sobre estos minerales, la valoración se basa en nuestra opinión como organizaciones expertas —que han investigado durante varios años cadenas de suministro, conflictos y abusos contra los derechos humanos y han ayudado a elaborar la Guía de la OCDE sobre la diligencia debida para cadenas de suministro responsables de minerales procedentes de zonas en conflicto o de alto riesgo, junto con el sector— tras un análisis detallado de estos informes frente a 12 criterios fundamentados en la norma final de la sección 1502 y en la Guía de la OCDE. El análisis contenido en este informe se basa en los informes sobre minerales de zonas en conflicto presentados por una selección de empresas ante la Comisión de Valores y Bolsa estadounidense y no en material publicado en otros lugares.
