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Los servicios de inteligencia, obligados a revelar su política secreta de vigilancia masiva del uso de redes sociales y Google

La agencia de inteligencia del Reino Unido cree que tiene derecho a interceptar indiscriminadamente búsquedas en la web realizadas por residentes británicos o las comunicaciones entre residentes británicos. © Demotix
La máxima autoridad británica de la lucha antiterrorista se ha visto obligada a revelar una política gubernamental secreta que justifica la vigilancia masiva de todos los usuarios de Facebook, Twitter, YouTube y Google en Reino Unido






“La población debe exigir el fin de esta violación masiva de su derecho a la intimidad.”

odas las comunicaciones por Facebook y otros sitios de redes sociales y todas las búsquedas en Internet vía Google, se consideran “comunicaciones externas”




“Los servicios de seguridad consideran que tienen derecho a leer, escuchar y analizar todas nuestras comunicaciones por Facebook, Google y otras plataformas con base en Estados Unidos”, ha afirmado James Welch, director de Asuntos Jurídicos de Liberty.







  • La Jefatura de Comunicaciones del Gobierno intercepta todas las comunicaciones –mensajes de correo electrónico, mensajes de texto y comunicaciones a través de “plataformas” como Facebook y Google– antes de determinar si corresponden a la categoría de “internas” o “externas”.
  • El gobierno considera que prácticamente todas las comunicaciones a través de Facebook y otros medios sociales, así como las búsquedas en Google, se clasifican siempre como “externas”, incluso cuando son comunicaciones entre dos personas en Reino Unido.
  • Clasificar las comunicaciones como “externas” permite al gobierno ver, oír, leer y escudriñar cada una de ellas. La restricción clave en el tratamiento de las comunicaciones que clasifican como “externas” es que no pueden indagar en ellas utilizando palabras clave o términos que aludan a una persona o un domicilio británico concreto.
  • A pesar de que el gobierno está llevando a cabo una vigilancia generalizada al interceptar y ver por encima todas las comunicaciones para determinar si son internas o externas, considera que esa interceptación “es menos importante” que el propio acto de leer el contenido de la comunicación, que es cuando el gobierno entiende que “se produce una injerencia importante en la intimidad”.
  • El gobierno considera que, aunque haya violaciones de la intimidad, no se trata de una “intromisión activa” porque la persona que analiza o escucha una comunicación terminará por olvidarla de todas formas.










“No se puede considerar que los servicios de inteligencia rinden cuentas ante el Parlamento y la ciudadanía a la que sirven cuando sus actos se rodean de confusión mediante interpretaciones secretas de una legislación bizantina”, ha dicho Eric King, director adjunto de Privacy International.





Información complementaria

Legislación
  • Según el artículo 8.1 de la Ley Reguladora de las Facultades de Investigación de 2000 (la Ley “RIPA”), las comunicaciones internas entre residentes británicos establecidas dentro de Reino Unido sólo podrán ser vigiladas en cumplimiento de una orden judicial específica. Y estas órdenes concretas sólo deben concederse si existe alguna razón para sospechar que la persona en cuestión realiza una actividad ilegal.
  • Las “comunicaciones externas” pueden ser vigiladas de manera indiscriminada en virtud de una “orden general” con arreglo al artículo 8.4 de la Ley RIPA.
  • El Tribunal de Competencias de Investigación es el órgano ante el cual se presentan las denuncias relativas a las facultades de intromisión ejercidas en virtud de la Ley Reguladora de las Facultades de Investigación de 2000 (RIPA), y es el único competente para investigar las denuncias sobre cualquier actividad ilegal realizada por los servicios de inteligencia –formados por el Servicio de Seguridad (MI5), el Servicio de Inteligencia Secreto (MI6) y la Jefatura de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ)– o en su nombre. El Tribunal de Competencias de Investigación normalmente celebra sus vistas a puerta cerrada.
Partes
  • Privacy International y Bytes for All están representadas por Bhatt Murphy Solicitors, Dan Squires (Matrix Chambers) y Ben Jaffey (Blackstones Chambers).
  •  Amnistía Internacional está representada por Kirsty Brimelow, consejera de la reina (QC, por sus siglas en inglés), y Jude Bunting (Doughty Street Chambers).
  •  Liberty, la Unión Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles, la Asociación Canadiense para las Libertades Civiles, la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, la Unión Húngara por las Libertades Civiles, el Consejo Irlandés para las Libertades Civiles, y el Centro de Recursos Jurídicos (Sudáfrica) están representadas por Matthew Ryder QC (Matrix Chambers) y Eric Metcalfe (Monckton Chambers).

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