en el contexto de la crisis económica, no puede olvidar las obligaciones del Estado español de respetar los derechos económicos, sociales y culturales.
El acceso a una vivienda digna, la posibilidad de gozar del máximo nivel de salud, así como de disponer de una educación de calidad son derechos humanos que España tiene la obligación de garantizar. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar cualquier medida a poner en marcha en respuesta a la actual crisis económica
- Asegurar, incluso en épocas de graves limitaciones de recursos económicos, que se ha hecho todo lo posible para garantizar estos derechos, destinando el máximo de los recursos disponibles.
- Proteger especialmente a las personas que pertenecen a grupos especialmente vulnerables y/o que sufren discriminación, como pueden ser las mujeres.
- Llevar a cabo una evaluación del posible impacto que la reducción del gasto público puede tener en estos colectivos vulnerables, asegurando antes de su aplicación, que las medidas de recuperación económica no agravan aún más su situación.
- Demostrar que se ha realizado un examen exhaustivo de todas las alternativas posibles, antes de adoptar medidas regresivas que pudieran deteriorar la situación socio-económica de los grupos en situación de vulnerabilidad. Estas medidas siempre serán el último recurso. El Comité DESC de Naciones Unidas, que vigila el cumplimiento del PIDESC, ha destacado que existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas.
- Priorizar en la cooperación -incluidas las aportaciones al sistema internacional de protección de derecho humanos de Naciones Unidas- la promoción de los derechos humanos y la protección de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.
“En este sentido pedimos al Gobierno que explique ampliamente y de forma fácilmente entendible a la ciudadanía las medidas que va a proponer, y que además establezca mecanismos de participación. De esta manera, cumpliría con su obligación de respetar el derecho a participar en la vida pública, recabar y recibir información que tiene el conjunto de la ciudadanía”
La protección de los derechos humanos no es una opción en el marco de las medidas encaminadas a la 'recuperación económica'. La Constitución española reconoce derechos sociales, como el derecho a la salud o a la vivienda, como principios rectores de la política económica y social, y la educación como derecho fundamental. Por lo tanto, ninguna medida que se aplique para limitar el déficit público puede vulnerar estos derechos
