Madrid.- El año 2023 ha sido en el que hemos visto una de las mayores atrocidades cometidas por Israel en Gaza. Tras los ataques llevados a cabo por Hamás el pasado mes de octubre y que costaron la vida a más de 1.200 israelíes, la respuesta israelí ha provocado la muerte de más de 22.000 personas, entre ellas más de 5.000 mujeres y 7.000 niños y niñas. También ha sido el año en el que durante el primer semestre España autorizó 22 licencias de material de defensa a Israel por valor de más de 44 millones de euros.
Desde que se inició la crisis, el Gobierno español ha emitido numerosas declaraciones públicas y condenas en relación a la necesidad de un alto el fuego, que se respete el Derecho Internacional Humanitario y que se libere inmediatamente a los civiles secuestrados. España ha apoyado públicamente al Secretario General de las Naciones Unidas, el mantenimiento de la ayuda humanitaria e importantes resoluciones en ONU y en el marco de la Unión Europea. Es imprescindible que España mantenga esta presión y que continúen trasladando públicamente estas exigencias. Pero aún pueden hacer más, y es en el campo de las transferencias de armas a Israel donde están pendientes importantes pasos.
Por eso, Amnistía Internacional, que lleva desde 2009 pidiéndolo, exige una vez más que no se exporten a Israel armas que son susceptibles de utilizarse para cometer atrocidades. Así lo ha indicado la organización después de un primer análisis de los informes sobre las exportaciones de armas españolas de 2022 y el primer semestre de 2023, recientemente publicados por el gobierno.
"Estas estadísticas, con fecha 30 de noviembre, se remitieron a la Comisión de Defensa del Congreso el viernes 23 de diciembre y se publicaron posteriormente en la web de la Secretaría de Estado de Comercio, cuando apenas termina un año en el que hemos visto, con espanto, las graves violaciones del derecho internacional que se están cometiendo en la Franja de Gaza, Israel y los Territorios Palestinos Ocupados. Es difícil que el gobierno mire hacia otro lado con tanto dolor causado, por eso reclamamos que la suspensión de exportaciones de armas españolas a Israel anunciada se convierta en permanente hasta que se asegure que el gobierno de Israel no utiliza esas armas para cometer atrocidades en los Territorios Palestinos Ocupados”, señala Alberto Estévez, portavoz sobre armas en Amnistía Internacional España.
“Aunque valoramos positivamente que desde el 7 de octubre no se han llevado a cabo nuevas operaciones, la suspensión temporal de exportaciones no es suficiente. El gobierno de España debe hacerla integral y permanente hasta que no haya riesgo de que se usen para atrocidades. Mucho antes y después de esa fecha Israel ha cometido numerosos presuntos crímenes de guerra y otras infracciones graves del derecho internacional humanitario. Por ello, el gobierno debe aplicar la prohibición de transferencias de armas a Israel establecida en el artículo 6 del Tratado sobre el Comercio de Armas ratificado por España en 2014”, añade el experto en comercio de armas.
Las licencias de material de defensa autorizado por España para la exportación a a Israel en el primer semestre de 2023 corresponden a sistemas de dirección de tiro, blindados, material para aviones, equipos electrónicos y de formación de imágenes por valor de más de 44 millones de euros. Las exportaciones realizadas ascendieron a más de 700.000 euros, en bombas, torpedos y misiles por valor de más de 70.000 euros, y sistemas de dirección de tiro por valor superior a 600.000 euros, además de armas ligeras, blindados y equipos de formación de imagen por valor desconocido. En 2022 España autorizó 34 licencias de exportación por valor de 9,2 millones de euros, ocho de ellos de la categoría de aviones, además de armas ligeras, sistemas de dirección de tiro, blindados, equipos electrónicos y de formación de imágenes. Las exportaciones realizadas ascendieron a 2,3 millones de euros, que incluyen bombas reexportadas a India y blindados a Filipinas, además de munición, sistemas de dirección de tiro y equipos de formación de imagen.
“A pesar de que el gobierno ha alegado en el pasado que se trata de material no letal, esto no es cierto. Tanto las armas ligeras, como las bombas, los carros y los blindados, los sistemas de dirección de tiro y los equipos de formación de imágenes son susceptibles de uso en los presuntos crímenes de guerra que Israel lleva cometiendo en los últimos tres meses en Gaza y Cisjordania”, lamenta Estévez. La organización también exige a las autoridades españolas que sean más transparentes y que aclaren el importe en los casos en los que se registra como valor cero, porque las cantidades de autorización y exportación pueden variar, así como que haga públicos los datos de licencias autorizadas a Israel entre julio y el 7 de octubre de 2023.
Amnistía Internacional también reclama a España que promueva un embargo de armas europeo y de Naciones Unidas a Israel y a grupos armados como Hamás. Además, España debe exigir el cese de los suministros de armas de Estados Unidos, principal aliado del gobierno israelí, que la semana pasada proporcionó proyectiles de artillería de 155 mm. por valor de 147,5 millones de dólares al gobierno israelí. Estados Unidos corre el riesgo de ser cómplice de los abusos cometidos en Gaza dada la naturaleza imprecisa de esta munición, que viola la obligación de las partes en un conflicto armado de distinguir entre el personal militar y civil y los bienes de carácter civil.
En una carta remitida en noviembre al gobierno estadounidense, Amnistía Internacional y otras organizaciones ya advertían de que en Gaza, uno de los lugares más densamente poblados del mundo, los proyectiles de artillería de 155 mm. son intrínsecamente indiscriminados. Estas municiones no están guiadas y tienen un elevado radio de error, aterrizando a menudo a 25 metros del objetivo previsto. Al impactar, estos proyectiles expulsan 2.000 fragmentos de metal puntiagudo en todas direcciones, con el consiguiente riesgo de muerte, lesiones y discapacidad permanente para los civiles que se encuentren a menos de 300 metros de la explosión. Es difícil imaginar un escenario en el que se puedan utilizar proyectiles de artillería de 155 mm. de alto poder explosivo en Gaza de conformidad con el derecho internacional humanitario.
El uso que han hecho en el pasado las Fuerzas de Defensa Israelíes de la artillería en Gaza confirma las preocupaciones de Amnistía Internacional: en 2008 y 2009, durante la Operación Plomo Fundido, dispararon 8.000 proyectiles de 155 mm. y 34.000 más durante la Operación Margen Protector, en 2014. Estas municiones alcanzaron escuelas, barrios, hospitales, refugios y campos de refugiados, matando, hiriendo y desplazando a decenas de civiles. De acuerdo con las normas sobre transferencias de armas convencionales de la administración Biden, este historial debe tenerse en cuenta a la hora de determinar la probabilidad de que las transferencias propuestas puedan contribuir a violaciones del derecho internacional humanitario.
Desde el 26 de octubre, Amnistía Internacional pide un alto el fuego inmediato a todas las partes para poner fin a los ataques ilegítimos y proteger a toda la población civil en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados. Un alto el fuego impediría más pérdidas de vidas de civiles y aliviaría el inconmensurable sufrimiento causado por la catástrofe humanitaria en Gaza.
Más información
Desgraciadamente, las exportaciones de armas a Israel no es el único caso que preocupa a Amnistía Internacional. En un análisis más detallado que hará público en las próximas semanas, la organización analizará otras exportaciones preocupantes de material de defensa y antidisturbios a países como Marruecos, Emiratos Árabes Unido, Arabia Saudí y Perú.>
