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El fracaso en afrontar las consecuencias del devastador terremoto de 2010 es responsable de enormes sufrimientos

Más de 170.000 personas todavía viven en campamentos para desplazados como éste de Puerto Principe, en Haití © Amnesty International
Cuatro años después del devastador terremoto 170.000 personas todavía viven en más de 300 campamentos para desplazadosla mayoría de las personas que han sido realojadas no han recibido un alojamiento duradero que garantice su derecho a una vivienda adecuada.más de 113.000 familias de desplazados internos han sido reubicados en refugios temporales, mientras que más de 55.000 se han reubicados a través de programas de subsidio del alquiler500 dólares estadounidenses para alquilar un alojamiento de su elección durante un año y otros 125 dólares estadounidenses para iniciar actividades generadoras de ingresos.El desalojo forzoso es otro factor que contribuye a la reducción del número de desplazados internos que viven en campamentosNowhere to go. Forced evictions in Haiti’s displacement camps (Sin lugar a donde ir. Desalojos forzosos en campos de desplazados de Haití)todavía nadie ha sido puesto a disposición judicial, las víctimas no han recibido ningúna reparación por las violaciones de sus derechos y no hay evidencia de que las investigaciones se estén llevando a caboCanaán, una gran extensión de tierra de varios kilómetros cuadrados en la periferia norte de Puerto Príncipe que fue declarada de "uso público"el primer ministro anunció la adopción de la primera estrategia política del país en materia de vivienda y hábitat
  • Se establezcan planes para reubicar a los desplazados internos viviendo en campamentos a través de soluciones duraderas que aseguren que todos los alojamientos alternativos cumplan con los requisitos de una vivienda adecuada según el derecho internacional.
  • La Politica Nacional de Vivienda y Hábitat sea compatible con las normas internacionales de derechos humanos y garantice el acceso a una vivienda adecuada a todos aquellos que lo necesiten, en especial los más vulnerables y marginados como los que viven en la pobreza.
  • Se establezcan medidas para aclarar la situación de las tierras de Canaán y para dar a los residentes la seguridad de la tenencia.
  • Adoptar una moratoria sobre los desalojos masivos hasta que haya garantías adecuadas para garantizar que todos los desalojos cumplan con las normas internacionales de derechos humanos.
  • Adoptar y hacer cumplir la legislación que prohíbe los desalojos forzosos y se establezcan garantías que deben cumplirse antes de que cualquier desalojo sea llevando a cabo, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, entre ellos los Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento Generados por el Desarrollo de las Naciones Unidas.
  • Se establezcan mecanismos eficaces para prevenir los desalojos forzosos por parte tanto de actores estatales como no estatales, incluyendo la revisión de los procedimientos existentes y la mejora de la coordinación entre los actores relevantes.
  • Los casos de desalojos forzosos y de amenazas de desalojos forzosos (incluyendo amenazas contra los desplazados internos y defensores de derechos humanos) sean efectivamente investigados y sus autores comparezcan ante la justicia.
  • Instrucciones formales sean transmitidas a las alcaldías, las comisarías y los tribunales municipales, para que no participen en los desalojos forzosos y se creen mecanismos claros para supervisar la aplicación de estas instrucciones sean puesta en marcha.
  • Las víctimas de los desalojos forzosos tengan acceso a reparaciones efectivas.

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