30 aniversario del escape tóxico de Bhopal. © Giles Clarke/Getty images
Los agentes económicos, especialmente las empresas multinacionales que operan a través de fronteras nacionales, han adquirido un poder y una influencia sin precedentes en todo el mundo.
Las empresas tienen un impacto enorme sobre las vidas de las personas y las comunidades en las que operan. En ocasiones el impacto es positivo: se crean puestos de trabajo, las nuevas tecnologías mejoran las condiciones de vida, y la inversión en la comunidad se traduce en beneficios reales para las personas que viven en ella.
Pero Amnistía ha sacado a la luz innumerables ejemplos en los que las empresas se aprovechan de normativas nacionales poco eficientes y mal aplicadas, con consecuencias devastadoras para las personas y las comunidades. Apenas hay mecanismos efectivos en el ámbito nacional o internacional para impedir que las empresas cometan abusos contra los derechos humanos o hacer que rindan cuentas de sus actos. Amnistía trabaja para cambiar esta situación.
Los Estados tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos. Sin embargo, muchos no lo hacen, sobre todo en lo que se refiere a las actividades de las empresas, ya sea por falta de capacidad, por dependencia de la empresa como inversor o por flagrante corrupción.
Injusticia empresarial
Las empresas que operan a través de las fronteras intervienen a menudo en la comisión de graves abusos, como el trabajo forzoso o el desalojo de comunidades de sus tierras y su reasentamiento forzoso en otros lugares.
No es de extrañar que los abusos sean especialmente patentes en el sector extractivo, en el que las empresas compiten entre sí para extraer unos recursos escasos y valiosos. Se destruyen medios de vida tradicionales al contaminarse la tierra y el abastecimiento de agua. El impacto puede ser de especial gravedad para las poblaciones indígenas ya que a menudo su forma de vida y su identidad están estrechamente vinculadas a sus tierras.
A las comunidades afectadas se les niega con frecuencia el acceso a información sobre el impacto de las actividades de las empresas y no son consultadas sobre el proyecto. Es decir, quedan excluidas de participar en las decisiones que afectan a sus vidas.
Las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, sin embargo, con excesiva frecuencia los beneficios se obtienen a costa de abusos contra los derechos humanos. A pesar de que muchos países disponen de leyes que permiten el enjuiciamiento de las empresas, los gobiernos casi nunca investigan las irregularidades que estas cometen.
Cuando las comunidades intentan que se haga justicia, se ven frustradas por la ineficacia de los sistemas jurídicos, la falta de información, la corrupción y las potentes alianzas entre el Estado y las empresas. Es preocupante que cuando las personas afectadas no pueden obtener justicia, las empresas se aprovechan de la situación sin que esto tenga consecuencias.
Pobreza y empresas
Muchos de los países más pobres del mundo son también los más ricos en recursos. Una combinación paradójica. La actividad de las empresas debería respetar los derechos humanos y contribuir al desarrollo sostenible. Pero en numerosas ocasiones alimenta los conflictos y abusos e incrementa la pobreza.
Los pueblos indígenas y las mujeres son especialmente vulnerables y tienen menos oportunidades de acceder a la justicia.
Rendición de cuentas
Es obligación de los gobiernos proteger a todas las personas de los actos cometidos por otros actores, incluidas las empresas. Sin embargo, en muchas ocasiones, los gobiernos fallan al regular el impacto en los derechos humanos de las empresas o al garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de abusos cometidos por parte de actores corporativos.
Hasta ahora, el compromiso de las compañías con los derechos humanos ha sido a través de códigos e iniciativas voluntarias y, aunque algunas han tenido un efecto positivo, esta voluntariedad nunca puede sustituir a una normativa internacional sobre empresa y derechos humanos. Estos estándares globales rigen las responsabilidades y obligaciones tanto de los Estados como de las empresas. Como un requisito mínimo, todas las empresas deben respetar los derechos humanos sin importar cual sea su sector, país de origen o contexto en el que trabajan. La falta de una regulación efectiva que verifique la rendición de cuentas permite que las empresas y sus líderes puedan evadir su responsabilidad sobre diferentes casos que incluyen muertes, enfermedades o destrucción de hogares.
Algunos de los procesos en los que Amnistía participa y ha influido con recomendaciones y propuestas son:
- Principios Rectores sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales y las empresas comerciales.
- Guía de la OCDE para empresas multinacionales.
- Marco de sostenibilidad de la Corporación Financiera Internacional.
- Legislación de la Unión Europea sobre comercio de minerales que provienen de zonas en conflicto.
“Damos las gracias a todas las personas que, de una manera o de otra, han contribuido a la conclusión de este caso, como las diversas ONG, especialmente Amnistía Internacional, que acudieron en nuestra ayuda.”Sylvester Kogbara, presidente del Consejo de Jefes y Ancianos de Bodo, en la región de Ogoniland, en el delta del Níger, Nigeria.
Datos y cifras
100
De las 100 mayores economías del mundo, 51 son empresas; solo 49 son países.
20K
Más de 20.000 personas murieron por una fuga de gas tóxico de una planta química de Union Carbide en Bhopal, India, en 1984.
100K
100.000 personas recibieron tratamiento médico por diversos problemas de salud tras el vertido de residuos tóxicos de la multinacional petrolera Trafigura en Abiyán, Costa de Marfil, agosto de 2006.
Lagunas en la rendición de cuentas
Las empresas hacen gestiones de cabildeo ante los gobiernos para que se promulguen leyes reguladoras de las inversiones, el comercio y la fiscalidad de agentes extranjeros que protejan los intereses empresariales. Pero con frecuencia las mismas empresas se manifiestan en contra de cualquier novedad en el derecho y las normas internacionales que pretenda proteger los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales. Las empresas se aprovechan de sistemas reguladores poco eficientes, sobre todo en los países en desarrollo, y a menudo son las personas más pobres las que mayor riesgo de explotación corren.
Los gobiernos tienen la obligación de proteger a las personas de abusos contra los derechos humanos, y esto incluye los abusos cometidos por las empresas. Todas las empresas deben someterse a una regulación que impida que se busque el beneficio a costa de los derechos humanos.
El trabajo de Amnistía Internacional
El trabajo de Amnistía Internacional con los actores económicos se dirige principalmente a los gobiernos, a las empresas y a las instituciones internacionales, principalmente Naciones Unidas, pero también la Unión Europea, la OCDE, el Banco Mundial, y otras instituciones. Este trabajo se ha diseñado teniendo en cuenta el poder e influencia que estos agentes ejercen sobre los estados y las instituciones internacionales, y el impacto que tienen sobre los derechos humanos.
A través de análisis e investigaciones, el trabajo de Amnistía Internacional se centra en aquellos casos de abuso a los derechos humanos en los que hay empresas implicadas, y en cómo los gobiernos eluden su deber de prevenir estos abusos o hacer responsables a las empresas cuando éstos se producen.
La organización trabaja para que se fijen unos estándares globales basados en la legislación internacional sobre derechos humanos y para que se refuercen los marcos legales, tanto nacionales como internacionales. Las empresas deben prevenir el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos y rendir cuentas ante los tribunales en caso de contribución a las violaciones de derechos humanos o complicidad con las mismas.
AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE:
- Prevención: todas las empresas deben estar obligadas por ley a tomar medidas para identificar, prevenir y abordar los abusos contra los derechos humanos (lo que se denomina diligencia debida).
- Rendición de cuentas: las empresas deben rendir cuentas por los abusos que cometen.
- Recurso: las personas cuyos derechos sean objeto de abusos por parte de las empresas deben poder acceder a la justicia y a un recurso efectivo.
- Proteger los derechos más allá de las fronteras: las empresas operan a través de las fronteras, por lo que la ley también debe operar a través de las fronteras para proteger los derechos de las personas.
- Inclusión de un compromiso específico en materia de derechos humanos en sus declaraciones de principios empresariales y códigos de conducta.
- Elaboración de políticas explícitas en materia de derechos humanos y el ofrecimiento de garantías de que dichas políticas están integradas y son vigiladas y auditadas en todas sus operaciones y más allá de fronteras.
- Establecimiento de los sistemas de gestión interna necesarios para garantizar que se aplican las políticas en materia de derechos humanos.
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