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Empresas y derechos humanos

Nigeria: Debido al vertido de una empresa petrolera y al posterior incendio, las palmeras han sufrido daños y los campesinos no pueden producir aceite de palma. © AI
Nigeria: Debido al vertido de una empresa petrolera y al posterior incendio, las palmeras han sufrido daños y los campesinos no pueden producir aceite de palma. © AI

La Globalización ha cambiado el mundo en el que vivimos, presentando retos nuevos y más complejos para la protección de los derechos humanos.


Los actores económicos, especialmente las compañías transnacionales, han adquirido un poder e influencia sin precedentes dentro de la economía mundial. Esto no siempre ha beneficiado a las sociedades en las que operan. 

Las empresas tienen un enorme impacto en los derechos de las personas y las comunidades. Este impacto es a menudo positivo; por ejemplo, las compañías que tienen éxito crean puestos de trabajo y también aumentan los ingresos que percibe el Estado, que éste puede emplear para financiar servicios básicos y otras iniciativas. 

Sin embargo, las empresas pueden tener un impacto negativo en los derechos humanos de ciertas personas o comunidades afectadas por sus operaciones, y pueden abusar de estos derechos directamente o en connivencia  con otros actores. Las víctimas son, por lo general, colectivos en situación de vulnerabilidad, con dificultades en su acceso a la justicia y en la protección de sus derechos.

Para evitarlo, existen algunos mecanismos, tanto a nivel nacional como internacional, que tienen como fin prevenir los abusos corporativos a los derechos humanos y lograr que las compañías rindan cuentas de sus actividades. Estos mecanismos son, sin embargo, insuficientes para impedir los abusos de derechos humanos cometidos por las empresas o para hacer que estas empresas rindan cuentas de sus actos. En muchas ocasiones esos mecanismos son puramente voluntarios para las empresas, y no contemplan, por ejemplo, el establecimiento de reparación y remedio para las víctimas.

El trabajo de Amnistía Internacional

El trabajo de Amnistía Internacional con los actores económicos se dirige principalmente a los gobiernos, a las empresas y a las instituciones internacionales, principalmente Naciones Unidas, pero también la Unión Europea, la OCDE, el Banco Mundial, y otras instituciones. Este trabajo se ha diseñado teniendo en cuenta el poder e influencia que estos agentes ejercen sobre los estados y las instituciones internacionales, y el impacto que tienen sobre los derechos humanos. 

A través de análisis e investigaciones, el trabajo de Amnistía Internacional se centra en aquellos casos de abuso a los derechos humanos en los que hay empresas implicadas, y en cómo los gobiernos eluden su deber de prevenir estos abusos o hacer responsables a las empresas cuando éstos se producen.

La organización trabaja para que se fijen unos estándares globales basados en la legislación internacional sobre derechos humanos y para que se refuercen los marcos legales, tanto nacionales como internacionales. Las empresas deben prevenir el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos y  rendir cuentas ante los tribunales en caso de contribución a las violaciones de derechos humanos o complicidad con las mismas.

Amnistía Internacional pide a las empresas que promuevan el respeto por los derechos humanos mediante vías tales como: 

  • el uso de su influencia para apoyar los derechos humanos; 
  • la inclusión de un compromiso específico en materia de derechos humanos en sus declaraciones de principios empresariales y códigos de conducta; 
  • la elaboración de políticas explícitas en materia de derechos humanos y el ofrecimiento de garantías de que dichas políticas están integradas y son vigiladas y auditadas en todas sus operaciones y más allá de fronteras; 
  • el establecimiento de los sistemas de gestión interna necesarios para garantizar que se aplican las políticas en materia de derechos humanos.   

Amnistía Internacional pide además a las empresas que hagan del respeto de los derechos humanos un componente integrante de sus operaciones empresariales, incluso en sus tratos con otras empresas, socios, asociados, filiales, proveedores y autoridades gubernamentales.

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