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Tortura y malos tratos

La policía ataca a un manifestante en Madrid © Eduardo León
© Eduardo León

El derecho internacional establece el derecho de toda persona a no ser sometida a tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante. Es deber de los Estados demostrar su condena absoluta a tales actos, tanto en el plano de su legislación interna como en las actuaciones de todos sus funcionarios. Además de respetar la prohibición de la tortura y los malos tratos, es obligación de los Estados investigar de forma inmediata tales actos, someter a los responsables a un proceso justo, imponerles un castigo y ofrecer a las víctimas una reparación adecuada.

Amnistía Internacional trabaja para la erradicación de la tortura en todo el mundo. En España preocupa en particular la detención de personas en régimen de incomunicación, los casos de tortura y malos tratos de personas extranjeras por parte de las fuerzas de seguridad y la falta de investigaciones imparciales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación a las víctimas cuando se producen estos hechos.

En octubre de 2012, publicamos el informe "Actuación policial en las manifestaciones en la Unión Europea" en el que documentamos que, durante las manifestaciones, los métodos empleados por las fuerzas de seguridad no siempre cumplen las normas internacionales: casos de uso excesivo de la fuerza, obstrucción del acceso a asistencia médica y detención arbitraria, etc... El informe incluye un caso en España.

En noviembre de 2007, Amnistía Internacional publicó el informe "Sal en la herida: la impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos", en el que se documentaban las denuncias contra agentes de las fuerzas nacional, autonómicas y locales de toda España encargados de hacer cumplir la ley. Desde entonces, Amnistía Internacional ha seguido investigando casos de tortura y otros malos tratos en España y ha hecho campaña para que se establezcan mecanismos efectivos con el fin de prevenir la comisión de estas violaciones de derechos humanos. En noviembre de 2009, se hizo pública la actualización del informe publicado en 2007: "Sal en la herida: impunidad policial dos años después", con información al día de los casos recogidos entonces. El informe también analizaba los cambios habidos en España con respecto a la prevención e investigación de la tortura y otros malos tratos por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley.

El régimen de incomunicación 

Amnistía Internacional se opone a la detención en régimen de incomunicación  por ser una práctica que facilita la tortura y los malos tratos y que aumenta el riesgo de violaciones de derechos humanos contra los detenidos.

Actualmente en España se puede mantener detenida a una persona en régimen de incomunicación por un periodo de hasta 13 días, los primeros 5 sin tener la posibilidad de ser llevado ante un juez, lo que viola normas internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La preocupación de Amnistía Internacional es compartida por organismos como el Comité contra la Tortura, el Relator contra la Tortura de Naciones Unidas o el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura.

Amnistía Internacional pide al Gobierno español que o bien elimine la detención en régimen de incomunicación  o se aseguren todas las garantías para los detenidos, como el derecho a  la asistencia letrada y médica de libre elección.  Ver el informe Salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de incomunicación (septiembre de 2009).

Tortura y malos tratos a personas extranjeras 

En los últimos años Amnistía Internacional ha documentado detenciones ilegales y malos tratos con componente racista, especialmente a ciudadanos extranjeros, y ha denunciado también la impunidad que parece amparar a los que cometen esta violaciones de derechos humanos.

El informe de la organización España: Crisis de Identidad. Torturas y malos tratos de índole racista a manos de agentes del Estado, documenta más de 320 casos de torturas y malos tratos con un componente racista en los que estaban involucrados agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como de las policías autonómicas y locales.

En el caso de los extranjeros indocumentados existe el temor a denunciar a agentes de policía o guardias civiles por miedo a ser expulsados del país. Otros aspectos destacables son el temor a presentar denuncias debido a la práctica común entre los funcionarios de denunciar a su vez a la víctima o amenazar con tomar otras represalias, y la posible dificultad para contar con traductor o intérprete y para ser asistido por un abogado.

Amnistía Internacional ha instado al Gobierno español a establecer un órgano imparcial e independiente con capacidad para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. 

Reparación a víctimas de la tortura 

El derecho internacional establece que las víctimas de tortura y malos tratos tienen el derecho a recibir del Estado una reparación inmediata que incluya la restitución, una indemnización justa y adecuada, así como atención medica y cuidados apropiados para su rehabilitación.

Amnistía Internacional ha manifestado su pesar por la impunidad que parece amparar en España a los funcionarios responsables de tortura y malos tratos y por la falta de garantías para las víctimas de estos delitos de obtener una reparación satisfactoria.

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