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España / Colombia ( 4-02-09)

El Gobierno español debe abordar la grave crisis de derechos humanos que vive Colombia en su reunión con el Canciller colombiano

Madrid.- Con motivo de la visita a Madrid del canciller colombiano, Jaime Bermúdez, Amnistía Internacional quiere aprovechar esta oportunidad para recordar al Gobierno español que los derechos humanos deben ser prioritarios en las relaciones bilaterales con Colombia.

La población colombiana lleva más de 40 años atrapada en uno de los peores conflictos olvidados del mundo, atacada por las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros, mientras que el gobierno no toma ninguna medida de peso para brindarle protección. Por este motivo, Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno español que inste al Canciller colombiano a mostrar la voluntad política necesaria para poner fin a los abusos contra los derechos humanos, garantizar la seguridad de la población colombiana y poner fin a la impunidad de la que gozan los responsables de graves violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional, en el informe “¡Déjennos en Paz!: La población civil víctima del conflicto armado interno de Colombia”, publicado el pasado 28 de octubre de 2008, ya denunciaba la actitud del Gobierno de Colombia, que lleva tiempo dando una versión muy optimista de la situación de los derechos humanos en el país, a pesar de que cada vez son más los informes sobre desplazamientos forzados, ataques contra activistas sociales y de derechos humanos y homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad. Así, las autoridades colombianas se niegan incluso a reconocer que hay un conflicto armado en el país.

Preocupaciones de Amnistía Internacional sobre Colombia

Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y desplazamientos forzados
Los grupos paramilitares –actuando en coordinación con las fuerzas de seguridad– han sido los autores de la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales en los últimos tiempos. Así en 2007, se sabe que fueron responsables del homicidio de al menos 300 civiles. Sin embargo, en las estadísticas más recientes destacan las ejecuciones extrajudiciales cometidas directamente por las fuerzas de seguridad, que han aumentado considerablemente en los últimos años. Asimismo, en 2007, al menos 190 personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad y los paramilitares, o se encuentran en paradero desconocido después de ser secuestradas por los diferentes grupos armados de oposición. Para la organización, todas estas denuncias deben ser objeto de una investigación efectiva por parte del sistema de justicia civil.

Además, en los últimos 20 años, entre tres y cuatro millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en Colombia. En 2007, fueron más de 300.000 personas las que quedaron desplazadas, y en la primera mitad de 2008, 270.000 personas sufrieron desplazamientos forzados.

Hostigamiento y amenazas  a defensores de derechos humanos
Amnistía Internacional ha mostrado su preocupación por el aumento de las amenazas de muerte contra sindicalistas y defensores y defensoras de derechos humanos. Además, Amnistía Internacional sigue preocupada por la calificación reciente de autoridades colombianas como "afín a la guerrilla" de periodistas. Este señalamiento público en ocasiones anteriores ha venido acompañado de amenazas u homicidios por parte de los paramilitares.

Por ejemplo, Edwin Legarda resultó herido de muerte por disparos de las fuerzas de seguridad mientras viajaba al sur del país para recoger a su esposa, Aída Quilcué, líder de la organización indígena Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Aída Quilcué regresaba de Ginebra, donde había asistido a la sesión de Examen Periódico Universal de Colombia del Consejo de Derechos Humanos, ante el cual había manifestado públicamente varios motivos de preocupación en relación con violaciones de derechos humanos contra los indígenas, incluidos homicidios a manos de las fuerzas de seguridad.

El Gobierno español debe instar a las autoridades colombianas a que lleven a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre este homicidio e incluir en el mecanismo de derechos humanos con Colombia medidas concretas para la protección efectiva de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Hasta que estas investigaciones no se produzcan, seguirán existiendo dudas sobre si el vehículo en el que viajaba Edwin Legarda fue alcanzado deliberadamente y si la persona contra la que se dirigían las balas era en realidad Aída Quilcué. 

“Ley de víctimas”
El Gobierno español debe abordar con las autoridades colombianas la ley sobre “medidas de protección a las víctimas de la violencia”, actualmente en tramitación e instarles a que la normativa sea acorde a la legislación internacional. Esta ley no debe hacer distinción alguna entre víctimas por parte de acciones de grupos paramilitares, grupos guerrilleros o fuerzas de seguridad a la hora de ser reparadas. Tampoco puede negar la indemnización a futuras víctimas del conflicto y a víctimas de violaciones a manos de agentes del Estado que no pertenezcan a las fuerzas de seguridad.

Proceso de desmovilización

La organización ha recordado también que los grupos paramilitares siguen cometiendo abusos de derechos humanos debido en parte a un proceso de desmovilización y un marco legal que no se ajusta a las normas internacionales. Tanto es así que aproximadamente el 90% de los paramilitares desmovilizados se han beneficiado de amnistías de facto. Además, desde que comenzaron a declarar ante las unidades de Justicia y Paz, al menos 15 personas relacionadas con el proceso fueron víctimas de homicidio, y alrededor de 200 personas más recibieron amenazas.

Amnistía Internacional insiste en su petición al Gobierno español para que se abstenga de dar apoyo político a proyectos llevados a cabo dentro del marco del proceso de Justicia y Paz, como los programas de reinserción rural y otras iniciativas similares que podrían agravar la impunidad en Colombia.

Abusos cometidos por la guerrilla colombiana
Los grupos guerrilleros siguen cometiendo abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario como homicidios deliberados de civiles, secuestros y toma de rehenes. Amnistía Internacional sigue recibiendo numerosos testimonios sobre reclutamiento forzado de menores de edad tanto por grupos guerrilleros como por grupos paramilitares. La organización también ve con preocupación los ataques indiscriminados con explosivos que han tenido lugar en varias zonas urbanas y que en algunos casos han sido atribuidas a las FARC.

AI ha acogido con satisfacción la últimas liberaciones de rehenes y sigue pidiendo la liberación urgente e incondicional de todas las personas secuestradas. Aún así, la organización se opone a que el Gobierno colombiano ofrezca libertad y recompensas económicas a los miembros de la guerrilla que entreguen a personas a las que mantienen privadas de libertad. Dejar en libertad a miembros de la guerrilla que ya han sido investigados, juzgados y condenados es muy distinto de conceder inmunidad de facto a presuntos autores de graves abusos contra los derechos humanos. Ante estos delitos, Amnistía Internacional se opone a las amnistías, indultos y medidas similares que impidan ejercer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas y sus familiares.

 

 

Para más información, véase:

 

 

Categorías: Colombia, Conflictos armados, Defensores y defensoras de derechos humanos, Desaparición forzada, Ejecuciones extrajudiciales, España, Grupos armados de oposición, Homicidios indiscriminados, Impunidad, Personas refugiadas, desplazadas, inmigrantes y demandantes de asilo

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