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Informativos semanal en audio (Podcast)

(28-09-12)

Amnistía Internacional, informativo semanal a 28 de septiembre de 2012

 

En nuestro boletín de esta semana hablaremos de Costa de Marfil. Un informe de Amnistía Internacional y Greenpeace critica la falta de medidas para impedir un vertido de residuos tóxicos en la localidad de Abiyán que afectó a más de 100.000 personas. Nos trasladamos también hasta Ecuador, donde Amnistía Internacional pide una consulta significativa con los pueblos indígenas y expresa su preocupación por los enjuiciamientos infundados. En Brasil, la organización insta al gobierno a proteger a las comunidades afrobrasileñas frente a la violencia racista y manifiesta su satisfacción por el apoyo del gobierno a la creación de una Institución Nacional de Derechos Humanos. Por último, en Myanmar, 514 presos han sido puestos en libertad, pero Amnistía Internacional recuerda que no hay que olvidarse de las personas que continúan detenidas arbitrariamente.

 

Costa de Marfil: Un informe critica duramente la falta de medidas para impedir el vertido de residuos tóxicos en África Occidental

Esta semana arrancamos en Costa de Marfil. Tanto Amnistía Internacional como Greenpeace solicitan al gobierno de Reino Unido una investigación criminal sobre la empresa multinacional Trafigura. Esta compañía está detrás del vertido de residuos tóxicos realizado en Abiyán en 2006, por el que más de 100.000 personas tuvieron que solicitar asistencia médica.

Esta es la principal conclusión de un informe conjunto fruto del trabajo de tres años de investigación. En él se describe con detalle el incumplimiento de la legislación vigente destinada a evitar tragedias como ésta. Varios gobiernos no impidieron el avance del barco Probo Koala y su tóxico cargamento hacia Abiyán.

Los residuos se llevaron inicialmente a Países Bajos, pero Trafigura descartó la posibilidad de que fueran procesados allí porque el precio le pareció demasiado elevado. A pesar de los motivos de preocupación que suscitaban estos desechos, las autoridades hoandesas permitieron que salieran de su territorio, lo que supone una grave violación de sus obligaciones jurídicas

En 2007, el gobierno de Costa de Marfil llegó a un acuerdo fuera de los tribunales por el que Trafigura obtuvo inmunidad frente al procesamiento. En una demanda civil presentada en Reino Unido en nombre de algunas de las víctimas, Trafigura llegó a otro acuerdo en el que no admitía ninguna responsabilidad. Un tribunal neerlandés declaró a la empresa culpable de exportar ilegalmente los residuos desde Países Bajos, pero la fiscalía decidió no considerar los acontecimientos posteriores en Abiyán ni los efectos del vertido en la salud de las personas.

El informe pide al gobierno de Costa de Marfil que garantice una indemnización completa a las víctimas. Así mismo, propone recomendaciones a la comunidad internacional sobre cómo impedir tragedias como esta.

Ecuador: Amnistía Internacional pide que se consulte a los pueblos indígenas

De África nos trasladamos a América Latina. Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por la acepción por parte de Ecuador de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU relativas a adoptar y reforzar los mecanismos de consulta con los pueblos indígenas en las cuestiones que tengan repercusión sobre sus derechos. La organización ha pedido a Ecuador que garantice que estos procesos son significativos y que se llevan a cabo con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos.

En concreto, Amnistía Internacional ha instado al gobierno a que garantice que cualquier ley, política o medida que pueda afectar a las comunidades indígenas y campesinas sea sometido a un proceso de consulta con las comunidades afectadas. Éstas deben recibir información completa y objetiva, y ser consultadas antes de que se tome ninguna decisión. La existencia de unos mecanismos sólidos será especialmente crucial para las consultas que el gobierno realizará en la región suroriental en los próximos meses.

Aunque Ecuador considera que las recomendaciones sobre el derecho de los defensores de derechos humanos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacíficas ya se han aplicado o están en proceso de aplicación, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación a este respecto. Hasta julio de 2012, al menos 24 líderes indígenas y campesinos habían sido enjuiciados de forma infundada y detenidos arbitrariamente por oponerse a las leyes y políticas propuestas por el gobierno.

La organización ha solicitado que se garantice que no se utiliza ninguna disposición penal, como las relativas al terrorismo, el sabotaje y el bloqueo de carreteras, para castigar el ejercicio legítimo de los derechos humanos. Además, Ecuador debe hacer que los responsables de formular cargos infundados contra líderes rindan cuentas de sus actos.

Brasil: Amnistía Internacional insta al gobierno a proteger a las comunidades afrobrasileñas frente a la violencia racista

Continuamos en América Latina pero nos detenemos ahora en Brasil. Amnistía Internacional ha mostrado su satisfacción por la positiva colaboración del gobierno brasileño con el proceso del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sobre todo, por el compromiso de hacer participar a la sociedad civil en el seguimiento del examen.

Por otro lado, Amnistía Internacional también ha recibido con satisfacción el apoyo de Brasil a la recomendación de investigar de forma exhaustiva e imparcial los informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en ocasiones estando fuera de servicio, y de hacer rendir cuentas a los responsables.

Durante las sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Brasil señaló “un aumento de las personas que se definían a sí mismas como negras”. Sin embargo, esta circunstancia no ha recibido como respuesta una mejora de la protección frente a la violencia racista.

Amnistía Internacional ha expresado su temor a que Brasil se enfrente a “una epidemia de indiferencia” respecto a las muertes violentas de sus jóvenes. Desde 1981 hasta 2010, más de 176.000 menores de 19 años murieron violentamente en Brasil. La mayoría de ellos eran varones negros de pocos recursos económicos.

El reciente homicidio de nueve jóvenes en la región metropolitana de Río de Janeiro a manos de bandas delictivas relacionadas con el narcotráfico no es una tragedia aislada, sino que forma parte de un patrón de violencia contra la población afrobrasileña. Por ello, la organización insta al gobierno a tomar medidas urgentes y enérgicas para poner fin a estas y otras violaciones graves de derechos humanos contra grupos vulnerables de la sociedad brasileña, como los pueblos indígenas.

Myanmar: Hay que garantizar que no se olvida a las personas detenidas arbitrariamente

Terminamos este repaso en Myanmar, donde la decisión tomada por el gobierno de liberar a 514 presos, entre ellos presos de conciencia, es un paso positivo hacia el fin de la detención arbitraria en el país. Sin embargo, Amnistía Internacional afirma que aún hay personas que permanecen detenidas arbitrariamente, y es fundamental que no se las olvide. La organización reitera su llamamiento al gobierno para que, con la ayuda de las Naciones Unidas y la participación de la sociedad civil, establezca urgentemente un mecanismo para revisar los casos de todos los presos, con el fin de determinar los auténticos motivos de su reclusión.

Entre los presos puestos en libertad hay varios ciudadanos extranjeros y al menos 90 presos políticos. Una de ellas era Khin Kyi (alias Zin Min Aung), a quien Amnistía Internacional había reconocido como presa de conciencia. Integrante de Generation Wave, fue condenada a 15 años de prisión en 2008 por sus actividades políticas pacíficas. Esta amnistía presidencial es una forma de libertad condicional que permite a las autoridades volver a encarcelar a personas sin necesidad de orden judicial para que cumplan el resto de su condena si las autoridades consideran que no han cumplido las condiciones de su libertad.

La organización recuerda que ha habido amnistías en las que se ha liberado a presos a condición de que no participaran en actividades políticas. El gobierno debe garantizar que todas las personas liberadas pueden ejercer plenamente sus derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.

Además, es fundamental que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Myanmar inicie investigaciones inmediatas, efectivas, independientes e imparciales sobre todas las denuncias de tortura u otros malos tratos formuladas por personas que hayan sido liberadas.

 

Más en información en www.actuaconaministia.org

 

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