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Informativos semanal en audio (Podcast)

(23-11-12)

Amnistía Internacional, informativo semanal a 22 de noviembre de 2012

 

Arrancamos en España, donde Amnistía Internacional denuncia las trabas que encuentran en los juzgados las mujeres víctimas de violencia de género que deciden denunciar. También en España, la organización señala que el Real Decreto aprobado sobre los desahucios no contempla el derecho a una vivienda adecuada. A continuación hablaremos de la República Democrática del Congo, donde urge proteger a los civiles cuando decenas de miles huyen de la escalada del conflicto. Por último, nos detendremos en Bahréin, que lejos de cumplir con las recomendaciones de la Comisión de Investigación Independiente, ha desatado la represión en el país.

 

España: Cuando la justicia también golpea

Iniciamos este repaso informativo en España para recordar el Día Internacional contra la Violencia de Género. Más de siete años después de la Ley contra la violencia de género, Amnistía Internacional denuncia que las mujeres siguen encontrado graves obstáculos en el acceso y en la obtención de justicia y protección. El número de sobreseimientos de los casos es muy elevado, 48.000 sólo en 2011, y el de denuncias sigue reduciéndose ante la falta de confianza de las mujeres víctimas de violencia de género en la justicia.

Amnistía Internacional destaca que no todas las mujeres son informadas adecuadamente sobre sus derechos, la falta de diligencia en la investigación judicial, la contradenuncia como estrategia de impunidad o el déficit en la disponibilidad y la calidad de la asistencia letrada.

La organización también señala la existencia de prejuicios y trato irrespetuoso en la obtención del testimonio de las víctimas y ha podido contrastar que en casos de violencia psicológica y/o sexual o de violencia habitual, sin lesiones físicas recientes, existen aún mayores dificultades para que las denuncias de las víctimas prosperen.

Como consecuencia de estos obstáculos, el impacto negativo en el proceso de recuperación de las mujeres es mayor, así como la pérdida de confianza en la justicia y la búsqueda de protección al margen del sistema judicial. Además, con los sobreseimientos y la absolución de los agresores, éstos se sienten más legitimados. Así mismo, la falta de evaluación de los Juzgados de Violencia consolida las malas prácticas profesiones.

Amnistía Internacional insta al Estado español a llevar a cabo un estudio en profundidad sobre la garantía de los derechos de las víctimas ante la justicia, asegurar la especialización de los órganos judiciales encargados de violencia de género y garantizar la disponibilidad y calidad de la asistencia letrada a las víctimas, entre otros asuntos.

(Escuchar rueda de prensa de presentación del informe: audio.urcm.net/Cuando-la-jus...)

España: El derecho a una vivienda adecuada, ausente del Real Decreto sobre desahucios

Continuamos en España. Las medidas adoptadas por el Gobierno a través del Real Decreto aprobado sobre los desahucios son claramente insuficientes. Amnistía Internacional espera que durante su trámite parlamentario se solventen de forma definitiva.

Con este Real Decreto, el derecho a una vivienda adecuada sigue siendo clandestino, no se reconoce como tal y se solventa con medidas cortoplacistas y de carácter caritativo. El Real Decreto no alude ni una sola vez al derecho a una vivienda adecuada ni la necesidad de realizar una evaluación del impacto de los desalojos en las personas.

En cuanto al fondo social de viviendas que crea esta norma, no se establece un calendario claro ni una hoja de ruta definida. Además, el Real Decreto no exige al Gobierno información clave en materia de vivienda, como la actualización del censo de viviendas vacías, que data del 2001, ni de otro tipo de información con la que dar una respuesta habitacional eficaz para las personas ya desalojadas.

En suma, el Gobierno vuelve a desoír las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda y reincide en el incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia del derecho a una vivienda adecuada. Amnistía Internacional ha recorado que la normativa internacional prohíbe los desalojos sin garantías de protección de los derechos humanos.

República Democrática del Congo: Urge proteger a los civiles cuando decenas de miles huyen de la escalada del conflicto

Pasamos al conflicto de la República Democrática del Congo. Ante su intensificación, los combatientes de todas las partes enfrentadas deben tomar medidas para proteger a los civiles de los ataques. Decenas de miles de personas ya han huido, incluidos muchos que ya estaban desplazados, y la situación humanitaria y de seguridad ha sufrido un drástico deterioro desde que el 15 de noviembre se reanudaron los combates entre el M23 y el ejército congolés.

Desde la creación del M23 en abril de 2012, Amnistía Internacional ha documentado numerosos abusos contra los derechos humanos atribuidos a sus combatientes, como homicidios ilegítimos, reclutamiento forzoso de menores de edad y adultos jóvenes, y violación. Los recientes enfrentamientos ponen fin a tres meses de tregua de facto entre el ejército nacional y el M23. La organización ha señalado que la MONUSCO tiene el firme mandato de garantizar la protección de los civiles sometidos a una amenaza inminente de violencia física, incluido el personal humanitario. Las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU deben hacer más esfuerzos para evitar la catástrofe en materia de protección civil que se avecina.

Esos esfuerzos deben ir acompañados de medidas concretas por parte de la comunidad internacional para poner fin a las infracciones del embargo de armamento de la ONU y para impedir que se suministren armas a los grupos armados del este de la República Democrática del Congo. A pesar de que Ruanda y Uganda han violado el embargo de armas de la ONU, el Consejo de Seguridad todavía no ha adoptado medidas concretas de presión a ambos países para que suspendan su apoyo al M23.

Bahréin: Rotas las promesas de reforma, se desata la represión

La última parada es Bahréin, que está en una difícil encrucijada entre el Estado de derecho o la caída en una espiral de represión e inestabilidad. Esta es la principal conclusión del último informe de Amnistía Internacional sobre el país, coincidiendo con el primer aniversario del histórico informe de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin, creada por las autoridades del país para investigar los abusos que tuvieron lugar durante las protestas contra el gobierno de 2011.

El informe de la Comisión halló responsable al gobierno de Bahréin de graves violaciones de derechos humanos y documentó numerosos abusos. También formuló una serie de recomendaciones, entre otras que las autoridades exigieran responsabilidades a los responsables de los abusos contra los derechos humanos y llevaran a cabo investigaciones independientes sobre las denuncias de tortura y otras violaciones. Tras la publicación del informe de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin, el gobierno se comprometió a poner en práctica las recomendaciones.

Pero, como se desprende del informe de Amnistía Internacional, en vez de cumplir estas promesas, las autoridades se apresuraron a consolidar la represión, que culminó en octubre de 2012 con la prohibición de todas las concentraciones y reuniones en el país, violando con ello la libertad de expresión y reunión pacífica, y en noviembre con la retirada de la nacionalidad bahreiní a 31 figuras de la oposición.

La organización ha señalado que con el país sumido en los disturbios y en medio de una inestabilidad creciente, la comunidad internacional tiene la obligación de condenar lo que está sucediendo en Bahréin y dejar de utilizar el informe de la Comisión de Investigación Independiente como escudo para evitar tener que criticar a las autoridades bahreiníes.

 

Más información en www.actuaconamnistia.org

 

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