La destacada defensora de los derechos humanos Yara Sallam y la conocida activista Sanaa Seif figuran entre los 22 acusados de tomar parte en una protesta no autorizada encaminada a amenazar “el orden público”, entre otros cargos falsos, a pesar de que Yara Sallam ni siquiera participó en ella. Si son declaradas culpables, las activistas podrían ser condenadas a hasta cinco años de cárcel.
“Este juicio para la galería, basado en pruebas muy cuestionables, es el último ejemplo de la determinación de las autoridades egipcias a reprimir las protestas pacíficas y cualquier forma de disidencia”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Todos los activistas que están en el punto de mira por el mero hecho de desafiar la ley sobre manifestaciones deben quedar en libertad. Es inaceptable que se detenga a alguien por ejercer pacíficamente el derecho a la libertad de expresión y reunión.”
Yara Sallam fue detenida junto con su primo mientras compraban una botella de agua el 21 de junio en el barrio de Heliopolis de El Cairo, donde se desarrollaba una protesta.
El primo de Yara quedó en libertad al día siguiente, pero a ella la mantuvieron detenida tras descubrir las fuerzas de seguridad que trabaja en la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, una destacada organización de derechos humanos de Egipto.
“Egipto debe retirar los grotescos cargos contra Yara Sallam, que ni siquiera participaba en la protesta en cuestión”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.
“La inquietante verdad es que la activista parece haber sido procesada sólo por su trabajo en el ámbito de los derechos humanos. Yara Sallam es presa de conciencia y debe quedar en libertad incondicional inmediatamente, tras retirarse todos los cargos contra ella.”
Los abogados de los otros 21 acusados han dicho a Amnistía Internacional que las pruebas contra ellos –incluidas pruebas audiovisuales– no muestran ninguna actuación violenta por su parte durante las manifestaciones.
“Las autoridades tienen un historial de detenciones sin fundamento, juicios por motivos políticos y condenas basadas en pruebas dudosas. Es muy probable que todos los manifestantes del grupo sean presos de conciencia, detenidos por atreverse a desafiar lo que de hecho es una prohibición de las manifestaciones en Egipto”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.
“Si hay suficientes pruebas reales de actos delictivos violentos que puedan presentarse ante los tribunales contra cualquiera de los manifestantes, éstos podrán ser juzgados sólo por delitos comunes reconocibles, y en actuaciones que se ajusten plenamente a las normas internacionales sobre juicios justos.”
Las vistas judiciales de los 22 activistas se convocaron en el Instituto de Policía de Tora, edificio anexo al complejo penitenciario del mismo nombre, donde están detenidos la mayoría de los acusados, y no en una sala de juicios. Las autoridades han impedido asistir al juicio a los familiares de los 22 acusados.
“Juzgar a los acusados en el Complejo Penitenciario de Tora sin permitir la asistencia de público socava la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo y público, y vulnera el derecho internacional y las leyes egipcias”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.
Los abogados también dijeron a Amnistía Internacional que durante la última vista del 11 de octubre los acusados no podían oír lo que se decía en el juicio ni comunicarse con sus abogados, ya que se lo impedía una pantalla de cristal ahumado de reciente instalación que los separaba del resto de la sala.
Además, el juez rechazó reiteradas peticiones de los abogados para que sus clientes quedaran en libertad provisional, a pesar de que no hay ninguna razón válida para que estén en prisión preventiva.
Amnistía Internacional cada vez tiene más pruebas de que las autoridades egipcias utilizan la detención preventiva durante largos periodos, en ocasiones de más de un año, sin justificación alguna. La organización teme que la estén utilizando como medida punitiva para castigar la disidencia.
La detención preventiva sólo puede utilizarse cuando queda establecido que existe un peligro sustancial de huida, daños a terceros o interferencia con la investigación o las pruebas que no pueda resolverse por otras medidas que no sean privativas de libertad. Se debe revisar constantemente la legalidad y la necesidad de la detención en cada caso.
El mes pasado, el presidente Abdel Fattah El Sisi pronunció un discurso en la ONU afirmando que el “nuevo Egipto” respetaría la libertad de expresión, velaría por el Estado de derecho, respetaría la Constitución y garantizaría la independencia de la judicatura.
Información complementaria
Los manifestantes se dirigían hacia el palacio presidencial de El Cairo el 21 de junio cuando fueron atacados por grupos de hombres vestidos de civil.Las fuerzas de seguridad detuvieron a 24 personas mientras disolvían a los manifestantes. Una de ellas quedó en libertad, y otra, Islam Tawfik Mohamed Hassan, de 16 años, está siendo juzgado por un tribunal juvenil.
Yara Sallam y otras seis mujeres juzgadas en este caso, están detenidas en la prisión de al-Qanater. Los hombres están detenidos en la prisión de Tora. Contra los 23 acusados se han presentado cargos por daños a la propiedad, exhibición de fuerza para sembrar el terror entre los viandantes y poner en peligro sus vidas y participación en una reunión de más de cinco personas a fin de amenazar la “paz pública” y cometer delitos.
El padre de Sanaa Seif, el abogado de derechos humanos Ahmed Seif al Islam, falleció el pasado agosto. Sanaa emprendió una huelga de hambre en protesta por la negativa de las autoridades a dejarla acompañarlo en sus últimas horas.
La Ley Reguladora del Derecho a las Concentraciones Públicas, las Procesiones y las Protestas Pacíficas de Egipto fue aprobada por el anterior presidente Adly Mansour en noviembre de 2013. En virtud de esta ley draconiana, quienes organicen una protesta deben presentar sus planes a las autoridades, que pueden cancelarla o modificar el itinerario propuesto para la manifestación. La ley también da a las fuerzas de seguridad facultades para utilizar fuerza letal excesiva contra las protestas pacíficas no autorizadas y detener a manifestantes pacíficos.
