La muerte de 500 personas tras recibir descargas de armas Taser a manos de la policía pone de relieve la necesidad de unas normas más estrictas que limiten el uso de estas armas a la hora de hacer cumplir la ley, ha declarado Amnistía Internacional.
Según los datos recogidos por Amnistía Internacional, al menos 500 personas han fallecido en Estados Unidos desde 2001 tras recibir descargas de armas Taser durante su detención o mientras estaban en prisión.
El 13 de febrero, Johnnie Kamahi Warren se convirtió en la última persona fallecida después de que un policía en Dothan (Alabama) usara un arma Taser contra él al menos dos veces. Según los informes, Warren, de 43 años, que iba desarmado y presuntamente en estado de embriaguez, dejó de respirar poco después de recibir las descargas y fue declarado muerto en el hospital menos de dos horas después.
“De las cientos de personas que han perdido la vida en Estados Unidos tras el uso por la policía de armas Taser, se puede concluir que en decenas, y posiblemente veintenas de casos se hizo un uso indebido de la fuerza”, ha afirmado Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
“Esto es inaceptable, y ya es imperioso que se impongan unas directrices más estrictas sobre su uso.”
Unas directrices nacionales estrictas sobre el uso por la policía de las armas Taser y armas incapacitantes similares —conocidas también como dispositivos de energía conducida (CED, por sus siglas en inglés)— sustituirían efectivamente las miles de políticas individuales que siguen ahora los organismos de orden público estatales y locales.
Las fuerzas policiales de Estados Unidos permiten actualmente un uso generalizado de las armas Taser, a menudo en situaciones que no justifican un grado tan elevado de fuerza.
Los organismos de orden público defienden el uso de las armas Taser alegando que salvan vidas y que se pueden usar para someter a sospechosos peligrosos o que se niegan a cooperar.
No obstante, Amnistía Internacional cree que estas armas sólo deberían usarse como alternativa en situaciones en las que la policía consideraría, de lo contrario, el uso de armas de fuego.
En un informe publicado en 2008, EE. UU. — Armas paralizantes en la aplicación de la ley, Amnistía Internacional examinó los datos de cientos de muertes producidas tras el uso de armas Taser, incluidos 98 informes de autopsias y estudios sobre la seguridad de estos dispositivos.
Entre los casos analizados, el 90 por ciento de los fallecidos eran personas desarmadas. Muchas de las víctimas fueron objeto de múltiples descargas.
La mayoría de las muertes se han atribuido a otras causas. Sin embargo, los forenses citan las armas Taser como causa o factor contribuyente de más de 60 fallecimientos, y hay varios casos más en los que se desconoce la causa exacta de la muerte.
Algunos estudios y expertos médicos han concluido que el peligro de efectos adversos de las descargas de un arma Taser es mayor en personas que sufren enfermedades cardiacas o cuyos organismos corren más riesgo debido a una intoxicación por drogas o después de una pelea.
“Aun cuando las muertes causadas directamente por descargas de un arma Taser son relativamente poco frecuentes, los efectos adversos pueden producirse con gran rapidez y sin previo aviso, y ser imposibles de revertir”, declaró Susan Lee.
“Teniendo en cuenta tales riesgos, estas armas deberían emplearse siempre con gran prudencia, en situaciones en las que no se disponga de alternativas menores.
Siguen llegando informes sobre agentes de policía que infligen descargas múltiples o prolongadas pese a las advertencias de que este uso podría aumentar el riesgo de efectos adversos en el corazón o el aparato respiratorio.
Entre los fallecidos el pasado año figuran Allen Kephart, de 43 años, que murió en mayo de 2011 después de que la policía le diera el alto por una presunta infracción de tráfico en el condado de San Bernardino (California). Kephart falleció después de que tres policías le sometieran a hasta 16 descargas. Los agentes fueron absueltos posteriormente de conducta indebida.
En noviembre de 2011, en Carolina del Norte, Roger Anthony se cayó de su bicicleta y murió después de que un policía le disparase con una pistola paralizante. Según los informes, el agente aplicó la descarga porque Anthony —que tenía una discapacidad y problemas de audición— no obedeció la orden de detenerse.
Ninguno de los dos hombres iba armado cuando la policía les infligió las descargas.
“Lo más inquietante sobre el uso por la policía de armas Taser es que la mayoría de las personas que posteriormente murieron no representaban una amenaza grave cuando la policía les sometió a las descargas”, concluyó Susan Lee.
