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En los últimos ocho años, Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado un serio retroceso en el ejercicio del derecho a la protesta en España.

Esto se debe a varios motivos: la reforma del Código Penal, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y el mayor poder que tiene la policía para decidir sobre manifestaciones pacíficas.

Además, se ha abusado del uso de armas como pelotas de goma o proyectiles "foam", y se ha vuelto frecuente la interpretación de los tribunales a favor de la versión policial así como las contradenuncias de policías contra manifestantes que denuncian abusos.

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