Sierra Leona accedió a ratificar varios tratados internacionales de derechos humanos, pero no aceptó una serie de recomendaciones formuladas durante el examen periódico universal de la ONU. Siguieron imponiéndose restricciones injustificadas a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. La violencia contra las mujeres y las niñas era generalizada, y a las niñas embarazadas se les prohibía asistir a la escuela, lo cual incluía presentarse a exámenes. Las tensiones por las disputas sobre el uso de la tierra se iban intensificando.
Después de haberse sometido en abril a su segundo examen periódico universal, Sierra Leona aceptó 177 de las 208 recomendaciones formuladas.1 Entre estas figuraba la ratificación de tratados Internacionales de derechos humanos, tales como los protocolos facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Sierra Leona accedió a derogar o revisar las leyes que se utilizaban para restringir la libertad de expresión y de asociación, pero rechazó prohibir por ley la mutilación genital femenina, permitir que las niñas embarazadas asistieran a la escuela o garantizar los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.2 En septiembre, Sierra Leona se sometió al examen del Comité de los Derechos del Niño, que formuló diversas recomendaciones relativas a hacer frente a la explotación sexual y la mutilación genital femenina.
Siguieron imponiéndose restricciones injustificadas a la libertad de expresión, de reunión y de asociación.
El 27 de abril, Día de la Independencia, 29 personas fueron detenidas y permanecieron recluidas durante más de una semana tras una marcha organizada por el opositor Partido Popular de Sierra Leona. La policía alegó que la marcha no estaba autorizada y utilizó gas lacrimógeno para detenerla. Varias personas resultaron heridas, entre ellas la líder de las mujeres Lulu Sheriff. En agosto, 6 de las 29 personas fueron condenadas a 6 meses de prisión (y una, a 9 meses) por marcha ilegal y alteración del orden, entre otros cargos. Todas ellas recurrieron la sentencia condenatoria. Continuó el juicio de las demás.
El juicio de 15 miembros del Partido Popular de Sierra Leona y un alto cargo de la Comisión de Derechos Humanos, detenidos en la ciudad de Kenema el Día de la Independencia de 2015 tras una protesta, no había concluido al terminar 2016.
En julio, la policía no autorizó una concentración de grupos de mujeres ante un centro de convenciones de la capital, Freetown, durante el proceso de revisión constitucional, en la que iban a pedir que se incluyera una mayor protección de los derechos de género en el proyecto de Constitución.
El 24 de julio, el periodista Sam Lahai fue detenido durante dos días por la policía después de plantear en las redes sociales dudas sobre la función del viceministro del Interior. Quedó en libertad bajo fianza tras la intervención de la Asociación de Periodistas de Sierra Leona, que llevaba muchos años pidiendo reformas en la restrictiva legislación penal contra la difamación.
En agosto, dos personas murieron por disparos y varias resultaron heridas a manos de la policía en Kabala durante una protesta por la pérdida de un centro de formación profesional para jóvenes que estaba previsto que abriese. Tras el incendio de varios edificios, se impuso un toque de queda. Un total de 17 personas fueron juzgadas por delitos tales como incendio provocado y alteración del orden. La recién creada Junta Independiente de Denuncias contra la Policía puso en marcha una investigación sobre unas denuncias según las cuales la policía había hecho uso excesivo de la fuerza. Las recomendaciones formuladas por la Junta al director de la fiscalía y al inspector general de la Policía no se hicieron públicas.
Se propuso un reglamento sobre ONG que contenía disposiciones que, según los defensores y defensoras de los derechos humanos, restringían las actividades de esas organizaciones.
Los índices de violencia contra las mujeres y las niñas seguían siendo elevados. Algunas organizaciones especializadas que brindaban apoyo a las mujeres y las niñas corrían peligro de tener que cerrar por dificultades de financiación.
En marzo, el presidente Koroma se negó a firmar un proyecto de ley que legalizaba el aborto en determinadas situaciones, a pesar de que el Parlamento lo había aprobado dos veces.3
Sierra Leona tenía una tasa muy alta de mutilación genital femenina. Pese a que la prohibición de practicarla impuesta durante la crisis del ébola no se levantó oficialmente durante 2016, la mutilación genital de mujeres y niñas seguía siendo habitual.
En septiembre, una mujer cercana a la treintena fue sometida a mutilación genital femenina en Kenema y permaneció encerrada en una casa durante cuatro días. Tras ser rescatada por la policía, decidió ocultarse. La mujer acusada de haberle realizado los cortes fue detenida por la policía, pero quedó en libertad después de que varias mujeres que realizaban esta práctica organizaran una protesta ante la comisaría policial.
Las niñas embarazadas tenían prohibido asistir a la escuela normal y presentarse a los exámenes, lo que violaba su derecho a la educación y a no sufrir discriminación. Estas niñas solamente podían participar en un “plan de educación alternativa temporal” a tiempo parcial que ofrecía un currículo reducido. Este plan temporal terminó en agosto, pero se esperaba que continuara en forma de un nuevo plan. Muchas niñas que habían dado a luz no podían pagar las tasas escolares requeridas para reanudar sus estudios.4
En septiembre, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, instó a Sierra Leona a levantar inmediatamente la discriminatoria prohibición de que las niñas embarazadas asistieran a las escuelas del sistema general de educación y se presentaran a exámenes, y a garantizar que tanto ellas como las madres adolescentes recibieran apoyo para proseguir con su educación en las escuelas ordinarias.5
Las tensiones por los conflictos de tierras iban en aumento. En febrero, seis personas fueron condenadas a seis meses de prisión o a multas por destruir palmas de aceite durante unas protestas que tuvieron lugar en 2013 en el distrito de Pujehun contra un proyecto de aceite de palma gestionado por la empresa Socfin. Los propietarios y propietarias de las tierras aseguraban que no habían dado su consentimiento a la adquisición de éstas.
También en febrero, el Tribunal Superior ordenó a una empresa china, Orient Agriculture Limited, devolver 601 hectáreas de tierra a alrededor de 70 familias de la jefatura de Nimiyama (distrito de Kono). La empresa había firmado un acuerdo en 2013 con el jefe supremo y los líderes locales para comprar tierra barata sin el conocimiento de los propietarios de las tierras.