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España: SOS por el derecho a la vivienda

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El pasado 1 de marzo el Gobierno adoptó el Real Decreto Ley 7/2019 medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (RDL).

Este RDL contiene varios aspectos positivos que mejoran la protección de las personas inquilinas y revierte la tendencia de las sucesivas reformas de la LAU que desde 2009 habían ido mermando los derechos de las personas que alquilan una vivienda. Entre las medidas positivas destacan la ampliación del plazo de los contratos, la limitación de la actualización del importe del alquiler en base a lo establecido por el IPC, la mejora en la coordinación entre juzgados y servicios sociales y medidas fiscales para movilizar viviendas desocupadas de manera permanente.

Sin embargo, este texto normativo está lejos de ser la solución jurídica y política necesaria para afrontar la crisis del derecho a la vivienda que existe actualmente en España.

Amnistía Internacional seguirá trabajando por la defensa del derecho a la vivienda y para que las distintas administraciones adopten medidas para mejorar las garantías de protección del mismo e incrementos los recursos destinados a la vivienda social de alquiler.

Petición antes del cierre

El derecho a la vivienda en España está en crisis. Desde el comienzo de la crisis económica en 2008, cientos de miles de personas han perdido su hogar.

La crisis del derecho a la vivienda no afecta a todas las personas por igual. Tiene un efecto añadido sobre mujeres, especialmente las que encabezan los hogares monoparentales maternos, mujeres con discapacidad, o víctimas de violencia de género.

Casi una década después del inicio de la crisis económica, el gobierno español no ha mejorado la protección del derecho a la vivienda. Tampoco ha adoptado medidas suficientes para proteger a las personas que han sufrido un desalojo.

Cuando las personas necesitaban más que nunca acceder a una vivienda social después de haber sufrido un desalojo, se han encontrado con un muro. España sólo dedica un 2% del parque de viviendas a la vivienda social. Por lo que la mayoría de las personas no cuenta con una vivienda social cuando hace frente a un desalojo.

Es hora de adoptar medidas urgentes para poner fin a la crisis del derecho a la vivienda.