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© AI. Día Internacional de la Mujer, Londres, 2018.

Derechos sexuales y reproductivos

Sea quien sea y viva donde viva, las decisiones que afecten al cuerpo de las mujeres y niñas, son suyas.

Todas las personas tenemos derecho a ejercer el libre control sobre nuestra sexualidad y reproducción sin sufrir discriminación, coacción ni violencia. Esto incluye:

  • acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de contracepción;
  • elegir si deseo casarme, cuándo y con quién;
  • decidir si quiero tener hijos y cuántos, lo cual incluye poder interrumpir un embarazo no deseado
  • vivir libre de violencia y prácticas que buscan dominar mi cuerpo y mi sexualidad como la violencia sexual, la mutilación genital y los matrimonios forzados.

El problema de los derechos sexuales y reproductivos

En todo el mundo, a millones personas se les impide ejercer los derechos sexuales y reproductivos o son perseguidas si se atreven a hacerlo. Numerosos gobiernos, grupos religiosos, líderes políticos, o incluso personas cercanas intentan dictar a quién podemos besar, a quién podemos amar, cómo debemos vestirnos, cuándo podemos tener hijos y cuántos. La falta de control sobre el propio cuerpo y la sexualidad tiene un tremendo impacto especialmente en la vida de las mujeres y las niñas, pero también se ceba con las personas gays, lesbianas, transgénero, bisexuales o intersexuales.

DATOS Y CIFRAS

47.000

47.000 mujeres embarazadas mueren cada año por complicaciones derivadas de abortos en condiciones de riesgo (OMS 2020)

16 M+

Todos los años dan a luz más de 16 millones de adolescentes, debido principalmente a relaciones sexuales forzosas y embarazos no deseados (OMS 2020).

200 M+

Más de 200 millones de mujeres y niñas han sido mutiladas y 68 millones de niñas corren el riesgo de sufrir la mutilación genital femenina antes de 2030 (UNICEF).

Países donde se vulneran los derechos sexuales y reproductivos

Las niñas embarazadas siguen estando excluidas de la escuela en países como Guinea Ecuatorial o Tanzania, con el riesgo cierto de que abandonen definitivamente los estudios y se las obligue a contraer matrimonio. El propio embarazo es causa de la falta de educación sexual cuando no de violencia. Son niñas a las que se les roba el futuro.

Si eres niña es probable que tu infancia no dure mucho si vives en países como Burkina Faso, Sudán del Sur, República Centroafricana, Yemen o Bangladesh. Cada día más de 34.000 niñas contraen matrimonio antes de cumplir los 18 años.

La mutilación genital femenina es habitual en países como Somalia, Guinea, Sierra Leona o Egipto, pero también en Irak, India, Malasia o Indonesia. Incluso se estima que en Europa unas 180.000 mujeres y niñas corren el riesgo de ser sometidas a esta práctica todos los años, según datos del Parlamento Europeo. Las consecuencias son gravísimas para su salud: sufren dolor severo, hemorragias e infecciones. Se limita su capacidad para el disfrute del placer sexual y se pone en riesgo su vida.

Una de cada tres mujeres en la Unión Europea sufre violencia sexual. En España, se estima que más de 1,8 millones de mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia sexual por parte de alguna pareja o expareja a lo largo de sus vidas. Pero las mujeres que se atreven a denunciar la violencia sexual se enfrentan, además de a la propia agresión, a un duro y largo camino marcado por la violencia institucional en todas las etapas. Un terrible recorrido plagado de obstáculos que les suponen dificultades casi insalvables cuando acuden a la comisaria, al hospital o durante el juicio. En muchas ocasiones, las víctimas son maltratadas por quienes deberían garantizar su recuperación y el acceso a la justicia.

Las mujeres que viajan a Europa huyendo de la guerra y la persecución corren grave riesgo de sufrir acoso físico, verbal y sexual por los traficantes de personas. Las mujeres, niños y niñas son el 60% de quienes llegaron a Grecia en 2018.

Una mujer dijo a Amnistía Internacional en el campo de Vathy, en Samos: “La puerta de la ducha no tiene cerradura. Los hombres entran cuando estás dentro. No hay luces en los sanitarios. Si es de noche, a veces voy a los sanitarios con mi hermana, o bien orino en un balde”.

En El Salvador, el aborto está prohibido en todas las circunstancias, incluso si el embarazo es fruto de violación. En la cárcel hay mujeres condenadas a 40 años acusadas de homicidio agravado (el aborto se equipara con el homicidio de un menor).

Esta ley injusta castiga a las mujeres en situación más vulnerable. Mª Teresa Rivera es una de estas mujeres. “Sentí un dolor muy fuerte y la necesidad de ir al baño. Ahí fue cuando el niño se me fue. Yo miré a mí alrededor y vi que estaba bañada en sangre. Me desmayé”.  La llevaron al centro de salud, donde fue detenida y esposada a la cama. Los médicos la acusaron de haberse provocado un aborto y llamaron a la policía. Pasó en la cárcel cuatro años y seis meses.

Después pidió protección internacional y asilo en Suecia: “Me dijeron que una condena a 40 años por abortar es tortura”. Hoy vive cerca de Estocolmo con su hijo adolescente.

CÉLINE: “USARÉ ANTICONCEPTIVOS EN SECRETO”

“Habría querido usar anticonceptivos para asegurar intervalos mayores entre mis hijos. Pero mi esposo se negó. Entonces me negué a tener relaciones sexuales con él durante mi periodo fértil. Mi esposo se enojó y me golpeó, pero no cedí.

Cuando hay intervalos entre los hijos, se crían con buena salud.

Mis amigas me hablan del costo de los anticonceptivos. Si consigo el dinero, comenzaré a usar anticonceptivos en secreto.”

Céline tiene 26 años y es madre de cuatro hijos.

En Eslovaquia y en Polonia, en plena crisis sanitaria causada por la COVID-19, sus respectivos parlamentos debaten hacer más difícil el acceso al aborto aprobando nuevas leyes todavía más restrictivas que las que ya están en vigor.

Sandra Grzelaszyk, de 20 años, hace campaña en Polonia por los derechos de las mujeres, especialmente el acceso al aborto: “Los dirigentes están utilizando la pandemia para aumentar su poder o cambiar la ley. Nos enfadaba enormemente que el gobierno pudiera hacer algo así durante un momento tan difícil para todo el mundo, sin que la ciudadanía tuviese la posibilidad de expresar sus objeciones”.

En EEUU, el estado de Texas ha decidido dar marcha atrás drásticamente en el derecho al aborto bajo el pretexto de frenar la propagación de la COVID-19.

Con la pandemia por COVID-19, se corre el riesgo de que se vulneren aún más los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas en todo el mundo. La ONU ha trazado un sombrío panorama de lo que está por llegar.

Los confinamientos durante un periodo de seis meses podrían dejar a 47 millones de mujeres de todo el mundo sin la posibilidad de acceder a anticonceptivos.

El cierre de las escuelas, la suspensión de los programas para prevenir la mutilación genital femenina y la crisis económica mundial podrían dar como resultado dos millones de casos de mutilación genital femenina y 13 millones de matrimonios forzados que, de otro modo, podrían haberse evitado.

A su vez los meses de encierro podrían sumar 31 millones de nuevos casos de violencia de género contra mujeres y niñas y siete millones de embarazos no deseados.

Países como Chile y México han informado de aumentos de más del 50 por ciento en las llamadas a las línea de asistencia telefónica de emergencia para mujeres víctimas y supervivientes de violencia.

¡Paso a paso, país a país, lo estamos logrando!

Aunque queda mucho hacer, y aunque algunos gobernantes y personas en posiciones de poder se empeñan en seguir controlando nuestros cuerpos, no lo vamos a permitir. Y cada día seguimos logrando importantísimos avances gracias a la incansable labor de valientes activistas que defienden los derechos humanos y a miles de personas de toda condición que en todo el mundo no se callan ante estos flagrantes abusos.

En marzo de 2020 Sierra Leona levantó la prohibición para que las niñas embarazadas puedan ir a la escuela. Esta gravísima vulneración del derecho a la educación había estado vigente desde 2015.

Evelyn salió del laberinto al que le sometió la justicia en El Salvador. Evelyn Hernández fue condenada en julio de 2017 a 30 años de prisión por cargos de homicidio agravado tras sufrir complicaciones obstétricas que le provocaron un aborto. En agosto de 2019 se revocó la sentencia y fue declarada inocente, pero la fiscalía recurrió, con el riesgo de volver a la cárcel.  Finalmente, en junio de 2020 un tribunal confirmó la sentencia absolutoria y quedó en libertad, pero había pasado cuatro años encarcelada.         
                                                                                                                                   
La ley aprobada en Chile a finales de 2017 que abre los supuestos en los que es posible abortar y las grandes movilizaciones de mujeres en Argentina para despenalizar el aborto y el compromiso del gobierno a hacerlo –frenados ambos por la COVID-19-, abren esperanzas en América Latina, donde todavía hay seis países que lo prohíben: República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam.

En Marruecos, la periodista Hajar Raissouni, condenada a un año de prisión por un aborto “ilegal”, fue liberada antes de cumplir la condena, en octubre de 2019, junto a su novio y tres profesionales de la medicina implicados en el caso.  La presión y movilización internacional y en su país forzaron a que se les concediera un indulto real.

En Irlanda del Norte, desde febrero de 2020 y por primera vez las parejas del mismo sexo pueden inscribirse en el registro para contraer matrimonio. Taiwán se convirtió en el primer lugar de Asia que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en mayo de 2019.

Ese mismo año, en África, en Botsuana, un Tribunal Superior dictó una sentencia que despenalizó las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo. Y un año antes, en India, el Tribunal Supremo falló en el mismo sentido declarando que toda discriminación basada en la orientación sexual es una violación de los derechos fundamentales.

Hay avances para que el sexo sin consentimiento sea considerado violación. Aunque la mayoría de países europeos no reconocen en sus legislaciones este criterio, se empiezan a sumar más países a la minoría que sí lo reconoce (Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Chipre, Alemania, Islandia, Luxemburgo y Suecia). En 2019 Portugal y Grecia modificaron sus leyes para reconocer que el sexo sin consentimiento constituye violación. Dinamarca, Finlandia y España se han comprometido a hacerlo.

El premio Nobel de la Paz concedido en 2018 al médico congolés Denis Mukwege y a la defensora yazidí Nadia Murad puso de manifiesto cómo las mujeres y niñas son utilizadas como “armas de guerra” y la violencia sexual que sufren en los conflictos armados. Miles de mujeres supervivientes de violación y violencia sexual en la República Democrática del Congo se han recuperado de sus lesiones físicas gracias al doctor Mukwege.

 A su vez, el testimonio de Nadia Murad ante las Naciones Unidas ha mostrado los inimaginables horrores sufridos por las mujeres y las niñas yazidíes mantenidas en cautiverio y sometidas a esclavitud sexual por el llamado Estado Islámico en Irak. El activismo de Denis y Nadia hace que las mujeres que sobrevivieron a la violencia sexual y otros abusos no sean silenciadas ni ignoradas.
 

¿Qué hace Amnistía Internacional?

Amnistía Internacional investiga y hace campaña para que los Estados garanticen que todas las personas podamos disfrutar de los derechos sexuales y reproductivos, yque se aseguren de que nadie nos vulner estos derechos.
Poder decidir sobre nuestra salud, nuestro cuerpo y nuestra vida sexual es un derecho humano.
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