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Derechos de las mujeres y niñas

Las mujeres son la mitad de la población mundial y tienen los mismos derechos que los hombres.

Tienen derecho a no sufrir discriminación ni violencia por el hecho de haber nacido mujeres. Tienen derecho a no ser maltratadas ni asesinadas por sus parejas o ex parejas, a no vivir con el miedo constante a ser agredidas sexualmente con impunidad, a no ser discriminadas en el trabajo ni en el acceso a los recursos económicos y de producción, a vestirse como quieran, a estudiar lo que quieran, a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción sin coacción ni presiones. Tienen derecho a expresarse libremente, a hablar alto y reclamar sus derechos sin miedo a ser encarceladas, perseguidas o asesinadas por ello.

«Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos».
Artículo 1, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948

Hace 70 años, las naciones del mundo adoptaron el compromiso de fomentar los derechos humanos y libertades sin distinción de sexo, raza, idioma y religión. Desde entonces se han puesto en marcha numerosos mecanismos y leyes, a nivel internacional, regional y nacional, para asegurar que dichos derechos y libertades llegan de manera efectiva a esa mitad de la población, las mujeres.

  • En 1979 se aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumento clave de Naciones Unidas en la protección de los derechos de las mujeres.
     
  • Desde 2000 se han aprobado ocho resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el impacto desproporcionado de los conflictos en las mujeres y las niñas y que promueven su participación en el mantenimiento de la paz.
     
  • En 2010 se creó ONU Mujeres, organismo de Naciones Unidas centrado en impulsar la igualdad de género en el mundo.
     
  • En 2011 se aprobó el Convenio de Estambul, con el objetivo de abordar todas las formas de violencia hacia las mujeres en Europa.
     
  • En 2015 se aprobó  la Agenda 2030  para el Desarrollo Sostenible que incluyó la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres dentro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
     
  • En 2018 el Foro Económico Mundial hizo un llamamiento para que ese año fuera “el año en que las mujeres prosperen”, dando luz a otro ámbito, el laborar y económico en el que también son discriminadas.
  • En 2018 la Comisión Europea puso en marcha la plataforma “European Network for Women in Digital” PARA reducir la brecha de género digital en la UE.

  • En 2018 el Consejo de Europa publicó su segunda Estrategia de Igualdad de Género que busca la igualdad de hombres y mujeres en todos los niveles.

Y en España:

  • En 2004 se aprobó una ley integral contra la violencia de género.
     
  • En 2017 se acordó un pacto de Estado orientado a abordar las deficiencias aún existentes en la protección efectiva de las mujeres.
     
  • En 2018 el Real Decreto Ley 9/2018 establece medidas urgentes para dar respuesta más efectiva a las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas menores.

  • En 2019 se anunció la elaboración de una nueva Estrategia para Combatir las Violencias Machistas. 


  • En 2020 se impulsó un Plan de Contingencia contra la violencia de géneroante la crisis del COVID-19.

En España, la violencia contra las mujeres es una de las violaciones de derechos humanos más habitual.

El problema

Las mujeres sufren discriminación y violencia continuamente, ya sea institucionalizada por ley o en la práctica, ¡incluso en países con leyes que garantizan la igualdad! Y aunque se han conseguido avances significativos, en ningún país del mundo se ha alcanzado la plena igualdad de género.

En numerosos lugares del mundo a las mujeres se les niega la igualdad de derechos, lo que limita su autonomía y poder de decisión, su acceso a la justicia, a la educación, a la salud y a los recursos económicos, en un intento de convertirlas en ciudadanas de segunda. También son perseguidas por exigir sus derechos y alzar la voz contra la injusticia, por difundir información e ideas o, incluso, por su forma de vestir.

La falta de acceso en igualdad a la participación en la vida pública y política hace más difícil que las voces de las mujeres sean escuchadas, y cuando se atreven a defender sus derechos son perseguidas, amenazadas, agredidas e incluso pagan con su vida. Además, se les dificulta el acceso a cuestiones tan vitales como la tierra y la propiedad, lo que les sume en la pobreza.

Aunque casi la mitad de la mano de obra agrícola del mundo es femenina, las mujeres poseen menos del 20 por ciento de las tierras de cultivo. Al mismo tiempo, el 60 por ciento de las personas que padecen hambre crónica en el planeta son mujeres o niñas.

Según el Banco Mundial, 104 países tienen leyes que impiden a las mujeres realizar determinados trabajos y 18, leyes que permiten a los maridos impedir legalmente el trabajo a sus esposas. Y la Organización Internacional del Trabajo estima que 740 millones de mujeres trabajan en la economía informal, sin protección legal y con acceso o limitado o nulo a los sistemas de seguridad social. Además, existen 59 países que carecen de leyes sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo. Por si no fuera poco, las mujeres siguen soportando una carga desproporcionada del trabajo no retribuido y de cuidados. El 65% de las personas sin pensión regular de jubilación son mujeres y casi 750 millones no tienen permiso de maternidad.


El número de hijos, cuándo y con quién tenerlos, o poder acceder al aborto, son cuestiones sobre las que las mujeres deberían tener la primera y la última palabra. Sin embargo, la sexualidad y la reproducción son objeto de numerosas leyes o prácticas ideadas para que otros controlen y tomen decisiones sobre el cuerpo de las mujeres, lo que hipoteca sus opciones de vida.

La violencia contra las mujeres es la consecuencia más extendida y visible de la discriminación de género y tiene múltiples formas. La violencia en las relaciones de pareja, la violencia sexual, la violación de mujeres y niñas en contextos de guerra o prácticas como la mutilación genital femenina son caras de una violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo.

Según la ONU se estima que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental (estas cifras no incluyen el acoso sexual) en algún momento de sus vidas.

La violencia sexual es, asimismo, una de las formas más significativas de la violencia contra las mujeres y la mayoría de los perpetradores gozan de impunidad. En algunos países la legislación incluso discrimina a las supervivientes, las estigmatiza y agrava su sufrimiento. En el mundo 150 millones de niñas menores de 18 años han sufrido agresión sexual, en la Unión Europea, una de cada tres mujeres ha sufrido agresiones o abusos sexuales desde los 15 años de edad. Esta cifra se agrava en los países en conflicto dónde tan solo en el año 2018, la ONU documentó más de 2.500 incidentes de violencia sexual.Las redes sociales son un nuevo escenario de abusos contra las mujeres y niñas, algo que documentó Amnistía Internacional en un informe realizado sobre Twitter en países como Argentina, India, Reino Unido y Estados Unidos. En estos espacios son frecuentes los insultos misóginos, incluidas amenazas de violación.

Los Estados deben garantizar los derechos humanos de las mujeres

Los organismos internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), entre otros, establecen que los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos humanos de las mujeres, y a prevenir, investigar y sancionar todas las formas de violencia, así como reparar a las víctimas. Pero aunque ha habido logros significativos, en ningún país del mundo se ha conseguido la plena igualdad de género.

También en España, la violencia contra las mujeres es habitual y las que se atreven a denunciar la violencia sexual se enfrentan, además, a un duro y largo camino marcado por maltrato institucional en todas las etapas.

La “Macroencuesta de violencia contra la mujer” realizada en 2019 por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género demostraba que el 11% de mujeres de 16 o más años residentes en España han sufrido violencia física por parte de su pareja sentimental y el 8,9% confirmaba haber sido víctima de violencia sexual. Esto supone que más de 2 millones de mujeres españolas afirman haber experimentado este tipo de violencia lo largo de sus vidas. Esta misma encuesta mostraba que 1 de cada 2 mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia machista.


La impunidad sigue siendo la norma cuando se trata de abusos cometidos contra los derechos de las mujeres y las niñas.

En los conflictos armados las mujeres y niñas son las víctimas invisibles, violadas, reclutadas, secuestradas, utilizadas como escudos humanos o en atentados suicidas, explotadas como esclavas sexuales, obligadas a contraer matrimonio forzado, vendidas o entregadas como “regalo” a los combatientes.

La discriminación y la violencia se multiplican cuando hay factores adicionales como padecer una discapacidad, pertenecer a ciertas etnias o profesan una religión determinada. En numerosos lugares del mundo las mujeres que se dedican al trabajo sexual están especialmente expuestas a sufrir toda una serie de abusos contra los derechos humanos.

¿Qué hace Amnistía Internacional?

Amnistía Internacional investiga y hace campaña para que los Estados garanticen que todas las mujeres y las niñas puedan disfrutar de los derechos humanos sin discriminación, para combatir la violencia que sufren por el hecho de ser mujeres y que los responsables de dicha violencia rindan cuentas.

¡La imparable lucha por los derechos de las mujeres sigue sumando logros!

A pesar de los intentos de algunos gobiernos y representantes políticos por hacer retroceder los derechos de las mujeres cada año se suman nuevos avances tanto en leyes que benefician a miles de mujeres, como en casos personales de mujeres que han sido víctimas de la injusticia.

En Irlanda, la entrada en vigor el 1 de enero de 2019 de la Ley sobre Salud 2018 que regula la interrupción del embarazo, permite el acceso al aborto hasta las 12 semanas de embarazo, y bajo determinados supuestos superado este plazo. La ley del aborto de Irlanda fue una de las más restrictivas del mundo. La nueva ley, que salió adelante gracias al enorme impulso de la sociedad irlandesa, encabezada por las mujeres, pone fin a décadas de sufrimiento.

Además se ha logrado que puedan recuperar sus vidas mujeres como Teodora del Carmen o Imelda Cortez, que fueron liberadas tras haber estado encarceladas bajo las crueles y restrictivas leyes de aborto en El Salvador.

En Indonesia el Tribunal Supremo absolvió, en julio de 2019, a una joven de 15 años que había sido previamente condenada a seis meses de prisión por abortar después de haber sido violada por su hermano. Es una sentencia que puede abrir el camino a la despenalización del aborto.

En marzo de 2020 Sierra Leonalevantó la prohibición para que las niñas embarazadas puedan ir a la escuela. Esta gravísima vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y del derecho a la educación había estado vigente desde 2015.


En 2018, Suecia endureció sus leyes, instituyendo que todos los actos de naturaleza sexual no consentidos serán considerados violación. En 2019 han seguido el mismo camino Grecia y Portugal y Dinamarca se ha comprometido a hacerlo en breve.

Y en España, el 21 de junio de 2019, el Tribunal Supremo elevó a 15 años la pena de prisión de los cinco hombres implicados en el caso de “La Manada”. Este caso tuvo tanta repercusión a nivel internacional, que no solo visibilizó en las redes sociales la cuestión del consentimiento sexual, sino que además fue debatido en el Parlamento Europeo, que pidió adaptar las legislaciones estatales a las disposiciones del Convenio de Estambul. El gobierno se ha comprometido a revisar la legislación para que el sexo sin consentimiento sea considerado violación.

También en España, en una sentencia histórica de julio de 2018 el Tribunal Supremo condenó al Estado a indemnizar a Ángela González, víctima de violencia de género, con 600.000 euros por daños morales. El caso de Ángela, a cuya hija el exmarido mató en una de las visitas, representaba todos los fallos de un sistema que además de no protegerlas a ella ni a su hija, se negaba a reparar el daño sufrido.

AMNISTÍA INTERNACIONAL EXIGE QUE LOS ESTADOS:

– Cumplan y hagan cumplir los derechos humanos de mujeres y niñas, en la ley y en la práctica.

– Garanticen una protección efectiva de las mujeres y las niñas de todas las formas de violencia, acaben con la impunidad y reparen a las víctimas.

 

Camisetas reivindicativas por los derechos de las mujeres y niñas

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