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A la deriva en el Mediterráneo

© Chris McGrath/Getty Images
© Chris McGrath/Getty Images

23 de septiembre de 2019

En el verano de 2019, los gobiernos europeos dejaron bloqueadas durante semanas a la deriva en el Mediterráneo central a cientos de personas que habían sido rescatadas en el mar.

Personas que habían huido a causa del conflicto en Libia acabaron atrapadas por las cínicas negociaciones políticas entre los gobiernos de la UE.

A finales de agosto de 2019, 356 personas se quedaron varadas en el mar en el barco de rescate Ocean Viking, de las ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Méditerranée. Ese mismo mes hicieron falta 19 días, varias evacuaciones por motivos médicos y que algunas personas se lanzaran desesperadas al mar para que se permitiera desembarcar en Italia a las 83 personas que quedaban en el Open Arms, el barco de rescate de la ONG Proactiva Open Arms. A pesar de la indignación de la opinión pública y del empeoramiento de las condiciones de salud a bordo, las autoridades italianas hicieron caso omiso de una orden judicial durante varios días antes de permitir atracar al Open Arms.

Antes, en julio, la capitana del Sea-Watch 3, Carola Rackete, fue arrestada en Lampedusa por atracar en el puerto a pesar de la prohibición de la policía italiana. A comienzos de 2019, 49 personas, entre las que había niños y niñas, pasaron 19 días abandonadas a su suerte en el mar tras ser rescatadas por las ONG Sea-Watch y Sea Eye.

¿Cómo funciona esto en la práctica? La respuesta es que no funciona, como pudo constatarse durante las situaciones de punto muerto vividas con el Sea-Watch 3, el Open Arms y el Ocean Viking durante 2019 en el Mediterráneo.

Este tipo de incidentes han sido habituales durante el año pasado como consecuencia de la política de “puertos cerrados” que Italia inició en junio de 2018, en virtud de la cual los barcos que rescatan personas refugiadas y migrantes en el mar ya no reciben autorización para desembarcarlas.

Posteriormente, en junio de 2019, Italia aprobó una ley que permitía al gobierno prohibir la entrada en aguas territoriales italianas de barcos de ONG con personas rescatadas a bordo, con posibilidad de multas de hasta un millón de euros e incautación de la embarcación.

A menudo, los barcos de las ONG son la única esperanza de las personas que están en peligro en el mar. ¿Qué está pasando con la migración en el Mediterráneo central? ¿Y qué está haciendo Europa al respecto?

¿Cómo funcionan las labores de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo central?

Según el derecho internacional, las personas que estén en situación de peligro en el mar deben ser rescatadas sin demora y llevadas a un lugar seguro, es decir, a un país donde reciban un trato humano y se les ofrezca una oportunidad real de pedir asilo.

Hasta hace poco, eso significaba que cualquier persona rescatada en el Mediterráneo central que hubiera salido de Libia era desembarcada en Europa, pues devolverla a Libia suponía condenarla a un peligro real de sufrir detención arbitraria y tortura.

Esto planteaba a los gobiernos europeos un dilema: les interesaba bloquear la migración a través del Mediterráneo central, pues no quieren que vengan personas a Europa, pero no podían devolverlas a Libia sin infringir la ley.

Así pues, inventaron un método alternativo: empezaron a apoyar a la Guardia Costera Libia para que interceptara a personas en el mar y las devolviera a Libia. Para hacer posible esta solución, los gobiernos europeos han ayudado a la Guardia Costera Libia de muchas formas: donando barcos, entrenando tripulaciones, ayudando con la planificación y la coordinación y, lo que es crucial, haciendo todo el trabajo preliminar para que se declarara una “región de búsqueda y salvamento” libia en el Mediterráneo central.

 

El Sea-Watch 3, julio de 2019

El 12 de junio de 2019, el Sea-Watch 3 rescató a 53 personas en la región de búsqueda y salvamento libia y, como dispone el derecho marítimo, alertó a los Centros de Coordinación de Salvamento Marítimo del Estado donde está matriculada la embarcación, Países Bajos, así como de Italia, Libia y Malta.

El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Libia dijo que el navío desembarcara en Trípoli, lo que el Sea-Watch 3 no aceptó por considerarlo puerto no seguro. El Centro de Coordinación italiano indicó que no era la autoridad adecuada al haberse producido el rescate en la región de Libia. El Sea-Watch 3 puso rumbo al puerto seguro más cercano en Italia o en Malta. Al día siguiente, Italia le prohibió la entrada en sus aguas territoriales. Las condiciones de varias personas a bordo se deterioraron posteriormente, y hubo que evacuar a 10 personas a Italia por razones médicas. El barco permaneció días frente a las aguas territoriales de Italia.

Tras 14 días en el mar, durante los cuales el estado de otras personas a bordo empeoró, la capitana decidió que no tenía más alternativa que entrar en aguas italianas y esperar allí instrucciones. Esto provocó la apertura de una investigación contra ella por parte de las autoridades. La tensión en la embarcación aumentó y la capitana decidió entrar en el puerto. Carola Rackete fue arrestada y las personas rescatadas por la embarcación desembarcaron por fin después de 18 días. El 2 de julio de 2019, un tribunal italiano levantó el arresto al considerar que la capitana había actuado en cumplimiento de su deber de rescatar a la gente en el mar. Carola Rackete quedó en libertad, pero sigue bajo investigación.

El Open Arms, agosto de 2019

En sendas operaciones realizadas los días 1 y 2 de agosto, el barco Open Arms salvó de morir ahogadas a 124 personas, entre ellas dos bebés, 30 niños y niñas y dos mujeres en avanzado estado de gestación. Muchas de estas personas habían denunciado que habían sufrido graves abusos en Libia. Italia prohibió la entrada del Open Arms en sus aguas nacionales. Malta también se negó a aceptarlo.

Diez días después, el Open Arms rescató a otras 39 personas en la región de búsqueda y salvamento de Malta. Malta aceptó la responsabilidad de que estas personas desembarcaran, pero con la condición de que las demás permanecieran a bordo. Para evitar posibles tensiones a bordo por no poder desembarcar todas las personas rescatadas, el capitán declinó la oferta.

El 1 de agosto, Italia prohibió la entrada del Open Arms en sus aguas nacionales. Cinco días después, un tribunal levantó la prohibición y el navío puso rumbo a Lampedusa tras 15 días de bloqueo en el mar. A pesar de esta orden judicial y de que seis países europeos habían accedido a recibir a las personas rescatadas, Italia siguió negando la autorización para atracar durante cinco días más.

Después de varias evacuaciones por razones médicas y de que varias personas se tiraran desesperadas al mar, al final la fiscalía ordenó el desembarco urgente de todas las personas a bordo el 20 de agosto. Este absurdo punto muerto y este sufrimiento innecesario duraron 19 días. Se abrió una investigación para esclarecer por qué no se permitió el desembarco tras la orden judicial inicial.

El Ocean Viking, agosto de 2019

Entre el 8 y el 12 de agosto, el barco de salvamento Ocean Viking, operado por las ONG SOS Mediterranée y MSF, rescató a 356 personas en cuatro operaciones. Entre las personas rescatadas había 103 niños y niñas, 92 de ellos no acompañados.

A pesar de haber sido alertadas numerosas veces en su región de búsqueda y salvamento, las autoridades libias no respondieron ni designaron un lugar seguro de desembarco, como dispone el derecho internacional.

El Ocean Viking permaneció bloqueado en el mar durante 14 días, en un lugar equidistante de Malta y de Italia, esperando la apertura de un puerto seguro. Al final, varios países europeos llegaron a un acuerdo. Malta permitiría desembarcar a las 356 personas rescatadas que iban a bordo y luego seis países —Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Rumanía— las reubicarían.

Los problemas que necesitan solución

1. No hay un sistema de reparto de responsabilidades

A lo largo de los años, han sido numerosos los casos de barcos que llevaban a personas refugiadas y migrantes en el Mediterráneo que han quedado a merced de su suerte durante horas, días o incluso semanas.

Tras estos significativos incidentes, los países de la Unión Europea emprendieron operaciones navales que salvaron miles de vidas. No obstante, en los últimos años, con el fin de reducir el número de personas que llegan a Europa los Estados miembros de la UE han ido abandonando cada vez más este compromiso, dejando el Mediterráneo central, una vez más, sin atención.

Para cubrir este vacío y hacer frente al elevado número de muertes registradas en el Mediterráneo central, varias ONG han enviado barcos a rescatar a personas, en total sintonía con el derecho internacional marítimo. Sin embargo, a estos barcos de salvamento se les está acusando ahora injustamente de contribuir al “efecto llamada”. No sólo no hay pruebas que respalden esta afirmación, sino que hay estudios que demuestran lo contrario: la presencia de embarcaciones de salvamento no influye en el número de personas que atraviesan el Mediterráneo central. Pero sí reduce el peligro de morir durante la travesía. A pesar de esto, ahora se deja abandonados a su suerte en el mar a los barcos de salvamento de las ONG al negarles el permiso para atracar en puertos europeos, especialmente en Italia y Malta, después de que hayan rescatado a personas. ¿Por qué los gobiernos del sur de Europa se muestran tan cautelosos a la hora de permitir el desembarco de personas en su país?

Una razón de peso es el sistema de Dublín, con arreglo al cual el primer país en el que entra una persona solicitante de asilo es normalmente el responsable de examinar su solicitud, acogerla durante el proceso, integrarla en caso de que se vea reconocida su solicitud y devolverla a su país si su solicitud de protección es denegada. Esto tiene consecuencias importantes para los Estados de llegada que, ante la inexistencia de mecanismos de solidaridad intraeuropeos para compartir estas responsabilidades, deciden cada vez más impedir el acceso de solicitantes de asilo, incluso cuando esto significa exponerlos a riesgos mortales e incumplir sus obligaciones internacionales.

Al fallar de este modo a los Estados de llegada de la UE, el sistema falla también a las personas solicitantes de asilo, que quedan abandonadas en el mar o languideciendo en países de la UE con procedimientos de asilo ineficientes o saturados, o sin posibilidad de reunirse con familiares que ya están en otro país europeo. Desgraciadamente, las propuestas para reformar el sistema de Dublín están paralizadas por varios gobiernos europeos. Es posible que conseguir la tan necesaria reforma lleve algún tiempo, pero establecer un procedimiento de desembarque rápido y fiable y un sistema justo para distribuir a las personas solicitantes de asilo entre los países de la UE sería sólo cuestión de días. Varias de las situaciones de punto muerto surgidas hasta ahora se han superado con acuerdos específicos para aceptar a personas rescatadas en otros países de la UE. Entonces, ¿por qué no formalizarlos y crear un mecanismo que se ponga en marcha automáticamente, y no tras semanas de bloqueos caóticos, peligrosos e innecesarios, ahorrando con ello sufrimientos a hombres, mujeres, niños y niñas vulnerables?

2. La cooperación con Libia

En los últimos años, los gobiernos europeos han recurrido cada vez más a mantener a las personas refugiadas y migrantes alejadas de Europa delegando el control fronterizo en países fuera de Europa. Por lo que se refiere a la ruta del Mediterráneo central, Italia y otros Estados de la UE han endurecido el control permitiendo y alentando que la Guardia Costera Libia intercepte a personas que están en apuros en el mar y las devuelva a Libia.

El hecho de que las mujeres, hombres, niños y niñas devueltos a Libia sean detenidos arbitrariamente, torturados, violados y explotados parece importar poco a los líderes europeos, así como tampoco el que muchos centros de detención de Libia estén situados en zonas directamente afectadas por el conflicto que se desarrolla en el país.
Migrantes congregados ante un centro de detención de Tajoura (Libia) en julio, tras un ataque aéreo contra un edificio cercano en el que murieron decenas de personas la noche anterior. © Mahmud Turkia/AFP/Getty Images

Una parte fundamental de esta estrategia de externalización fue la declaración de una región de búsqueda y salvamento libia en el Mediterráneo central en junio de 2018. Esto supuso ceder a las autoridades libias la responsabilidad de coordinar las operaciones de salvamento dentro de la zona donde más naufragios se producen y de ordenar a los barcos de salvamento dónde desembarcar a las personas rescatadas. Pero Libia no tiene capacidad suficiente para coordinar los rescates y —lo que es crucial— las personas rescatadas en el mar no pueden ser trasladadas legalmente a ese país.

En la actualidad, si un barco rescata a personas en la región de búsqueda y salvamento libia, los gobiernos europeos siguen sin poder decir: “Llévenlas a Libia”, pues sería ilegal, pero sí pueden decir: “Ésa es la región de búsqueda y salvamento libia, así que pregunten a Libia qué hacer”. Las autoridades libias ordenarán invariablemente al capitán del barco que devuelva a las personas sobrevivientes a Libia, aunque el derecho internacional le impide hacerlo.

Por tanto, se produce una situación absurda de callejón sin salida en el que las personas rescatadas en el mar no pueden ser llevadas ni a Libia ni a Europa y, por tanto, quedan abandonadas a merced de su suerte en el mar, junto con los barcos de salvamento y sus tripulaciones, que no han hecho nada incorrecto.

La consecuencia más insidiosa de esta situación es que inevitablemente disuade a los capitanes de los barcos, especialmente de los comerciales, de cumplir su obligación de rescatar a personas en peligro en el mar por temor a quedarse días bloqueados en el mar, sin puerto en el que desembarcar.

Para empeorar las cosas, dado que los barcos de rescate de las ONG están trastocando la estrategia de delegación de Europa, algunos gobiernos les impiden llevar a cabo sus actividades de salvamento con investigaciones penales sin fundamento y trabas burocráticas.

Por ejemplo, en 2019, las autoridades italianas se han incautado durante semanas de barcos de ONG como el Mare Jonio y el Sea-Watch 3 tras salvamentos y desembarques en Italia, acusándolos de facilitar la entrada irregular en el país. El Mare Jonio fue incautado el 13 de mayo tras rescatar a 30 personas, y la incautación duró hasta comienzos de agosto. El Sea-Watch 3 fue incautado el 18 de mayo tras el desembarco en Lampedusa de 47 personas rescatadas, y la medida se retiró a comienzos de junio de 2019.

Las actividades de salvamento de las ONG también se encuentran con trabas burocráticas. El 8 de enero de 2019, las autoridades marítimas españolas dictaron una orden administrativa que impedía al Open Arms, el barco de la ONG Proactiva Open Arms, rescatar a personas en el Mediterráneo central. En la orden, las autoridades españolas reconocen los fallos del sistema, poniendo de relieve que los Estados mediterráneos han reaccionado a rescates recientes quebrantando leyes y normas marítimas internacionales, pero obligan a solicitantes de asilo y rescatadores a pagar el precio de esos fallos.

Al establecer este acuerdo y expulsar a las ONG de la región de búsqueda y salvamento libia, los líderes europeos han creado una ficción jurídica, usando pretextos y engaños para afirmar que no tienen ninguna responsabilidad respecto de las personas en peligro en el mar, y condenando así a miles de personas a sufrir terribles abusos en Libia. Esto no es una solución.

3. Distorsionar el debate sobre la migración para obtener un beneficio político

El número de personas que cruzaron de forma irregular las fronteras exteriores de Europa disminuyó en 2018 al nivel más bajo en cinco años, según la agencia fronteriza europea Frontex.

En 2018 cruzaron el Mediterráneo sólo 116.000 personas refugiadas y migrantes, y en su mayoría llegaron a España (58.569), Grecia (32.497) e Italia (23.370).

Según el ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados), a fecha 9 de septiembre el número de personas que habían atravesado el Mediterráneo en 2019 ascendía a 50.116, de las cuales 33.999 habían llegado a Grecia, 19.782 a España, 5.752 a Italia, 1.585 a Malta y 794 a Chipre.

Si se tiene en cuenta que en la UE viven más de 500 millones de personas y se compara este dato con las cifras de personas que se mueven dentro de África y Asia, se verá que el número de personas que cruza el Mediterráneo de forma irregular está lejos de ser la “oleada” de personas que algunos quieren hacernos creer.

Aunque las políticas recientes, sobre todo las italianas, han provocado la reaparición de lo que se conoce como “barcos fantasmas” que llegan a Italia sin ser detectados, y han aumentado la probabilidad de que siga sin haber constancia de los naufragios, no hay duda de que el número de travesías marítimas ha caído en picado.

Al mismo tiempo ha aumentado el peligro de que las personas que cruzan mueran ahogadas, al haber ahora muy pocos barcos dedicados al salvamento. A fecha de agosto de 2019, se temía que hubieran muerto ahogadas o que hubieran desaparecido unas 900 personas, aproximadamente 640 de ellas en el Mediterráneo central, según la OIM, con lo que la tasa de mortalidad se sitúa aproximadamente en una de cada cinco.

A pesar de estos hechos, algunos gobiernos siguen insistiendo en que Europa afronta una “crisis” y que las personas migrantes y refugiadas representan una amenaza para Europa, al igual que las personas que las ayudan, incluso rescatándolas en el mar. Muy pocos gobiernos europeos aceptan que la verdadera crisis es la de pérdida de vidas en el mar.

Fomentar la división y alimentar el odio contra las personas extranjeras, aprovechar el espectáculo visible de los rescates marítimos —a pesar de que la mayoría de las personas migra por tierra y aire— y culpar a la UE de todo aun cuando son los gobiernos nacionales los que están creando los problemas, es una estrategia que utilizan unos políticos más interesados en obtener votos que en resolver problemas. Los hombres, mujeres, niños y niñas abandonados a su sufrimiento en el mar no son para ellos más que peones en este juego político.

¿Cuál es la solución?

Para abordar una situación tan compleja, los gobiernos europeos deben trabajar unidos en una solución conjunta que funcione para todos los Estados y que —esto es crucial— funcione para las personas. Si quieren que haya menos gente que emprenda viajes irregulares a Europa, tienen que ofrecer oportunidades seguras y legales para ir allí y pedir asilo, buscar empleo o reunirse con sus familiares. Esto no significa eliminar los controles fronterizos, sino ampliar las vías seguras y regulares y mejorar la gobernanza de la migración.

Como es lógico, algunas personas seguirán cruzando el mar en frágiles embarcaciones, por lo que Europa debe contar con un mecanismo de respuesta. Esto implica tener barcos de salvamento suficientes, pero también establecer un mecanismo rápido y fiable de desembarque en consonancia con el derecho internacional, y un sistema justo de reparto entre los países de la UE de la responsabilidad sobre las personas que solicitan asilo.

Al trabajar con las autoridades libias para contribuir a estabilizar el país, los gobiernos europeos deben hacer que la protección de los derechos humanos, incluidos los de las personas refugiadas y migrantes, sea prioritaria en Libia. El apoyo y la ayuda de Europa a Libia deben contribuir a que deje de recurrirse a la detención, se asegure la libertad inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente y se garantice que las personas refugiadas pueden ser reasentadas en un país seguro.

Podemos hacerlo mejor

Podría parecer que esta “otra” Europa de la que habla ya está aquí. Pero la mayoría de la ciudadanía europea sigue apoyando los derechos humanos y la solidaridad, y las políticas para bloquear a cualquier precio la circulación de seres humanos no tienen un apoyo tan amplio como el que sugieren sus defensores.

Tenemos que poner coto a la retórica que demoniza a las personas refugiadas y migrantes y a quienes intentan ayudarlas sólo para obtener un beneficio político. Son muchos los hombres y las mujeres europeos que creen que hay que salvar vidas en el mar, que quieren un sistema de asilo más justo y una gobernanza más justa de la migración, y que quieren garantizar que se protegen y no se reducen los derechos de las personas que migran a Europa.

No hay ninguna solución sencilla. Pero precisamente por la complejidad de la situación, las personas responsables de tomar decisiones deben dejar de lado el alarmismo y trabajar para adoptar unas políticas creíbles, humanas y realistas que hagan valer los derechos humanos en lugar de erosionarlos.

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