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Podcast semanal

CC by Patrick Breitenbac, vía Flickr

(26.02.2017)

Amnistía Internacional, informativo semanal a 24 de febrero de 2017 (informe anual)

El boletín informativo de esta semana está dedicado a la presentación del Informe Anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en 159 países. Un documento en el que se denuncia el riesgo de un efecto dominó a medida que Estados poderosos -como Estados Unidos- dan marcha atrás en sus compromisos con los derechos humanos.

 

La política de demonización impulsa un retroceso global en materia de derechos humanos

2016 fue un año en el que el uso de la retórica del odio se extendió a una escala nunca vista desde la década de 1930. Esta retórica marca la agenda en países de Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo. Se trate de Trump, Orban, Modi, Erdoğan o Duterte, cada vez son más los políticos que dicen ser antisistema y tienen una agenda tóxica que persigue, convierte en chivos expiatorios y deshumaniza a grupos enteros de personas.

Esta retórica tiene un impacto cada vez mayor en las políticas y medidas que se adoptan. En 2016, los gobiernos miraron para otro lado frente a crímenes de guerra, impulsaron acuerdos que menoscababan el derecho a solicitar asilo, aprobaron leyes que violaban la libertad de expresión, incitaron a asesinar a personas simplemente por estar acusadas de consumir drogas, justificaron la tortura y la vigilancia masiva y ampliaron poderes policiales draconianos.

Personas refugiadas y migrantes

También dieron la espalda a las personas refugiadas y migrantes, a las que a menudo resultaba fácil convertir en chivos expiatorios. El Informe Anual de Amnistía Internacional documenta cómo 36 países violaron el derecho internacional devolviendo ilícitamente a personas refugiadas a países donde sus derechos corrían peligro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en práctica la retórica xenófoba y de odio que utilizó en su campaña electoral, firmando una orden ejecutiva con la que se intenta impedir que las personas refugiadas soliciten su reasentamiento en Estados Unidos dificultando así que quienes huyen de la guerra y la persecución en Estados asolados por los conflictos busquen refugio seguro en el país.

Mientras tanto, Australia causa deliberadamente un terrible sufrimiento dejando a las personas refugiadas atrapadas en Nauru y la isla de Manus y la UE ha llegado a un temerario acuerdo ilegal con Turquía para enviar a las personas refugiadas de regreso allí aunque no sea un país seguro para ellas. Además, México y Estados Unidos continúan expulsando a personas que huyen de la violencia incontrolada de Centroamérica.

Crímenes de guerra

Durante 2016 se han documentado crímenes de guerra cometidos en al menos 23 paíes. El mundo se enfrenta a una larga lista de crisis con poca voluntad política para abordarlas, entre ellas las de Siria, Yemen, Libia, Afganistán, Centroamérica, la República Centroafricana, Burundi, Irak, Sudán del Sur y Sudán.

A pesar del desafío que plantean datos así, la indiferencia internacional ante los crímenes de guerra se ha convertido en algo totalmente normal, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU permanece paralizado por las rivalidades entre sus Estados miembros permanentes.

La comunidad internacional ha respondido ya con un ensordecedor silencio a las incontables atrocidades de 2016, como la transferencia en directo del horror de Alepo, los miles de personas muertas a manos de la policía en la “guerra contra las drogas” de Filipinas y el uso de armas químicas y los centenares de pueblos quemados en Darfur.

Represión del activismo y la libertad de expresión

En 22 países se dieron casos de personas a quienes mataron por defender los derechos humanos a lo largo de 2016. Un año marcado también por la represión del activismo y la libertad de expresión.

En Arabia Saudí se detuvo y encarceló por imprecisos cargos, como “insultar al Estado”, a personas que se mostraban críticas, defensoras, de los derechos humanos y activistas de los derechos de las minorías.

En Bangladesh las autoridades llevaron a juicio a medios de comunicación y a la oposición por, entre otras cosas, publicaciones en Facebook.

En China persistieron las medias enérgicas contra profesionales del derecho y activistas, entre ellas la detención en régimen de incomunicación, la emisión de confesiones por televisión y el hostigamiento a sus familiares. En Egipto, las autoridades impusieron prohibiciones de viaje, restricciones económicas y congelaciones de activos para menoscabar, difamar y silenciar a grupos de la sociedad civil.

En Etiopía el gobierno se valió de la legislación antiterrorista y del estado de excepción para reprimir a periodistas, a defensores y defensoras de los derechos humanos, a la oposición política y, en particular, a manifestantes, contra quienes se hizo uso de fuerza excesiva y letal.

En Filipinas, una oleada de ejecuciones extrajudiciales sucedió a la promesa del presidente Duterte de matar a millones de personas sospechosas de estar implicadas en el tráfico de drogas.

En Francia hubo millares de registros domiciliarios, así como prohibiciones de viaje y detenciones entre las medidas de seguridad aplicadas en virtud del prolongado estado de excepción. Mientras, en Reino Unido aumentaron los delitos de odio tras el referéndum sobre la pertenencia a la Unión Europea.

2016 también fue un año marcado por la represión en Honduras. Berta Cáceres y siete activistas más de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio. Por su parte, en Venezuela, una ofensiva contra defensores y defensoras de los derechos humanos que realizaban abiertamente su trabajo hizo sonar la alarma con respecto a la crisis humanitaria causada por el fracaso del gobierno a la hora de hacer valer los derechos económicos y sociales de la población.

En India las autoridades aplicaron represivas leyes para restringir la libertad de expresión y silenciar las voces críticas. En Irán se ejerció una fuerte represión de la libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica y de religión.

Si nos fijamos en Myanmar, decenas de miles de rohingyas –a quienes se sigue privando de nacionalidad– fueron víctimas de desplazamiento como consecuencia de “operaciones de limpieza”, en las que se denunciaron homicidios ilegítimos, disparos indiscriminados contra civiles, violaciones, y detenciones arbitrarias.

En la República Democrática del Congo se sometió a detención arbitraria y, en algunos casos, a reclusión prolongada en régimen de incomunicación a activistas en favor de la democracia. En Sudán el uso excesivo de la fuerza por las autoridades al dispersar concentraciones se cobró numerosas víctimas.

Miramos también a Rusia, donde se continuó asfixiando a las ONG nacionales con creciente propaganda en la que tachaba a las que se mostraban críticas de “indeseables” o de “agentes extranjeros” y con el primer procesamiento de una ONG en aplicación de la ley de “agentes extranjeros”. Mientras tanto se añadió a la lista de “agentes extranjeros” a decenas de ONG independientes que recibían fondos del extranjero.

En Tailandia se utilizaron poderes de excepción y leyes sobre la difamación y la sedición para restringir la libertad de expresión y en Turquía decenas de miles de personas fueron encarceladas tras el golpe de Estado fallido, cuando se suspendieron centenares de ONG, se emprendió una represión masiva de los medios de comunicación y se prosiguió con la ofensiva en la zonas kurdas.

Por último en Siria la comunidad de derechos humanos quedó suprimida casi por completo con el encarcelamiento, tortura, desaparición o huida del país de gran número de activistas.

España, en medio de esta tendencia internacional

En 2016, España no se ha quedado al margen del menoscabo de los derechos humanos. Por un lado, la acogida de personas que huyen de conflictos o de graves violaciones de derechos humanos sigue siendo insuficiente, y se siguen produciendo expulsiones colectivas en las fronteras de Ceuta y Melilla. Por otro, se ha utilizado el delito de "enaltecimiento de terrorismo" para limitar desproporcionadamente la libertad de expresión. Mientras tanto, la impunidad es una tendencia en las violaciones de derechos humanos: los miembros de fuerzas de seguridad implicados en el uso excesivo de la fuerza rara vez son identificados, y los casos de tortura siguen sin investigarse adecuadamente, al igual que los crímenes contra el derecho internacional, como los cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

A lo largo de 2016, hubo ejemplos de cómo la amplia y vaga definición de terrorismo recogida en la reforma del Código Penal sirvió para limitar desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión. Es el caso, entre otros, de Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García Pérez, titiriteros de la compañía "Títeres desde abajo" y encarcelados por sacar un cartel en el que se leía "Gora Alka-ETA" en el transcurso de una representación de marionetas.

En 2016, Amnistía Internacional denunció nuevos casos de uso desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, y otros casos de malos tratos, que no se investigaron con eficacia y exhaustividad.

¿Quién va a defender los derechos humanos?

Ante este marco Internacional, Amnistía Internacional pide a la gente que oponga resistencia en todo el mundo a los cínicos intentos de retroceso en consolidados derechos humanos con la lejana promesa de prosperidad y seguridad.

La organización advierte de que la solidaridad global y la movilización popular serán de especial importancia para proteger a las personas que se oponen a quienes están en el poder y defienden los derechos humanos, que suelen ser tachadas por los gobiernos de amenaza para el desarrollo económico, la seguridad y otras prioridades.

 

Ver en línea : Amnistía Internacional

 

 

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