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Podcast semanal

CC by Patrick Breitenbac, vía Flickr

(23.02.2018)

Amnistía Internacional, informativo semanal a 23 de febrero de 2018

 

El boletín informativo de esta semana está dedicado a la presentación del Informe Anual de Amnistía Internacional sobre la situación actual de los derechos humanos en 159 países. Un documento en el que se denuncia que el mundo está sufriendo las terribles consecuencias de la retórica del odio. Pero al mismo tiempo, existe un creciente movimiento de activistas cuya labor de campaña por la justicia social permite abrigar la esperanza de invertir la tendencia a la opresión.

 

La retórica del odio

En 2017 líderes prominentes nos ofrecieron la visión dantesca de una sociedad cegada por el odio y el miedo. La clara medida de odio que adoptó el gobierno de Estados Unidos en enero, cuando prohibió la entrada de las personas procedentes de varios países de mayoría musulmana, preparó el terreno para un año en el que quienes ejercían el liderazgo llevaron la política del odio hasta sus últimas y más peligrosas consecuencias.

Amnistía Internacional quiere advertir de que los retrocesos del presidente Trump en materia de derechos humanos están sentando un peligroso precedente para otros gobiernos. La retórica del odio se observó en la limpieza étnica llevada a cabo contra el pueblo rohingya en Myanmar en los lemas xenófobos de una marcha nacionalista en Varsovia (Polonia), una concentración supremacista blanca en Charlottesville (Estados Unidos) y la represión generalizada de las comunidades LGBTI desde Chechenia hasta Egipto.

Victorias del activismo por los derechos humanos

A pesar de estos retrocesos, en 2017 también vimos victorias que el activismo por los derechos humanos ha contribuido a lograr. Entre ellas figura el levantamiento de la prohibición total del aborto en Chile, el avance hacia el matrimonio igualitario en Taiwán y el logro de una victoria histórica contra los desalojos forzosos en Abuya (Nigeria).

Además, una enorme Marcha de las Mujeres centrada en Estados Unidos y con ramificaciones en todo el mundo puso de manifiesto la creciente influencia de los nuevos movimientos sociales, al igual que lo hicieron el fenómeno #YoTambién y la iniciativa “Ni Una Menos” de Latinoamérica al denunciar la violencia contra las mujeres.

Los gobiernos deben abordar las apremiantes injusticias que fomentan los movimientos de protesta

En el informe se señala también que, para millones de personas de todo el mundo, el acceso a bienes y servicios básicos, como vivienda, alimentos y atención de la salud, es cada vez más precario. Mientras los gobiernos no aborden las causas subyacentes de la pobreza y la desigualdad, existirá un riesgo enorme de que se intensifique la conflictividad. Desde Venezuela hasta Irán, estamos presenciando la propagación del descontento social.

Los gobiernos deben atender sus preocupaciones, en vez de intentar silenciar a las personas cuando alzan la voz, y comenzar a eliminar las restricciones impuestas a los medios de comunicación, la sociedad civil y otros agentes clave que ponen control al poder.

Violaciones de derechos humanos más allá de la retórica del odio

Durante 2017 Australia mantuvo políticas de línea dura al confinar a solicitantes de asilo en centros de tramitación extraterritorial de solicitudes de protección internacional de Papúa Nueva Guinea y Nauru donde sus condiciones de reclusión recordaban más un castigo que una forma de protección.

En China, se continuó promulgando nuevas leyes que representaban graves amenazas para los derechos humanos con la excusa de la “seguridad nacional”. El Nobel de la Paz Liu Xiaobo murió bajo custodia.

El Salvador continuó siendo uno de los países más peligrosos para las mujeres. También en Irán las mujeres siguieron sufriendo una arraigada discriminación. Los actos de violencia contra mujeres y niñas, incluidos la violencia en el ámbito familiar y el matrimonio precoz y forzado, eran generalizados y se cometían con impunidad.

En junio se cumplieron 50 años de la ocupación israelí de los Territorios Palestinos. Las autoridades israelíes intensificaron la expansión ilegal de los asentamientos y la infraestructura conexa en toda Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y restringieron gravemente la libertad de circulación de la población palestina.

Por su parte, Rusia continuó aplicando su “ley sobre propaganda gay” para perseguir a las personas LGBTI. Además, la represión a que sometía Putin la libertad de expresión no dio apenas muestras de ceder, llegando el gobierno a detener a centenares de manifestantes pacíficos a la vez.

Por otro lado, los conflictos armados siguieron activos en varios países. La débil respuesta dada a los crímenes de guerra y de lesa humanidad en Irak, Sudán del Sur, Siria, Afganistán o Yemen ha puesto de relieve la falta de liderazgo en materia de derechos humanos. Los gobiernos están haciendo retroceder a situaciones propias de hace decenios garantías de protección que ha costado mucho conseguir.

España: cuentas pendientes en derechos humanos

Durante 2017 se constataron ataques al derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión pacífica, tanto en el ámbito legislativo como, en algunos casos, en la práctica policial. Alzar la voz, incluso a través de las redes sociales, se ha vuelto cada vez más peligroso, “gracias” a las reformas en la Ley Orgánica de protección de la Seguridad Ciudadana y del Código Penal.

Por otra parte, el impacto de las medidas de austeridad está dejando desamparadas a decenas de miles de personas en España. En riesgo está el acceso a la salud y la calidad del Sistema Nacional de Salud, especialmente para personas discriminadas como migrantes en situación irregular y otros colectivos. El derecho a una vivienda también está en peligro tras producirse 43.459 desalojos en los primeros nueve meses de 2017.

Asimismo, un año más, el fracaso en las políticas migratorias por parte de las autoridades españolas ha quedado patente. No solo ha incumplido su compromiso de traer a 17.337 personas refugiadas, sino que se han seguido cometiendo violaciones y abusos de derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas, especialmente en Frontera Sur.

 

Ver en línea : Amnistía Internacional

 

 

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