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Zimbabue

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Continuó la movilización de activistas y de defensores y defensoras de los derechos humanos, mediante protestas en las calles y a través de las redes sociales, para hacer rendir cuentas al gobierno. El Estado seguía haciendo uso de la ley para reprimir las voces discrepantes. Las autoridades continuaron con los desalojos forzosos a pesar de las disposiciones constitucionales que prohibían esta práctica. La independencia del poder judicial seguía amenazada tras la reforma de la Constitución.

La situación económica empeoró sin que se vislumbraran soluciones para la crisis de liquidez.

En octubre se estableció el Ministerio de Ciberseguridad, Detección y Mitigación de Amenazas como respuesta al activismo en las redes sociales.

Las disputas entre facciones y las luchas por la sucesión dentro del partido gobernante, Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), se intensificaron; el presidente Mugabe destituyó al entonces vicepresidente primero, Emmerson Mnangagwa, el 6 de noviembre, por conspirar presuntamente contra el gobierno y manifestar “deslealtad, falsedad, falta de respeto y poca fiabilidad”. El 14 de noviembre, las fuerzas armadas tomaron el poder y, tras el apoyo de la población a la intervención militar y el proceso parlamentario iniciado para separarlo legalmente del cargo, Robert Mugabe dimitió el 21 de noviembre. Emmerson Mnangagwa prestó juramento como presidente el 24 de noviembre.

La policía dispersó reuniones o protestas pacíficas usando fuerza excesiva.

El 26 de junio, la policía detuvo al pastor protestante Evan Mawarire en la capital, Harare, después de que éste celebrara oraciones con estudiantes de medicina de la Universidad de Zimbabue durante una protesta contra el incremento de las tasas. El pastor estuvo recluido durante dos días en la comisaría de policía de Harare Central y quedó en libertad bajo fianza, pero con cargos de incitación a la violencia pública y alteración del orden público. Fue absuelto el 29 de septiembre, aunque se mantenían otros cargos contra él relacionados con otra detención (véase infra “Libertad de expresión”).

En julio, la policía detuvo a Darlington Madzonga y Edmund Musvubi durante una protesta pacífica en Harare, celebrada por las juventudes del opositor Movimiento por el Cambio Democrático contra la no aplicación de reformas por parte de la Comisión Electoral de Zimbabue. Ambos fueron acusados formalmente de matar a un agente de policía durante la protesta y al terminar el año continuaban detenidos en Harare mientras su causa estaba pendiente en los tribunales.

El 10 de noviembre, la policía interrumpió una reunión de 22 activistas de países de América Latina y África Austral en la localidad de Marange, en el este del país, para conmemorar el noveno aniversario de la muerte de 200 personas a manos de las fuerzas armadas. La muerte de esas 200 personas se produjo cuando habían tomado el control de los yacimientos de diamantes para protestar por los planes del gobierno de poner las minas de diamantes en manos de empresas chinas. Los 22 activistas fueron detenidos y acusados formalmente de entrar en una zona protegida sin permiso del gobierno. Quedaron en libertad el 11 de noviembre tras declararse culpables y se les impusieron sendas multas de 100 dólares estadounidenses.

El Estado restringió el derecho a la libertad de expresión, en particular de los defensores y defensoras de los derechos humanos y otros activistas.

El 16 de enero, la policía detuvo en Harare al pastor Philip Mugadza, contra quien se formularon cargos de alteración del orden público tras decir que el presidente Mugabe iba a morir el 17 de octubre. El pastor quedó en libertad con fianza el 10 de marzo. Al terminar el año su causa estaba pendiente en el Tribunal Constitucional. En caso de ser declarado culpable, podría ser condenado a un máximo de seis meses de cárcel.

Se actuó contra el pastor Evan Mawarire por varias declaraciones públicas en las que había criticado al gobierno. El pastor había huido del país en julio de 2016, pero fue detenido por la policía en Harare al regresar el 31 de enero, por cargos de subversión y ultraje a la bandera nacional. El 8 de febrero quedó en libertad bajo fianza. El 24 de septiembre, Evan Mawarire fue detenido de nuevo y acusado de subvertir un gobierno elegido constitucionalmente, tras publicar el 23 de septiembre un video en el que se quejaba de la escasez de combustible y la subida de precios. Fue liberado de la comisaría de policía de Harare Central el 26 de septiembre. El 29 de noviembre, el Tribunal Superior de Harare lo absolvió de todos los cargos.

El 10 de agosto, Energy Mutodi, empresario y simpatizante de Emmerson Mnangagwa, fue detenido en Harare por agentes policiales del Departamento de Investigación Criminal, por insinuar en Facebook que podía darse un golpe de Estado si el presidente Mugabe no elegía con cuidado a su sucesor. Fue acusado formalmente de menoscabar la autoridad del presidente y causar desafección entre la policía y las fuerzas de defensa. El 23 de agosto fue excarcelado bajo fianza de la Prisión para Preventivos de Harare, pero al terminar el año su causa seguía abierta.

Victor Matemadanda, miembro ejecutivo de la Asociación de Veteranos de la Guerra de Liberación Nacional, fue detenido por la policía en la comisaría de Harare Central en agosto por cargos de menoscabar la autoridad del presidente y causar desafección entre la policía y las fuerzas de defensa. Había reclamado la renuncia del presidente Mugabe. Quedó en libertad bajo fianza varios días después, pero al terminar el año su causa continuaba pendiente.

El 2 de octubre, la policía detuvo al periodista Kenneth Nyangani en la ciudad de Mutare por informar de que la esposa del presidente había donado prendas de vestir, incluida ropa interior usada, a simpatizantes de ZANU-PF en Mutare. El periodista quedó en libertad con fianza el 4 de octubre y estuvo en espera de juicio hasta el 13 de diciembre, al no llevarlo a juicio la fiscalía.

El 3 de noviembre, la periodista Martha O’Donovan, ciudadana de Estados Unidos, fue detenida en su domicilio por la policía de Harare y acusada formalmente de insultar al presidente y de intentar subvertir un gobierno elegido constitucionalmente. Había insultado presuntamente a Robert Mugabe en Twitter. Fue excarcelada bajo fianza de la prisión de máxima seguridad de Chikurubi el 10 de noviembre, y al terminar el año no había sido llevada a juicio.

La policía militar detuvo a varios sospechosos por cargos de fraude y corrupción. Entre los detenidos había altos funcionarios del Estado, implicados en corrupción, a quienes se les negaron sus derechos en el momento de la detención, entre otras cosas impidiéndoles el acceso a abogados.

En noviembre, durante la toma del poder por los militares, el personal del ejército detuvo a varios miembros de una facción de ZANU-PF que presuntamente apoyaban la destitución de Emmerson Mnangagwa. Los detenidos permanecieron recluidos durante un periodo superior a las 48 horas que permite la Constitución antes de comparecer ante un tribunal. El 14 de noviembre, la policía militar arrestó y recluyó a Ignatius Chombo, exministro de Economía, Innocent Hamandishe, comisario de la Liga Juvenil de ZANU-PF, y Kudzanayi Chipanga, secretario de la Liga Juvenil de ZANU-PF. Durante su detención se les negó el acceso a sus abogados, y no comparecieron ante un tribunal hasta el 25 de noviembre. Ignatius Chombo fue acusado formalmente de corrupción y abuso criminal de poder, y contra Kudzanayi Chipanga e Innocent Hamandishe se formularon cargos de publicación o comunicación de falsedades tras afirmar en una conferencia de prensa que el comandante en jefe del ejército, el general Chiwenga, había robado dinero de la venta de diamantes de Marange.

En abril, la policía usó fuerza excesiva en la provincia central de Mashonaland para desalojar a unas 15 familias de Manzou Farm, una hacienda compuesta por varias pequeñas explotaciones agrícolas. Los desalojos contravenían una orden del Tribunal Superior del 24 de marzo que instaba al gobierno a poner fin a la práctica de los desalojos arbitrarios y las demoliciones de viviendas sin proporcionar indemnización o terrenos alternativos a las personas desalojadas. Las personas residentes vivían en esas tierras de labranza desde el año 2000; los desalojos forzosos de Manzou dejaron a más de 200 familias sin hogar y sin indemnización.

En agosto, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que modificaba el artículo 180 de la Constitución de 2013. La parlamentaria Jessie Majome impugnó el proyecto de ley en los tribunales por entender que la votación no se había ajustado a la mayoría de dos tercios exigida y que ponía en peligro la independencia judicial. El proyecto de ley facultaba al presidente para nombrar unilateralmente a la mayoría de los altos cargos judiciales.

La inestabilidad económica, la sequía, los altos niveles de pobreza y el desempleo obstaculizaban el acceso a la educación, la salud y una alimentación adecuada. En julio, Zimbabue informó a la Revisión Nacional Voluntaria de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el Foro Político de Alto Nivel de la ONU de que más del 76% de los niños y niñas de Zimbabue vivían en pobreza de consumo, y la cuarta parte vivían en condiciones de pobreza extrema. Las dificultades para pagar las tasas escolares básicas eran generalizadas; el Consejo de Alimentación y Nutrición, de carácter nacional, reveló que al menos el 63% de los niños y niñas en edad escolar eran rechazados por las escuelas por no pagar las tasas. Se informó de que unos 4,1 millones de personas de zonas rurales se hallaban en situación de inseguridad alimentaria.

El derecho a la salud estaba cada vez más amenazado, ya que la asignación presupuestaria para salud disminuyó hasta sólo el 8,2% del presupuesto nacional. El informe del Auditor General, hecho público en junio, puso de relieve una crisis en la prestación de los servicios de salud y señaló la escasez de medicamentos y equipos esenciales y la no disponibilidad de agua y de personal especializado.

En octubre, UNICEF informó de que el 34% de las niñas y mujeres se casaban antes de cumplir los 18 años. El gobierno no había modificado aún la Ley del Matrimonio o la legislación relacionada para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que en 2016 declaró inconstitucional el matrimonio de menores de 18 años. Las ONG, junto con niñas y mujeres que habían dado a luz, denunciaron que no se permitía salir a las niñas y mujeres que tenían bebés en instalaciones de salud públicas hasta que pagaran sus tasas.

A pesar de la orientación normativa del Ministerio de Salud, según la cual los servicios de salud materna debían prestarse de forma gratuita, las autoridades locales seguían cobrando tasas por esos servicios en instalaciones de salud públicas. Las mujeres y niñas marginadas experimentaban graves demoras en el acceso a los servicios de salud materna, o no recibían atención alguna.

República de Zimbabue
Jefe del Estado y del gobierno: Emmerson Dambudzo Mnangagwa (sustituyó a Robert Gabriel Mugabe en noviembre)
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