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Ucrania

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

No hubo progresos en la investigación sobre las presuntas prisiones secretas del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). Los organismos encargados de hacer cumplir la ley seguían recurriendo a la tortura y otros malos tratos.

Las autoridades ucranianas aumentaron la presión sobre quienes las criticaban y sobre las ONG independientes, en especial sobre periodistas y activistas contra la corrupción. Las autoridades emprendieron investigaciones criminales y aprobaron leyes dirigidas a restringir, entre otras cosas, el derecho a la libertad de expresión y de asociación.

En los territorios controlados por separatistas, las autoridades de facto continuaban deteniendo y encarcelando ilegalmente a quienes las criticaban. En noviembre, el Tribunal Supremo de facto de Donetsk ordenó la ejecución de un hombre. En la Crimea ocupada por Rusia, quienes criticaban a las autoridades se exponían a sufrir intimidación, hostigamiento y actuaciones penales.

Se celebró la marcha del Orgullo LGBTI en la capital, Kiev, con protección policial efectiva. Aumentó el número de ataques contra actos LGBTI en todo el país. El gobierno no abordaba debidamente la violencia sexual ni la violencia en el ámbito familiar. Las autoridades anunciaron que Ucrania había suspendido todo suministro de armas a Sudán del Sur.

El descontento social continuó creciendo. La acumulación de problemas económicos, la lentitud de las reformas y la corrupción generalizada desencadenaron periódicamente manifestaciones en Kiev, que en ocasiones degeneraron en violencia. Algunas de estas manifestaciones reunieron a varios cientos de personas. En abril, el Banco Mundial anunció que la economía ucraniana había dejado de contraerse, previó un crecimiento del 2% en 2017 y pidió que se acometieran más reformas. El 14 de junio, la UE levantó la exigencia de visado a las personas de nacionalidad ucraniana. El gobierno aprobó amplias reformas en materia de educación y salud, que, por primera vez, incluían los derechos humanos en los futuros planes de estudios escolares.

En el este de Ucrania continuaron los combates entre fuerzas separatistas y gubernamentales, pese al acuerdo de alto el fuego firmado en 2015. Siguió aumentando el número de víctimas mortales, tanto entre las fuerzas combatientes como en la población civil, y, según la ONU, a fecha de 15 de agosto, 10.225 personas habían perdido la vida, entre ellas 2.505 civiles. El 27 de diciembre, los dos bandos llevaron a cabo un canje de prisioneros que dejó en libertad a 380 personas en total.

Según un informe publicado en septiembre por la Misión de Observación de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania, en las zonas afectadas por el conflicto, el aumento de la pobreza y el desempleo, sumado a los precios astronómicos de los alimentos, había trastornado la vida de 3,8 millones de personas, que ya soportaban las penalidades diarias causadas por las hostilidades armadas y las políticas conexas impuestas por todas las partes. Las personas residentes en las zonas afectadas por el conflicto encontraban aún más dificultades para acceder a derechos sociales y al cobro de pensiones debido a legislación aprobada en años anteriores.

Continuó la ocupación de Crimea por Rusia, que siguió negando el acceso a la península a los mecanismos internacionales de derechos humanos.

Los miembros de los organismos encargados de hacer cumplir la ley continuaban recurriendo a la tortura y otros malos tratos, y cometían otras violaciones de derechos humanos. Persistía la impunidad de las violaciones del derecho internacional humanitario, incluidas las cometidas en el pasado.

El 15 de agosto, el SBU aprehendió a Daria Mastikasheva, ciudadana ucraniana residente en Rusia que estaba visitando a su madre en Ucrania, y la mantuvo dos días recluida en régimen de incomunicación. Fue acusada de traición y posesión ilegal de armas. Unas fotografías que su abogado le hizo fuera del juzgado mostraban señales de palizas y posibles torturas a manos de los agentes del SBU. El abogado denunció también que la habían amenazado con tomar medidas contra su madre y su hijo hasta que accedió a leer una declaración autoincriminatoria ante una cámara. Al final del año continuaba detenida en espera de juicio.

El 16 de noviembre se nombró por fin al director de la Oficina de Investigación del Estado, organismo autónomo creado para llevar a cabo investigaciones con independencia de otros organismos encargados de hacer cumplir la ley. No obstante, al final del año la Oficina no tenía aún personal suficiente y no podía comenzar su trabajo.

Violencia sexual relacionada con los conflictos

En un informe publicado en febrero, la Misión de Observación de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania documentaba casos de violencia sexual relacionada con los conflictos, criticaba el sistema de justicia ucraniano por fallar a las sobrevivientes y ponía de relieve la falta de asistencia y asesoramiento adecuados. La mayoría de los casos documentados se referían a violencia sexual ejercida contra mujeres y hombres detenidos por fuerzas gubernamentales o en poder de grupos armados.

La investigación del fiscal jefe militar sobre las denuncias acerca de personas recluidas en secreto por el SBU en el este del país no dio resultados. Las autoridades ignoraron en gran medida los datos sobre la existencia de esta práctica publicados por ONG internacionales en 2016.

Reclusión de civiles en la zona de conflicto

El 27 de abril, el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura publicó el informe sobre su visita a Ucrania en 2016. En él señalaba que el SBU había puesto trabas al mandato del Subcomité al impedir su acceso a algunas instalaciones, obligándolo a suspender una visita en mayo de 2016. Cuando el Subcomité reanudó su visita en septiembre, “tuvo la clara impresión de que algunos espacios y salas habían sido despejados para que pareciese que no se habían utilizado con fines de reclusión”. Tales instalaciones, especialmente en la ciudad de Járkov, se habían utilizado presuntamente como prisiones secretas, y sus internos habían sido trasladados a otro lugar no oficial antes de abrirlas a los visitantes.1 El Subcomité no obtuvo permiso para acceder a los centros de detención ubicados en los territorios controlados por las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk respaldadas por Rusia, en el este de Ucrania.

Las autoridades de facto de ambas repúblicas autoproclamadas continuaron deteniendo y encarcelando a personas que las criticaban o eran sospechosas de apoyar a Ucrania. El 4 de mayo, un tribunal de facto de Donetsk condenó al conocido intelectual Ihor Kozlovsky a dos años y ocho meses de prisión por cargos falsos de posesión de armas. Estaba bajo custodia desde enero de 2016 y quedó en libertad el 27 de diciembre de 2017 en el marco de un canje de prisioneros.

El 31 de enero, Seroe Fioletovoe y Viktoriya Miroshnichenko, artistas escénicos y activistas rusos, permanecieron dos semanas recluidos en régimen de incomunicación tras entrar en el territorio de la república autoproclamada de Donetsk. A raíz de una campaña internacional en favor de su liberación, el 14 de febrero el Ministerio de Seguridad del Estado de facto los escoltó hasta la frontera con Rusia y los puso en libertad.

El 2 de junio, el periodista independiente Stanislav Aseev, que informaba de manera anónima desde la república autoproclamada de Donetsk, fue víctima de desaparición forzada allí. Las autoridades de facto negaron durante semanas que lo tuvieran recluido; el 16 de julio, un miembro del Ministerio de Seguridad del Estado dijo a su madre que estaba bajo la custodia del Ministerio, acusado de espionaje. Stanislav Aseev continuaba detenido y sometido a investigación al final del año.

Los activistas de la sociedad civil y los miembros de ONG sufrían hostigamiento y violencia de forma habitual, sobre todo si trabajaban en asuntos de corrupción. Tales episodios no solían investigarse eficazmente, y cundía la sospecha de que eran instigados por las autoridades, incluidos los servicios de seguridad en algunos casos.

En marzo se aprobó una ley que obligaba a las personas comprometidas con el activismo contra la corrupción, en especial si eran periodistas y miembros de ONG, a presentar declaraciones de ingresos anuales —lo que era obligatorio para los funcionarios del Estado— si no querían enfrentarse a cargos y prisión.

En julio, la Presidencia presentó dos anteproyectos de ley con la finalidad de imponer requisitos onerosos e invasivos de presentación de informes económicos a las ONG cuyo presupuesto anual superara en 300 veces el llamado “mínimo vital”, que, definido en la ley y revisado periódicamente, era de 1.700 grivnas ucranianas (63 dólares estadounidenses) al final del año. Además, las ONG tenían la obligación de informar públicamente de todos los pagos realizados a miembros del personal o a consultores. El incumplimiento de estas obligaciones comportaba graves sanciones, como la pérdida de la condición de organización sin ánimo de lucro y la congelación de las cuentas. Los dos anteproyectos de ley seguían examinándose en el Parlamento al final del año.

El 11 de octubre, la policía fiscal llevó a cabo registros en las oficinas de Pacientes de Ucrania y la Red Ucraniana de Personas que Viven con el VIH/sida, dos ONG conocidas por sacar a la luz proyectos cuestionables del sistema público de adquisiciones médicas. Las autoridades explicaron que las ONG habían usado indebidamente su financiación internacional —a pesar de que habían superado una auditoría contable independiente— y, según documentos judiciales, las acusaron de “apoyar el terrorismo” financiando organizaciones de pacientes de Crimea asociadas con ellas.

Las investigaciones sobre los homicidios de los periodistas Oles Buzina en 2015 y Pavel Sheremet en 2016 no habían dado resultados. Las autoridades persistieron en sus intentos de restringir el derecho a la libertad de expresión entablando acciones judiciales por cargos falsos contra los periodistas que criticaban al gobierno por no implementar reformas y por sus políticas en el este de Ucrania. El 7 de junio, el Tribunal Supremo Especial de Ucrania anuló la decisión, adoptada por un tribunal de apelación en julio de 2016, de absolver al preso de conciencia Ruslan Kotsaba, periodista procesado por traición y perjuicio a las fuerzas armadas ucranianas después de que hubiera vertido críticas sobre el conflicto en el este de Ucrania.

En junio se llevó a cabo un registro en la oficina del diario digital Strana.ua como parte de una investigación sobre una presunta revelación de secretos de Estado, seguido en agosto de otros dos en las viviendas de su redactor jefe, Ihor Guzhva, y otro periodista. En julio se efectuó un registro en la sede del grupo de empresas de comunicación Vesti en el marco de una investigación por fraude. Ambos medios informativos eran conocidos por informar de manera crítica sobre las autoridades ucranianas y sus políticas en la región de Donbás, afectada por el conflicto.

En tres casos distintos ocurridos en agosto, el SBU expulsó a cuatro periodistas internacionales —dos españoles y dos de nacionalidad rusa— por “lesionar los intereses nacionales de Ucrania” y les prohibió volver a Ucrania en un periodo de tres años. La portavoz del SBU Olena Gitlyanska acusó a la periodista rusa Anna Kurbatova, expulsada el 30 de agosto, de producir material “lesivo para los intereses nacionales de Ucrania” y advirtió que eso era lo que le esperaba a todo “el que se atrev[iera] a desacreditar a Ucrania”. En octubre, el SBU levantó la prohibición de entrada en el país a los periodistas españoles.

También en agosto, el SBU detuvo al periodista independiente Vasily Muravitsky en la ciudad de Zhytomyr. Había colaborado con varios medios de comunicación rusos. El SBU lo acusó de preparar y distribuir materiales “contra Ucrania” por orden de Moscú. Si era declarado culpable, podía ser condenado hasta a 15 años de prisión. Continuaba detenido en espera de juicio al concluir el año.

El 18 de junio, miles de personas participaron en la mayor celebración de la igualdad hasta la fecha, la marcha anual del Orgullo LGBTI, en Kiev, así como en varias decenas de contramanifestaciones. La policía ofreció a las personas participantes en la marcha protección efectiva frente a quienes protestaban contra ella, y no se registraron incidentes durante su desarrollo. Tras la marcha, miembros de grupos ultraderechistas asaltaron y golpearon a algunas de las personas participantes. En general, el número de ataques violentos contra personas LGBTI creció en 2017. En septiembre, un grupo de manifestantes de extrema derecha golpearon brutalmente a varias personas que asistían a un festival LGBTI en la ciudad de Zaporiyia.

El Parlamento no había ratificado aún el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que había firmado en 2011.

Continuó la represión del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión en Crimea. Las autoridades siguieron hostigando principalmente a las personas de etnia tártara de Crimea. Persistió la prohibición arbitraria del Mejlis del Pueblo Tártaro de Crimea, órgano de autogobierno que representaba a esta comunidad. Los servicios de seguridad rusos registraron decenas de viviendas de personas de etnia tártara de Crimea, supuestamente en busca de armas ilegales, drogas o publicaciones “extremistas”, como parte de su campaña de intimidación contra quienes criticaban la ocupación de la península. Los pocos abogados que estaban dispuestos a asumir la defensa de voces críticas de Crimea sufrían el acoso de las autoridades rusas.

El 26 de enero, el abogado Emil Kurbedinov fue detenido y condenado a 10 días de detención administrativa por un tribunal de facto de la capital de Crimea, Simferopol. Se lo acusó de infringir la legislación rusa contra el extremismo por una publicación en redes sociales anterior a la ocupación rusa de Crimea, en la que compartía un vídeo sobre una manifestación de la organización musulmana Hizb ut Tahrir, prohibida en Rusia pero no en Ucrania. El 8 de agosto, la policía de Simferopol empleó fuerza excesiva contra Server Karametov y lo detuvo por sostener una pancarta en el exterior de la sede del Tribunal Supremo de Crimea para protestar por las represalias contra la comunidad tártara crimea. Fue condenado a 10 días de prisión. El 22 de septiembre, la periodista ucraniana Mykola Semena fue declarada culpable de “poner en peligro la integridad territorial de la Federación Rusa” con sus publicaciones; se le impuso una condena condicional de dos años y medio y la prohibición de participar en “actividades públicas” durante tres años. En septiembre se condenó a prisión a los dirigentes tártaros crimeos Ilmi Umerov y Akhtem Chiygoz por su activismo pacífico. El 25 de octubre, ambos fueron trasladados en avión a Turquía y liberados sin una explicación oficial. Akhtem Chiygoz llevaba 34 meses bajo custodia, e Ilmi Umerov estaba ingresado a la fuerza en un centro psiquiátrico desde agosto o septiembre de 2016. Ambos eran presos de conciencia.

El 28 de septiembre, Oleksandr Turchinov, secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, anunció que las empresas públicas ucranianas habían decidido paralizar las transferencias de armas a Sudán del Sur. El anuncio se hizo unos días después de que Amnistía Internacional publicara un informe que incluía documentos de contratos y certificados de usuario final en los que Ukrinmash, empresa estatal ucraniana exportadora de armas, figuraba como potencial proveedor de armas pequeñas y armas ligeras por valor de 169 millones de dólares estadounidenses al Ministerio de Defensa sursudanés.2 En respuesta al informe, el Servicio Estatal de Control de las Exportaciones emitió una declaración según la cual el contrato en cuestión no se había hecho efectivo y no se habían enviado armas a Sudán del Sur desde Ucrania. En años anteriores, Ucrania había comunicado continuamente exportaciones de armas pequeñas, armas ligeras y grandes armas al gobierno de Sudán del Sur.

Ucrania no había ratificado aún el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, que había firmado en septiembre de 2014.

  1. Put an end to impunity for detention-related abuses in the context of the armed conflict in Ukraine (EUR 50/5558/2017)
  2. From London to Juba, a UK-registered company’s role in one of the largest arms deals to South Sudan (ACT 30/7115/2017)
Ucrania
Jefe del Estado: Petro Poroshenko
Jefe del gobierno: Volodymyr Hroysman
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