Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo
Mapa de Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago

Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

Las autoridades siguieron expulsando de forma sumaria a las personas que solicitaban asilo, en contra del derecho internacional de los derechos humanos. Las mujeres venezolanas seguían expuestas a la violencia de género.

Información general

En abril, un grupo de trabajo designado por el gabinete presidencial en 2021 presentó un informe de 307 páginas sobre abusos en hogares infantiles, lo que reavivó motivos de preocupación de larga data por el trato que recibían los niños y niñas bajo tutela del Estado.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Trinidad y Tobago seguía siendo uno de los pocos países de las Américas carentes de legislación nacional sobre el asilo, pese a ser Estado Parte en la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados y en su Protocolo.

Aun así, el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, continuó tramitando solicitudes de asilo en el país, y en julio había inscrito en su registro a 22.500 personas refugiadas y solicitantes de asilo, de las cuales el 87% procedían de Venezuela. Las organizaciones de la sociedad civil, con el apoyo del ACNUR, siguieron proporcionándoles ayuda alimentaria y servicios psicosociales y de salud mental, así como servicios de atención médica.

En febrero, varias relatorías especiales de la ONU, incluido el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, expresaron su preocupación por la práctica continuada de la devolución sumaria de personas migrantes que utilizaba la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. Además, señalaron que, según informes, la interceptación de una embarcación en la que viajaban 39 personas de nacionalidad venezolana, incluidos 10 menores de edad, había causado la muerte a un bebé y lesiones a su madre. Asimismo, las relatorías expresaron su preocupación por la posterior expulsión de 35 de las 39 personas solicitantes de asilo que iban en el barco; la investigación sobre la muerte del bebé estaba en curso, también según informes.

En octubre, antes de una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONG local Centro Caribeño de Derechos Humanos expresó su preocupación por las denuncias de la práctica continuada de la detención en condiciones inhumanas de personas venezolanas y su expulsión sin una evaluación individualizada de las necesidades de protección y del riesgo que podrían correr a su regreso.

Violencia contra mujeres y niñas

Las mujeres que huían de la crisis humanitaria y de derechos humanos en curso en Venezuela continuaban expuestas a un mayor riesgo de ser objeto de trata en la industria sexual, violación y otras formas de violencia sexual, explotación laboral y servidumbre por deudas.

Según los medios de comunicación, las autoridades pusieron en marcha en septiembre un nuevo programa llamado Heal, Empower, Rise - Counter Trafficking in Persons (Sanar, Empoderar y Alzar: Lucha contra la Trata de Personas) con apoyo del gobierno estadounidense y de la Organización Internacional para las Migraciones.

Pena de muerte

Se siguió imponiendo la pena de muerte preceptiva por asesinato, incluso tras juicios virtuales celebrados ante un solo juez. En mayo, el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona de Reino Unido —máxima instancia judicial de Trinidad y Tobago— confirmó la constitucionalidad de esa sanción.

República de Trinidad y Tobago
Jefa del Estado: Paula-Mae Weekes
Jefe del gobierno: Keith Christopher Rowley