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Sudán del Sur

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

El conflicto armado se propagó y surgieron nuevos grupos armados de oposición. Las partes en el conflicto siguieron cometiendo con impunidad crímenes de derecho internacional y abusos y violaciones de derechos humanos. Los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y las de la oposición tuvieron un impacto humanitario devastador en la población civil. Los conflictos y el hambre obligaron a desplazarse a cientos de miles de personas.

El Ejército/Movimiento de Liberación Popular de Sudán en la Oposición (SPLA/M-IO, por sus siglas en inglés), principal grupo de oposición, seguía dividido entre leales a Riek Machar y leales a Taban Deng Gai. Taban Deng Gai había sustituido a Riek Machar como vicepresidente primero en julio de 2016, después de que éste se viera obligado a huir de Sudán del Sur tras los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y las de la oposición que tuvieron lugar en Yuba, la capital. Surgieron nuevos grupos de oposición, entre ellos el Frente de Salvación Nacional, dirigido por el general Thomas Cirillo Swaka, ex jefe adjunto del Estado Mayor que había dimitido de su cargo en las fuerzas armadas sursudanesas en febrero de 2017.

El Acuerdo sobre la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur, firmado en 2015, no aumentó la seguridad, por lo que su legitimidad y pertinencia disminuyeron durante el año. En junio, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo anunció que convocaría un foro de alto nivel para restablecer un alto el fuego permanente y la aplicación del Acuerdo. Entre agosto y noviembre, la Autoridad llevó a cabo consultas con las partes en el Acuerdo, otros grupos de oposición y otras partes interesadas fundamentales, especialmente de la sociedad civil, en relación con la concepción del foro y los resultados que se esperaba que arrojase. En diciembre se firmó un Acuerdo de Cese de Hostilidades, pero poco después estallaron nuevos combates en diversas partes del país.

Las hostilidades entre las fuerzas del gobierno y las de la oposición bajo el mando de Riek Machar, así como otros grupos armados de oposición, afectaron a la mayor parte del país. Las partes en el conflicto cometieron abusos y violaciones del derecho internacional humanitraio y de los derechos humanos, tales como homicidios selectivos de civiles —a menudo por su origen étnico o su supuesta afiliación política—, saqueos sistemáticos y destrucción de bienes civiles, secuestros y delitos de violencia sexual.

En Alto Nilo, por ejemplo, las fuerzas gubernamentales —con apoyo de las milicias de la etnia dinka padang— llevaron a cabo reiterados ataques contra los territorios de la ribera occidental del Nilo Blanco, en poder de las fuerzas shilluks favorables a la oposición. Atacaron indiscriminadamente ciudades y pueblos civiles, entre ellos Wau Shilluk, Lul, Fashoda, Kodok y Aburoc, y fueron responsables de homicidios deliberados de civiles, saqueos de bienes y el desplazamiento de decenas de miles de civiles.1

Los combates que tuvieron lugar durante el año en la región de Ecuatoria también causaron numerosas muertes entre la población civil. Se documentaron casos de homicidios deliberados de civiles, delitos de violencia sexual, saqueos y destrucción de bienes civiles en los condados de Yei y Kajo Keji, principalmente por las fuerzas gubernamentales.

Violencia sexual

La violencia sexual seguía siendo una característica común del conflicto. Todas las partes sometían a mujeres, niñas, hombres y niños a violaciones, violaciones en grupo, esclavitud sexual, mutilaciones sexuales —incluida la castración— y desnudez forzada durante los ataques contra los pueblos, los registros de las zonas residenciales, en las carreteras y los puestos de control, así como tras secuestros o bajo custodia. Las mujeres y niñas que vivían en campos bajo la protección de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS) eran atacadas por las fuerzas gubernamentales cuando se dirigían a comprar o buscar artículos de primera necesidad como alimentos o leña. Las personas sobrevivientes de la violencia sexual tenían escaso acceso a tratamientos médicos y psicológicos adecuados porque su disponibilidad era limitada o no estaban a su alcance. Casi nunca se hacía rendir cuentas a quienes cometían delitos de violencia sexual.2

Falta de acceso humanitario

El entorno hostil en el que trabajaba el personal de ayuda humanitaria socavaba su capacidad de abordar las necesidades de alimentos, atención a la salud, educación y alojamiento de emergencia. Las partes en el conflicto obstaculizaban de forma habitual el acceso de la ayuda humanitaria mediante la amenaza, el hostigamiento, la detención o la comisión de actos de violencia contra el personal de ayuda humanitaria. Al menos 25 trabajadores y trabajadoras de ayuda humanitaria fueron asesinados durante el año, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH). En numerosas ocasiones, los combates entre grupos armados obligaron al personal de ayuda humanitaria a marcharse de las zonas de operación y suspender sus servicios. Las partes en el conflicto saquearon la ayuda humanitaria, incluidas, en junio y julio, más de 670 toneladas de alimentos procedentes de recintos humanitarios, según la OCAH.

Se calculaba que 4,8 millones de personas, casi la mitad de la población, se hallaban en situación de inseguridad alimentaria grave como consecuencia de los obstáculos al acceso humanitario, el conflicto armado, el desplazamiento masivo y la crisis económica. En febrero se declaró una hambruna local en los condados de Leer y Mayendit (estado de Unidad). En junio, la situación había mejorado tras una respuesta humanitaria en gran escala.

En la región de Ecuatoria, en la que anteriormente había abundancia de alimentos, las fuerzas del gobierno y de la oposición restringieron el acceso de la población civil a los alimentos como forma de controlar sus movimientos u obligarla a abandonar sus hogares y tierras.3 Quienes se quedaron se enfrentaron a una grave escasez de alimentos, y los niveles de desnutrición aumentaron.

En todo el país, los desplazamientos y la amenaza de violencia afectaron a la agricultura e impidieron que la población civil cuidara el ganado o recibiera ayuda alimentaria suficiente y sostenida.

El deterioro de la situación económica también agravó la crisis alimentaria. Los ingresos del gobierno se redujeron debido a los bajos precios y la escasa producción del petróleo. La depreciación de la moneda nacional y la escasez de productos básicos importados provocaron un fuerte aumento de los precios de los alimentos. El gobierno dejó de pagar en repetidas ocasiones los salarios de su personal.

Más de 3,9 millones de personas —aproximadamente un tercio de la población— se habían visto desplazadas desde el comienzo del conflicto en diciembre de 2013. De ellas, un total de 1,9 millones estaban en situación de desplazamiento interno, incluidas más de 200.000 que vivían en bases de la ONU bajo la protección de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la UNIMISS.

Más de 640.000 personas abandonaron el país durante el año, lo que elevó a 2 millones la cantidad total de personas refugiadas procedentes de Sudán del Sur. La mayoría de ellas fueron acogidas por los países vecinos: Etiopía, Kenia (véase el apartado sobre Kenia) y Uganda (véase Uganda), país en el que había aproximadamente un millón de personas refugiadas.

En marzo, el presidente Kiir anunció que tenía previsto liberar a todas las personas detenidas por motivos políticos. Al menos 30 de ellas quedaron en libertad durante el año, pero el Servicio de Seguridad Nacional y la Dirección de Inteligencia Militar siguieron llevando a cabo detenciones arbitrarias y sometiendo a personas supuestamente opositoras del gobierno a detenciones prolongadas sin cargos ni juicio. Se negaba a las personas el derecho a que un tribunal examinara su detención, y a menudo se las sometía a tortura y otros malos tratos. Las condiciones de reclusión eran duras; las personas detenidas se veían periódicamente privadas de acceso a sus familiares, a alimentos suficientes y a agua potable. Esas condiciones, especialmente la falta de atención médica adecuada, contribuyeron a la muerte de algunas.

El Servicio de Seguridad Nacional puso en libertad sin cargos a 21 hombres que habían sido sometidos a detención arbitraria prolongada en una prisión situada en el recinto de la Jefatura del Servicio, en el barrio de Jebel (Yuba): uno quedó libre en enero, 2 en marzo, uno en abril, 2 en mayo y 15 en agosto. La mayoría llevaban recluidos entre 2 y 3 años. Al menos otros 5 permanecían privados de libertad en el recinto, acusados de comunicarse con la oposición o de apoyarla. Un sexto hombre, el exportavoz de SPLA/M-IO James Gatdet, que estaba recluido en el mismo centro, fue acusado de incitación a la violencia, “traición” y “publicación o comunicación de declaraciones falsas y perjudiciales para Sudán del Sur”. Lo habían detenido tras haber sido devuelto a Sudán del Sur desde Kenia en noviembre de 2016.4

Mike Tyson, Alison Mogga Tadeo, Richard Otti y Andria Baambe, que también estaban recluidos sin cargos por supuestos vínculos con la oposición, murieron entre febrero y julio en el mismo centro como consecuencia de las duras condiciones de reclusión y el acceso insuficiente a atención médica. Llevaban detenidos desde 2014.

El gobierno no investigó el uso de la detención arbitraria y las violaciones de derechos humanos relacionadas con ella por parte de los organismos de seguridad del gobierno, ni hizo rendir cuentas a las personas sospechosas de ser penalmente responsables, ni proporcionó reparación —como indemnizaciones económicas y rehabilitación— a las víctimas.

El Servicio de Seguridad Nacional y la Dirección de Inteligencia Militar sometieron a desaparición forzada a personas que supuestamente se oponían al gobierno.

Dong Samuel Luak y Aggrey Idri, conocidos detractores del gobierno, desaparecieron el 23 y el 24 de enero respectivamente en Nairobi (Kenia). A los dos los devolvieron a Sudán del Sur y los llevaron al centro penitenciario situado en la Jefatura del Servicio de Seguridad Nacional, en Yuba. Se tuvo noticia de que el 27 de enero los habían sacado de este centro penitenciario. Su suerte y su paradero seguían siendo desconocidos.5

Se sometía a hostigamiento, detención arbitraria y tortura y otros malos tratos a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, miembros de la oposición política y otras personas que se pronunciaban sobre el conflicto. Esto dio lugar a un clima de autocensura y generó un entorno político en el que no se podía trabajar ni hablar con libertad.

Adil Faris Mayat, director de la Corporación de Radiodifusión de Sudán del Sur, fue detenido por el Servicio de Seguridad Nacional el 10 de julio, tras no haber emitido el discurso del presidente Kiir con motivo del Día de la Independencia. Permaneció recluido sin cargos durante nueve días en un centro situado en la Jefatura del Servicio, en Yuba, y posteriormente fue despedido de su trabajo. El 17 de julio, la Autoridad Nacional de Comunicaciones de Sudán del Sur bloqueó los sitios web de cuatro medios informativos. Según los medios de comunicación, el ministro de Información había dicho que en los sitios web se había publicado información que era “hostil” al gobierno.

No se investigaban de forma creíble los crímenes de derecho internacional ni los abusos o violaciones de derechos humanos, ni se procesaba en juicios justos ante tribunales civiles a las personas sospechosas de tener responsabilidad penal. Las fuerzas armadas afirmaron que algunos delitos cometidos por soldados gubernamentales contra la población civil se juzgaban ante tribunales militares. Esto sucedía a pesar de que la Ley del Ejército de Liberación Popular de Sudán, de Sudán del Sur, atribuía a los tribunales civiles la competencia de enjuiciar los delitos cometidos por militares contra la población civil. En mayo, por ejemplo, el juicio de 12 soldados gubernamentales acusados de violación, asesinato y saqueo en 2016 en el hotel Terrain de Yuba se incoó ante un tribunal militar especial.

Al concluir el año no se había establecido ninguno de los tres órganos de justicia transicional dispuestos en el Acuerdo sobre la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur, firmado en 2015. En julio, la Comisión de la Unión Africana y el gobierno acordaron los contenidos de un estatuto y un memorándum de entendimiento para la creación de uno de los órganos, el Tribunal Híbrido para Sudán del Sur, aunque no los firmaron ni adoptaron oficialmente. Un comité técnico para la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Recuperación inició consultas sobre la concepción y el marco legislativo de la Comisión.

El marco legislativo de Sudán del Sur no definía ni penalizaba la tortura, la desaparición forzada ni los crímenes de lesa humanidad.

La Asamblea General de Jueces y Magistrados se declaró en huelga en abril, y exigió un incremento de la remuneración, mejores condiciones de trabajo y la dimisión del presidente del Tribunal Supremo por su escaso liderazgo. En respuesta, el presidente Kiir emitió un decreto el 12 de julio en el que destituía de su cargo a 14 jueces invocando una disposición constitucional que permitía cesar a jueces por “conducta impropia”. El 11 de septiembre, los jueces pusieron fin a la huelga, entre otros motivos por la promesa del presidente de examinar sus demandas y restituir en el cargo a los jueces destituidos. Los jueces no se habían reincorporado a su puesto al terminar el año. En noviembre, un juez del Tribunal Supremo dimitió, aduciendo falta de independencia judicial.

En octubre, la Asamblea Legislativa Nacional de Transición votó a favor de ratificar el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los Derechos de la Mujer en África (Protocolo de Maputo).

  1. South Sudan: “It was as if my village was swept by a flood”: Mass displacement of the Shilluk population from the West Bank of the White Nile (AFR 65/6538/2017)
  2. “Do not remain silent”: Survivors of sexual violence in South Sudan call for justice and reparations (AFR 65/6469/2017)
  3. South Sudan: “If men are caught, they are killed. If women are caught, they are raped”: Atrocities in Equatoria Region turn country’s breadbasket into a killing field (AFR 65/6612/2017)
  4. Sudán del Sur: Varios hombres recluidos arbitrariamente en condiciones deficientes (AFR 65/6747/2017); Sudán del Sur: En libertad 15 hombres y detenidos aún arbitrariamente 5 (AFR 65/7144/2017)
  5. Sudán del Sur: Se desconoce la suerte y el paradero de dos hombres (AFR 65/6298/2017)
República de Sudán del Sur
Jefe del Estado y del gobierno: Salva Kiir Mayardit
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