Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.
Continuaron las restricciones del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, especialmente en relación con el periodo de elecciones presidenciales. La inseguridad alimentaria era generalizada. El gobierno intentó abordar la deforestación. Se violaban los derechos de las mujeres y de las niñas, pero la representación de las mujeres en los cargos públicos aumentó. Seguían pendientes proyectos de ley para mejorar la protección de los derechos de la infancia.
Información general
El presidente Julius Maada Bio fue reelegido el 24 de junio en un contexto de controversia por la falta de transparencia en el proceso de recuento de votos.
Los precios de los alimentos y del combustible eran altos; la tasa de inflación superó el 50% en agosto.
Las autoridades judiciales aumentaron la frecuencia de las audiencias judiciales en los centros penitenciarios para descongestionar las prisiones y reducir los periodos de detención en espera de juicio.
En octubre, el gobierno finalizó una política cuyo objetivo era asegurar que el trabajo realizado por las ONG se ajustase a las prioridades de desarrollo nacionales.
En noviembre, unos hombres armados trataron de entrar por la fuerza en una armería militar y también atacaron 2 prisiones de la capital, Freetown, de las que liberaron a casi 2.000 personas; al menos 20 murieron. El gobierno declaró que había sido un intento de golpe de Estado, impuso un toque de queda nocturno nacional durante casi un mes y practicó más de 50 detenciones.
Libertad de reunión
Unos meses antes de las elecciones, la Comisión de Registro de Partidos Políticos prohibió, por motivos de seguridad, las concentraciones políticas en las calles y la celebración de actos de campaña de los partidos en más de un lugar.
En abril, la Comisión Especial de Investigación publicó un informe tras su investigación sobre el homicidio de 6 agentes de policía y al menos 27 manifestantes y transeúntes durante las protestas de agosto de 2022.1 El informe calificaba las protestas de insurrección y de intento de derrocar el gobierno. Aunque la Comisión Especial de Investigación recomendó impartir formación a los agentes de policía para evitar la “arbitrariedad”, no recomendó una investigación sobre el uso de fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad.
El 13 de junio, al menos 8 manifestantes fueron detenidos en la capital, Freetown, por una “manifestación ilícita para alterar la paz pública”. Reclamaban la divulgación de los datos del censo electoral y la dimisión del comisionado electoral jefe.
El 21 de junio, la policía usó fuerza excesiva para dispersar a más de un centenar de personas que protestaban por presuntas discrepancias en el proceso electoral ante la sede en Freetown del partido opositor Congreso para Todo el Pueblo. Un manifestante murió, al parecer por una herida de bala de la que la policía negó ser responsable. Más adelante se detuvo a 66 manifestantes.
El 25 de junio, las fuerzas de seguridad rodearon el edificio del Congreso para Todo el Pueblo durante una conferencia de prensa en la que había simpatizantes esperando los resultados electorales. Los agentes usaron munición real y gas lacrimógeno, y una voluntaria del partido murió por arma de fuego.
En septiembre, 2 personas murieron por heridas de bala cuando las fuerzas de seguridad dispersaron violentamente protestas en Freetown y otras zonas. La policía afirmó que había practicado 72 detenciones y abierto una investigación sobre las muertes. Se presentaron cargos contra más de 40 personas por diversos delitos, desde conspiración para delinquir hasta alteración del orden público.
Libertad de expresión
La libertad de prensa sufrió su mayor retroceso en 18 años. Sierra Leona descendió 28 puestos en la clasificación de la libertad de expresión de Reporteros sin Fronteras, y pasó del puesto 46 al 74 de un total de 180 países.
En abril, una empresaria fue detenida tras publicar un vídeo en el que se criticaba al gobierno y se acusaba al presidente de matar a personas. Quedó en libertad bajo fianza al cabo de dos días y la policía afirmó que estaba investigándola por la vulneración de una disposición de la Ley de Ciberseguridad y Ciberdelincuencia.
Derecho a la alimentación
En abril, un informe del Programa Mundial de Alimentos estimaba que, en febrero, el 78% de la población se hallaba en situación de inseguridad alimentaria y el 20% de las familias padecían inseguridad alimentaria severa. El Banco Mundial incluyó reiteradamente a Sierra Leona entre los 10 países con la inflación más alta en los precios de los alimentos En octubre, el presidente lanzó el programa Feed Salone (Alimentar a Salone) para aumentar la productividad agrícola, los ingresos por exportaciones de cultivos y la autosuficiencia alimentaria. Además, la iniciativa apoyaba la agricultura a pequeña escala con asistencia técnica y económica y estimulaba la inversión privada en infraestructuras agrícolas.
Derecho a un medioambiente saludable
En julio, el gobierno anunció la prohibición temporal de la tala y el transporte de madera, con efectos desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre, para hacer frente a la deforestación.
Los pescadores de la localidad costera de Tombo se quejaron de la disminución de las poblaciones de peces, hecho que atribuían a los buques arrastreros extranjeros que pescaban ilegalmente y usaban prácticas que destruían el ecosistema.
Derechos de las mujeres y de las niñas
En enero entró en vigor el proyecto de Ley de Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, que exigía que el 30% de los cargos públicos fueran ocupados por mujeres. En julio, la representación de las mujeres en el Parlamento se había duplicado hasta alcanzar un número sin precedentes, 41, mientras que el porcentaje de mujeres nombradas miembros del gabinete llegaba al 30%. En septiembre, el Ministerio de Asuntos de Género y de la Infancia afirmó que empezaría a seguir y evaluar la incorporación de una perspectiva de género en varios ministerios, departamentos y organismos en todo el país.
En febrero, la ONG AdvocAid reclamó el fin de la violencia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuando un agente de policía fue sometido a juicio por violar a una niña en una comisaría.
La mutilación genital femenina seguía siendo una práctica muy extendida. En marzo, una niña de dos años murió tras ser sometida a ella durante un proceso de iniciación en la sociedad secreta conocida como “Bondo”. La Comisión de Derechos Humanos mantuvo conversaciones con partes interesadas en relación con una estrategia nacional —redactada en 2015, pero no aplicada— para poner fin a este tipo de procedimientos.
En marzo, un informe del Observatorio Africano de la Salud, plataforma integrada de información para los Estados africanos miembros de la Organización Mundial de la Salud, informó de una disminución de la tasa de mortalidad materna de casi el 60% entre 2017 y 2020.
Derechos de la infancia
En abril, la Coalición por los Derechos de la Infancia instó al gobierno a aprobar la Ley de Derechos de la Infancia de 2022 y afirmó que sus disposiciones proporcionarían mecanismos de denuncia adaptados para niños y niñas dentro de la Comisión Nacional para la Infancia y subsanarían deficiencias en la manera de abordar asuntos como la justicia de menores y el matrimonio precoz e infantil. Ese mismo mes, el Parlamento aprobó la Ley de Educación Básica y Secundaria de 2023, que prohibía que los progenitores o tutores se negasen a enviar a sus hijos e hijas a la escuela, y prohibía también los castigos corporales y la discriminación en relación con el ingreso en las escuelas o el trato que se dispensaba en ellas. La ley establecía asimismo la mejora del acceso a la escolarización de las niñas embarazadas y de los alumnos y alumnas con hijos.
La falta de albergues para alojar a los niños y niñas vulnerables obstaculizaba la lucha contra el trabajo infantil. En julio, un informe de la Iniciativa Africana de Programación e Investigación para Poner Fin a la Esclavitud reveló que la trata de menores había aumentado en la región noroccidental; el 34% de los niños y niñas de entre 5 y 17 años en el distrito de Kambia habían sido objeto de trata, y aproximadamente el 40% eran sometidos a trabajo infantil.
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