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República Centroafricana

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

El control del gobierno fuera de la capital del país, Bangui, era mínimo. Los grupos armados continuaban luchando por el control territorial, y atacaron a la población civil, personal de ayuda humanitaria y miembros de operaciones de mantenimiento de la paz. La impunidad generalizada intensificó aún más la inestabilidad y el conflicto. Un número cada vez mayor de personas buscaban refugio en países vecinos o quedaban desplazadas internamente en condiciones terribles. Al menos 2,4 millones de personas dependían de la asistencia humanitaria, y 1,4 millones seguían padeciendo inseguridad alimentaria.

Resurgió la violencia, principalmente en las prefecturas de Ouaka, Baja Kotto, Alta Kotto y sus alrededores. Los grupos armados ex Seleka y antibalaka controlaban gran parte del país.

El mandato de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de la ONU en la República Centroafricana (MINUSCA) se renovó hasta el 15 de noviembre de 2018. Se incrementó el número de efectivos de la Misión a raíz de críticas sobre su capacidad para proteger a la población civil y dar respuesta a los ataques. En junio, la ONU acordó reducir el presupuesto de la MINUSCA en 18,8 millones de dólares estadounidenses, así como los presupuestos de 14 misiones de mantenimiento de la paz.

Las tropas ugandesas y estadounidenses desplegadas bajo el mando de la Fuerza Operativa Regional de la Unión Africana para eliminar al Ejército de Resistencia del Señor se retiraron del país entre abril y mayo.

En mayo, la Asamblea Nacional presentó al gobierno una iniciativa parlamentaria para la adopción de un plan de paz que incluía un comité nacional de víctimas y descartaba amnistías para los crímenes de guerra.

En junio, el gobierno y 13 de los 14 grupos armados firmaron un acuerdo de paz que incluía un alto el fuego inmediato, representación política para los grupos armados y la creación de una comisión de la verdad y la reconciliación. El acuerdo también preveía la posibilidad de que se concedieran indultos.

En julio, la Unión Africana elaboró la Hoja de Ruta para la Paz y la Reconciliación en República Centroafricana, que puso en marcha una mediación conjunta.

Los grupos armados llevaron a cabo homicidios, tortura y otros malos tratos, agresiones sexuales, secuestros, detenciones, extorsiones y saqueos, reclutamiento y explotación de niños y niñas y ataques contra personal e instalaciones de ayuda humanitaria, a la que también impidieron el acceso.

La Organización para la Seguridad de las ONG Internacionales denunció que se habían registrado más de 390 incidentes de seguridad contra agencias de ayuda humanitaria en los que habían muerto violentamente al menos 15 trabajadores humanitarios locales.

Entre el 20 y el 21 de marzo, al menos 20 personas —entre ellas civiles— murieron en enfrentamientos entre fuerzas ex Seleka y antibalaka en las ciudades de Bakouma y Nzako (prefectura de Mbomou).

En abril, 11 civiles perdieron la vida en combates entre fuerzas antibalaka y la Unión por la Paz en República Centroafricana (UPC, por sus siglas en francés), que mantenía una vaga alianza con los pastores a lo largo de la carretera entre Bangassou y Rafai.

El 2 de mayo, el grupo armado Retorno, Reclamación y Rehabilitación (3R) mató a 12 personas en Niem-Yelewa y ocupó la ciudad durante 12 días.

Entre el 7 y el 25 de mayo, los ataques de la UPC causaron la muerte de cientos de civiles y el desplazamiento interno de miles de personas en el sudeste del país, especialmente en las ciudades de Alindao, Nzangba y Mobaye. En Alindao murieron violentamente al menos 130 civiles. A las mujeres se las violaba de forma sistemática.

Entre el 12 y el 13 de mayo, las fuerzas antibalaka atacaron el barrio predominantemente musulmán de Tokoyo, en la ciudad de Bangassou (prefectura de Mbomou), y la base de la MINUSCA. La ONU calculaba que al menos 72 personas habían perdido la vida, 76 habían resultado heridas y 4.400 habían quedado desplazadas internamente, aunque la sociedad nacional de la Cruz Roja estimaba que el número de muertes ascendía al menos a 115.

Entre el 16 y el 18 de mayo, al menos 17 civiles murieron en enfrentamientos entre fuerzas ex Seleka y antibalaka en la ciudad de Bria, y unas 15.000 personas quedaron desplazadas internamente.

El 6 de junio, al menos 18 civiles murieron cuando elementos del Frente Popular para el Renacimiento de República Centroafricana (FPRC, por sus siglas en francés) atacaron posiciones antibalaka en Nzako.

Entre el 20 y el 23 de junio, más de 80 civiles murieron durante los combates que tuvieron lugar entre fuerzas antibalaka y el FPRC en Bria.

Entre el 27 y el 30 de junio, al menos 22 personas perdieron la vida cuando las fuerzas antibalaka atacaron los barrios musulmanes de la ciudad de Zemio y la población local tomó represalias.

El 1 de julio, al menos 10 personas murieron en combates entre el Movimiento Patriótico de República Centroafricana (MPC, por sus siglas en francés) y fuerzas antibalaka en Kaga-Bandoro (prefectura económica de Nana-Gribizi).

Entre el 29 de julio y el 1 de agosto, los enfrentamientos entre fuerzas ex Seleka y antibalaka en la ciudad de Batangafo causaron la muerte de al menos 14 civiles y el desplazamiento interno de 24.000 personas.

En agosto, los enfrentamientos entre fuerzas antibalaka y la UPC en la ciudad de Gambo (cerca de Bangassou) causaron la muerte de al menos 36 civiles, entre ellos 6 trabajadores de la sociedad nacional de la Cruz Roja.

En septiembre, los enfrentamientos entre facciones rivales del FPRC en Bria se saldaron con la muerte de 10 personas.

Cientos de musulmanes regresaron a sus casas en el sudoeste del país, pero siguieron siendo víctimas de persecución. El temor a sufrir ataques los obligó a restringir sus movimientos y, en algunos casos, a ocultar su religión.

Según ONG internacionales, el Ejército de Resistencia del Señor efectuó 113 ataques en el sudeste del país que se saldaron con al menos 12 víctimas civiles y 362 secuestros.

El 10 de octubre, al menos 25 personas murieron en una mezquita cuando fuerzas antibalaka atacaron la ciudad de Kembe, en la prefectura de Baja Kotto. El 18 de octubre, los enfrentamientos entre combatientes antibalaka y de la UPC que tuvieron lugar en Pombolo (prefectura de Mbomou) provocaron al menos 26 muertes.

En noviembre, cuatro personas murieron cuando unos agresores desconocidos lanzaron una granada en un concierto que se celebraba en Bangui.

Persistían las denuncias de explotación y abusos sexuales a manos de las tropas de mantenimiento de la paz de la ONU. En enero, el secretario general de la ONU anunció un nuevo grupo de trabajo para prevenir esas prácticas y darles respuesta. No obstante, la ONU registró 21 casos de explotación o abusos sexuales, entre cuyas víctimas figuraban 6 niños y niñas, relacionados con soldados de mantenimiento de la paz. En junio, República del Congo retiró a casi 650 soldados a la luz de las denuncias de conductas inadecuadas y abusos sexuales.

El 30 de septiembre, al menos un soldado de mantenimiento de la paz mauritano presuntamente drogó y violó a una mujer en la ciudad de Bambari. Rápidamente, la MINUSCA desplegó investigadores y se comprometió a ocuparse de la cuestión.

Se desestimaron, tras ser investigadas, varias denuncias de actos de explotación o abusos sexuales relacionados con las fuerzas francesas desplegadas en el marco de la Operación Sangaris. En marzo, el fiscal de París solicitó que se desestimara un caso de violación que presuntamente había tenido lugar entre 2013 y 2014 en un asentamiento de personas internamente desplazadas situado en M’Poko (Bangui). Al menos 14 soldados de la Operación Sangaris y 5 soldados de la Misión Internacional de Apoyo a la República Centroafricana con Liderazgo Africano (MISCA), efectivos de la Unión Africana y soldados de mantenimiento de la paz se hallaban presuntamente implicados en él. El fiscal resolvió que los testimonios de las víctimas no demostraban suficientemente los hechos.

El número de personas que buscaban refugio en países vecinos aumentó debido a la escalada de la violencia que se produjo en abril y mayo. Al concluir el año, al menos 538.000 habían huido del país para dirigirse a los vecinos Chad, Camerún, República Democrática del Congo y República del Congo, y 601.000 estaban desplazadas internamente y vivían en condiciones precarias en campos provisionales sin acceso adecuado a alimentos, agua, atención a la salud o saneamiento.

No se investigó ni enjuició a muchos presuntos responsables de abusos y violaciones de derechos humanos, entre ellos los grupos armados y las fuerzas de seguridad. La impunidad se vio acentuada por el hundimiento del sistema nacional de justicia y su lenta reconstrucción.

El 26 de febrero, la MINUSCA detuvo a seis miembros del FPRC y el MPC. Las autoridades del país los mantenían recluidos desde el 1 de marzo e iniciaron investigaciones. Al concluir el año, los detenidos aún no habían sido juzgados.

Entre noviembre y diciembre, ocho miembros de las fuerzas antibalaka fueron enjuiciados por un tribunal de la ciudad de Bouar (en el oeste del país) en cuatro causas y condenados a penas de hasta 20 años de prisión por asociación delictiva, posesión ilegal de armas de fabricación casera, asesinato y robo, entre otros delitos. Se condenó a otras personas in absentia.

Las autoridades centroafricanas no aplicaron la congelación de activos que el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó el 27 de enero de 2017 hasta el 31 de enero de 2018 junto con el embargo de armas y la prohibición de viajar. Varias personas incluidas en la lista siguieron recibiendo su salario del Estado.

Entre abril y diciembre, Estados Unidos impuso sanciones económicas a Abdoulaye Hissène —destacado miembro del FPRC— y a Maxime Mokom—líder de las fuerzas antibalaka—, entre otras personas. En junio, Chad anunció que había congelado los activos de Abdoulaye Hissène y le había prohibido cruzar la frontera de Chad.

Hubo avances en la puesta en funcionamiento del Tribunal Penal Especial, que enjuiciaría a los presuntos autores de violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos desde 2003. El fiscal especial del Tribunal tomó posesión de su cargo en mayo, tras lo cual se nombró a cinco magistrados nacionales y dos internacionales y se creó un comité para seleccionar a los agentes de la policía judicial.

Continuaron las investigaciones de la Corte Penal Internacional sobre la situación en República Centroafricana II, pero no se emitieron órdenes de arresto. En marzo, la Corte aumentó a 19 años la pena de prisión de 18 años de Jean-Pierre Bemba Gombo después de que él y su equipo jurídico fueran declarados culpables de intentar sobornar a testigos en 2016.

El 20 de julio, el Tribunal General de la Unión Europea confirmó la congelación de activos de las empresas de diamantes radicadas en Bélgica BADICA y KARDIAM, que habían adquirido diamantes procedentes de República Centroafricana a pesar de la prohibición.

Según la ONU, cerca de la mitad de la población (2,4 millones de personas) necesitaba asistencia humanitaria y 1,4 millones de personas padecían inseguridad alimentaria.

El sistema de salud se hundió debido al conflicto, y la población dependía casi enteramente de las organizaciones humanitarias para recibir los servicios básicos. La intensificación de la violencia provocó que las organizaciones retiraran temporalmente a su personal de ciudades y pueblos.

La ONU afirmó que el porcentaje de la población que tenía acceso a agua potable y a instalaciones sanitarias adecuadas representaba en torno un tercio.

República Centroafricana
Jefe del Estado: Faustin-Archange Touadéra
Jefe del gobierno: Simplice Sarandji
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