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Reino Unido

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

En Irlanda del Norte, las mujeres continuaron sufriendo graves restricciones de acceso al aborto. La legislación antiterrorista continuaba restringiendo derechos. Siguió sin materializarse la plena rendición de cuentas por presuntas torturas cometidas por las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia británicos.

En marzo, la primera ministra activó el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que puso en marcha de forma oficial la salida de Reino Unido de la UE (Brexit). En julio se sometió a primera lectura en la Cámara de los Comunes el proyecto de ley sobre la retirada de la UE, que amenazaba con reducir de forma significativa las protecciones de derechos humanos existentes y, desde el momento de la salida de la UE, excluía del derecho interno la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en su totalidad), así como el derecho a emprender acciones por la violación de los principios fundamentales de la UE. El proyecto de ley otorgaba también amplios poderes a los ministros para modificar la legislación sin un escrutinio parlamentario adecuado, lo que ponía en peligro los derechos y leyes de igualdad existentes.

En enero, el gobierno se comprometió a tener terminada para abril de 2018 la revisión de la aplicación de la Ley sobre Sentencias, Penas y Asistencia Letrada Gratuita al Delincuente de 2012. La asistencia letrada gratuita en casos civiles había disminuido drásticamente desde la introducción de esta ley. En octubre se publicó un memorándum interno sobre su revisión tras su introducción y se anunciaron planes para terminar la revisión propiamente dicha para mediados de 2018.

En julio, Lady Hale se convirtió en la primera mujer presidenta del Tribunal Supremo. Entre los magistrados del Tribunal Supremo sólo había otra mujer y únicamente el 28% de todos los jueces de tribunales eran mujeres. La representación de las minorías étnicas en la judicatura también continuó siendo motivo de preocupación: sólo un 7% de sus integrantes se declaraban miembros de una minoría étnica.

Entre los meses de marzo y junio, 41 personas murieron (incluidos los atacantes) y muchas más resultaron heridas en atentados en Londres, la capital, y en Mánchester. En junio, el gobierno anunció una revisión de su estrategia antiterrorista y encargó que se proporcionara una “garantía” externa independiente de los análisis internos realizados por el Servicio de Seguridad Británico (MI5) y la policía sobre los atentados. En junio se anunciaron planes para establecer una “comisión para la lucha contra el extremismo”.

En mayo, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación publicó un informe en el que advertía de que el gobierno, con su planteamiento sobre el “extremismo no violento”, corría el riesgo de violar ambas libertades.

En octubre, el gobierno anunció su intención de proponer reformas al artículo 58 de la Ley Antiterrorista de 2000, en relación a la recopilación, grabación y posesión de información que pudiera ser útil para la preparación o comisión de un acto terrorista. Las propuestas buscaban ampliar el alcance del delito para incluir como actos punibles con penas de hasta 15 años de prisión el visionado o la transmisión de material en Internet de forma repetida. También proponían elevar las condenas discrecionales para el delito de obtención de información sobre las fuerzas armadas.

En septiembre, Muhammed Rabbani, director del grupo de incidencia política CAGE, fue condenado en aplicación del apéndice 7 de la Ley Antiterrorista de 2000 por “obstruir o intentar frustrar una búsqueda o registro de forma deliberada”. Muhammed Rabbani se había negado a revelar a la policía las contraseñas de su ordenador portátil y su teléfono en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. Para junio, la policía había parado a 17.501 personas en aplicación de los poderes establecidos en el apéndice 7, que no requería que hubiera sospecha de infracción.

Tortura en Irlanda del Norte

La petición de 2014 presentada por el gobierno irlandés para revisar la sentencia de 1978 sobre la causa Ireland v. UK, relativa a las técnicas de tortura usadas en el régimen de internamiento en Irlanda del Norte en 1971 y 1972, seguía pendiente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En octubre, el Tribunal Superior de Irlanda del Norte anuló la decisión del Servicio de Policía de Irlanda del Norte de cerrar las investigaciones preliminares por tortura de 14 “hombres encapuchados”, que habían sufrido abusos, estando detenidos en Irlanda del Norte, a manos del ejército británico y la Real Policía del Ulster en 1971.

Entrega

En enero, el Tribunal Supremo falló sobre el recurso de apelación conjunto que se había presentado en las causas de Belhaj y otros vs. Jack Straw y otros y Rahmatullah vs. Ministerio de Defensa y otro. El Tribunal resolvió que el gobierno no podía ampararse en las doctrinas jurídicas de “inmunidad del Estado” ni “actos de Estados extranjeros” para evitar demandas civiles en ambas causas en que se alegaba la participación de Reino Unido en violaciones de derechos humanos cometidas por gobiernos extranjeros. La primera causa se refería a las acusaciones presentadas por el exlíder de la oposición libia, Abdul Hakim Belhaj, y su esposa, Fatima Boudchar, que alegaban haber sido entregados y sometidos a tortura y otros malos tratos en 2004 por los gobiernos estadounidense y libio, con el conocimiento y la cooperación de funcionarios británicos. La segunda causa fue presentada por Yunus Rahmatullah, detenido por las fuerzas británicas en Irak en 2004 y posteriormente transferido a las fuerzas estadounidense y presuntamente torturado y encarcelado sin cargos durante más de 10 años.

Fuerzas armadas

Continuaban sometidas al examen preliminar de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional denuncias de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas armadas de Reino Unido en Irak entre 2003 y 2008. El 3 de diciembre, la Fiscalía declaró que existía una base razonable para creer que miembros de las fuerzas armadas británicas habían cometido crímenes de guerra competencia de la Corte contra personas bajo su custodia y se inició una evaluación de admisibilidad.

En abril, el Comité Especial sobre Defensa de la Cámara de los Comunes emitió un informe en el que proponía introducir la prescripción de los presuntos delitos cometidos por soldados británicos y otro personal de las fuerzas de seguridad en Irlanda del Norte antes de 1998.

Seguían pendientes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos actuaciones relativas a la legalidad del régimen de vigilancia masiva y de las prácticas de intercambio de información secreta anteriores a la Ley de Poderes de Investigación, presentadas por Amnistía Internacional y otros demandantes. Al terminar el año no se había dictado aún sentencia.

En enero, la Investigación de Abuso Institucional Histórico publicó conclusiones sobre 22 instituciones de acogida de menores en Irlanda del Norte, durante el periodo comprendido entre los años 1922 y 1995. La investigación reveló fallos generalizados y sistémicos por parte de Reino Unido y de las instituciones en sus obligaciones en relación a los niños y las niñas bajo su cuidado. Al concluir el año, el gobierno no había implementado ninguna de las recomendaciones.

El gobierno continuaba rechazando destinar fondos para la implementación de los planes establecidos por el presidente de la judicatura de Irlanda del Norte para resolver la acumulación de investigaciones del pesquisidor relacionadas con el “legado histórico”.

El gobierno continuó negándose a establecer una investigación pública independiente sobre el homicidio de Patrick Finucane, cometido en 1989, a pesar de haber reconocido anteriormente que había existido “connivencia” en el caso.

El aborto continuó penalizado en Irlanda del Norte en casi todas las circunstancias. Sólo se permitía cuando corrieran peligro la vida o la salud de la mujer o la niña. Las mujeres se exponían a ser procesadas si tomaban medicamentos aprobados por la Organización Mundial de la Salud para inducir un aborto. En 2016, 724 mujeres de Irlanda del Norte viajaron a Inglaterra y Gales para acceder a servicios de aborto.

En junio, en la causa de una niña de 15 años que viajó a Inglaterra con su madre para poder abortar, el Tribunal Supremo dictó que las mujeres con residencia en Irlanda del Norte no tenían derecho a abortar gratuitamente a través del Servicio Nacional de Salud. En septiembre se levantó la amenaza de procesamiento contra los profesionales de la medicina de Irlanda del Norte que remitieran casos de aborto a Gran Bretaña.

La causa del Tribunal Supremo de Reino Unido en la que se recurría contra la legislación sobre el aborto en Irlanda del Norte seguía en curso, estudiándose si la ley vulneraba los derechos de las mujeres al prohibir el aborto en casos de violación, incesto y malformación mortal del feto. Estaba previsto que el Tribunal Supremo dictara sentencia en 2018.

En octubre y noviembre se confirmaron acuerdos para que las mujeres con residencia en Irlanda del Norte pudieran acceder a servicios de aborto gratuitos en, respectivamente, Inglaterra y Escocia.

En enero, el gobierno escocés puso en marcha una revisión independiente de la legislación sobre crímenes de odio en Escocia.

Irlanda del Norte era el único lugar en Reino Unido donde se negaba a las personas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio. En julio, miles de personas participaron en un desfile en la ciudad de Belfast a favor de la igualdad de matrimonio.

En septiembre se publicó una revisión independiente sobre las minorías étnicas en el sistema de justicia penal en Inglaterra y Gales que concluyó que las minorías étnicas estaban desproporcionadamente representadas en las prisiones, ya que constituían un 25% de la población reclusa (a pesar de representar el 14% de la población en los condados estudiados) y un 40% de las personas jóvenes en prisión pertenecían a minorías étnicas.

En agosto, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad criticó con dureza a Reino Unido por no garantizar los derechos de las personas con discapacidad con respecto a la educación, el empleo, un nivel de vida adecuado y la protección social, entre otros temas.

Durante la noche del 13 al 14 de junio, al menos 71 personas murieron y decenas resultaron heridas en un incendio en la torre Grenfell, un bloque de viviendas sociales en Londres. En septiembre se puso en marcha una investigación pública sobre la causa del fuego, la respuesta de los servicios de emergencia y de las autoridades, la construcción y modificaciones del edificio y la revisión del marco regulador. El incendio planteó dudas sobre el cumplimento por parte de las autoridades y actores privados de sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos, como proteger el derecho a la vida y garantizar un nivel de vida adecuado, incluido el derecho a una vivienda adecuada.

El gobierno continuó extendiendo los controles relacionados con la inmigración tanto al ámbito privado como al público, recogiendo información sobre la nacionalidad y el país de nacimiento de los niños y las niñas en los colegios y ampliando los controles de nacionalidad e inmigración para acceder a atención médica gratuita.

En julio, el gobierno dio por concluido el programa aplicable en virtud de la denominada “enmienda Dubs”, conforme al que 480 niños y niñas refugiados no acompañados que ya estaban en Europa pudieran ser reasentados en Reino Unido. En 2017 no se reasentó a ningún menor de edad, a pesar de que las administraciones locales habían ofrecido 280 lugares para acogerlos. El Tribunal Superior rechazó la impugnación que la ONG Help Refugees había presentado contra la limitada aplicación del programa por parte del gobierno, decisión que fue recurrida.

En septiembre, el gobierno presentó un proyecto de ley sobre protección de datos que incluía una disposición para excluir garantías básicas sobre la obtención, el mantenimiento y el uso de datos personales con fines de “control eficaz de la inmigración”.

En octubre, el Tribunal Supremo falló que la política de “personas adultas en situación de riesgo” del Ministerio del Interior sobre la detención de víctimas de tortura era ilegítima.

En junio, la primera ministra anunció planes para adoptar una nueva ley sobre violencia y abusos intrafamiliares y nombrar un Comisario sobre violencia y abusos intrafamiliares. El gobierno aún no había ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) que había firmado en 2012.

Persistían motivos de preocupación relacionados con el recorte de los fondos destinados a servicios especializados para las mujeres que habían sufrido abusos o violencia intrafamiliar.

Reino Unido continuó suministrando armas a Arabia Saudí a pesar de las violaciones graves del derecho internacional humanitario que estaba cometiendo la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Jefa del Estado: reina Isabel II
Jefa del gobierno: Theresa May
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