Polonia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.

Polonia, todavía dependiente de los combustibles fósiles, impugnó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la nueva legislación de la UE para combatir el cambio climático. Una comisión del Senado concluyó que el uso del programa espía Pegasus había hecho que las elecciones parlamentarias de 2019 fueran parciales. El Parlamento sometió a debate la polémica legislación que prohibía a las ONG impartir educación contra la discriminación en los centros escolares. El acceso al aborto seguía limitado. Se reformó la ley sobre violencia de género en el ámbito familiar para ampliar el delito a la ciberviolencia y la violencia económica. La guardia de fronteras continuó violando los derechos de las personas refugiadas y migrantes que llegaban al país a través de la frontera con Bielorrusia. El gobierno siguió actuando contra los miembros de la judicatura y la fiscalía que expresaban preocupación en torno a las reformas del poder judicial.

Información general

Los partidos de la oposición ganaron la mayoría de los escaños en las elecciones parlamentarias de octubre. El nuevo gobierno anunció un conjunto de medidas destinadas a restablecer el Estado de derecho y tipificar como delito los crímenes de odio.

Derecho a un medioambiente saludable

Una catástrofe medioambiental había causado la muerte de miles de peces y otra fauna silvestre del río Óder en julio de 2022. Al concluir 2023, el gobierno aún no había adoptado medidas eficaces para recuperar el ecosistema del río a pesar de la persistente contaminación y los peligros para la vida marina, y para la salud y los medios de vida de la población.

Polonia, que aún dependía del carbón y otros combustibles fósiles, impugnó ante el Tribunal de Justicia de la UE la nueva legislación sobre el clima, que incluía la prohibición de fabricar automóviles de motor de combustión a partir de 2035.

Derecho a la privacidad

El 6 de septiembre, la comisión extraordinaria del Senado para el esclarecimiento de casos de vigilancia ilegal informó de que el uso del programa espía Pegasus contra figuras de la oposición y personas críticas con el gobierno era ilegal y había hecho que las elecciones parlamentarias de 2019 fueran parciales.

Derecho a la educación

En agosto, el Parlamento siguió debatiendo sobre el proyecto de reforma de la Ley del Sistema Educativo conocido como Lex Czarnek 3.0. La última versión, una propuesta ciudadana, prohibía a las ONG apoyar a las escuelas impartiendo educación sexual y contra la discriminación que los planes de estudios no cubrían. Finalmente no se reformó la ley.

Persistían los motivos de preocupación sobre el acceso a la educación de los menores refugiados ucranianos dadas las dificultades lingüísticas y de otra índole. Se calculaba que continuaban sin acceso a un sistema educativo 200.000 niños y niñas ucranianos en edad escolar.

Derecho a la seguridad social

En julio, el Parlamento aprobó una ley que elevaba a 800 zlotys (184 euros) la prestación para manutención infantil incluida en el programa Familia 500+.

Sin embargo, Polonia no había aceptado aún ninguno de los mecanismos de la ONU que permiten presentar denuncias de presuntas violaciones de derechos económicos, sociales y culturales en el ámbito internacional.

Derechos sexuales y reproductivos

El acceso al aborto continuaba restringido y había personas embarazadas en peligro, ya que en los hospitales no se practicaban abortos ni siquiera en situaciones de riesgo para la vida. Se tuvo noticia del fallecimiento de al menos una mujer por haber sido privada de servicios de aborto en mayo.

En marzo, en aplicación de una legislación draconiana y discriminatoria, la activista Justyna Wydrzyńska fue declarada culpable de proporcionar información y apoyo a una embarazada que sufría violencia de género intrafamiliar y necesitaba un aborto sin riesgos, y condenada a ocho meses de servicios comunitarios. La sentencia, pendiente de un recurso interpuesto por su equipo de defensa, no era firme.

La policía seguía acosando a mujeres sospechosas de haber tenido un aborto. En abril, una mujer de Cracovia fue sometida a un registro sin ropa por la policía, que también confiscó sus dispositivos electrónicos, después de que hubiera dicho a una doctora a quien iba a consultar otro asunto que había tenido un aborto la semana anterior.

Violencia por motivos de género

En junio entró en vigor una reforma de la ley sobre violencia de género intrafamiliar cuya nueva definición del delito abarcaba la ciberviolencia y la violencia económica, e incluía a las exparejas entre los posibles perpetradores. La definición de violación del Código Penal seguía sin adecuarse a la del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul).

Libertad de expresión

En diciembre, el nuevo ministro de Cultura y Patrimonio Nacional destituyó unilateralmente a los consejos de administración de varias cadenas públicas de radiotelevisión. Aunque los medios públicos necesitaban una reforma urgente, la forma de la intervención violó las normas de derechos humanos relativas a la libertad de expresión.

Discriminación

En diciembre, un parlamentario usó un extintor de incendios para apagar una menorá que se había encendido en el Parlamento con motivo de la fiesta judía de la Janucá. Aunque fue suspendido de militancia por su partido y el Parlamento le retiró la inmunidad, su gesto contó con la aprobación de un sector de la sociedad.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Las personas refugiadas y migrantes que llegaban al país desde Bielorrusia seguían enfrentándose a la hostilidad oficial. La guardia fronteriza empleó la violencia para obligar a la gente a regresar a la frontera, negándole la protección internacional. Hubo personas rechazadas por la guardia fronteriza polaca que posteriormente fueron maltratadas también por guardias bielorrusos y obligadas a volver al bosque de Białowieża. Según informes, desde el comienzo de la crisis en 2021 hasta el fin de 2023, al menos 55 migrantes y solicitantes de asilo habían muerto por desnutrición, agotamiento y falta de asistencia médica.¹

Miles de personas refugiadas y migrantes que habían logrado entrar en Polonia desde Bielorrusia, entre las que había menores, continuaban detenidas arbitrariamente en centros cerrados para extranjeros. La práctica de detener automáticamente sin una determinación individual de los casos dio lugar a muchas sentencias judiciales que concedían indemnizaciones por detención ilegal.

Muchas personas refugiadas ucranianas seguían viviendo en centros de alojamiento colectivo a pesar del carácter temporal de éstos y tenían dificultades para alquilar un alojamiento. A la mayoría se les exigía pagar hasta el 75% del precio del alojamiento colectivo. Aunque se suponía que ciertos grupos estaban exentos de cumplir ese requisito, éste era obligatorio para la mayoría de las personas alojadas en estos centros, lo que hizo que algunas volvieran a Ucrania.

En octubre se celebró un referéndum cuyas preguntas eran tendenciosas y engañosas, incluida una que implicaba que las personas refugiadas eran “ilegales”. El referéndum estuvo precedido de un aumento considerable del uso de retórica antiinmigración por figuras políticas y medios de comunicación afines al gobierno. Gran número de votantes se negaron a participar en señal de protesta y, con una participación final inferior al 50%, los resultados se declararon nulos.

Juicios injustos

El gobierno siguió actuando contra los miembros de la judicatura y la fiscalía que expresaban preocupación en torno a la reforma del poder judicial. En enero, el Parlamento dio al Tribunal Administrativo Supremo competencias sobre las causas disciplinarias relativas a miembros de la judicatura, lo que contravenía la Constitución polaca. La medida no resolvió los problemas relacionados con la independencia de jueces y juezas, quienes aún podían ser destituidos si cuestionaban la legalidad de las decisiones del Consejo Nacional de la Judicatura, que había sido establecido para intervenir en su nombramiento y fue reestructurado para dar al poder ejecutivo mayor control sobre el poder judicial y para ejercer control político sobre los nombramientos judiciales.

En julio, en la causa Tuleya v. Poland, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo, que había retirado la inmunidad procesal al juez Igor Tuleya y lo había suspendido de sus funciones, no era un tribunal independiente ni imparcial. Según concluyó el Tribunal Europeo, las medidas adoptadas contra el juez violaban sus derechos a un juicio justo, a la vida privada y a la libertad de expresión.

En julio, el Parlamento aprobó una reforma de la Ley de Defensa de la Patria que impedía a un solo juez, Piotr Raczkowski, seguir ejerciendo como magistrado. La reforma establecía que todo juez militar exento del servicio militar también debía retirarse del cargo de magistrado. En el momento de la reforma, Piotr Raczkowski era el único que cumplía ese criterio. Era muy conocido por sus críticas al gobierno, que ya había intentado apartarlo del cargo por distintos medios.

En abril se aprobó la llamada Lex Tusk, sobre la investigación de la influencia rusa en la seguridad interna, a pesar de la preocupación generalizada que suscitaban sus consecuencias negativas para los derechos humanos, como la posibilidad de que se utilizara para estigmatizar y actuar contra figuras políticas de la oposición, disidentes y otras personas que pudieran presentarse a cargos políticos o mostrarse críticas con el gobierno.²