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Paraguay

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Se seguían negando a los pueblos indígenas sus derechos a la tierra y al consentimiento libre, previo e informado sobre proyectos que les afectaban. Al concluir el año seguía pendiente de aprobación un proyecto de ley para eliminar todas las formas de discriminación. Se recibieron informes de persecución a periodistas y a defensores y defensoras de los derechos humanos en un contexto de violaciones del derecho a la libertad de expresión y de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía para reprimir manifestaciones.

En marzo, los periodistas Menchi Barriocanal y Oscar Acosta informaron de un intento secreto de varios senadores de reformar la Constitución para permitir reelecciones presidenciales. En reacción a la noticia, el 31 de marzo y el 1 de abril estallaron protestas, y algunos manifestantes prendieron fuego a la sede del Congreso Nacional.

El presidente Cartes y representantes del partido gobernante acusaron públicamente a los dos periodistas de incitar a la violencia, y los amenazaron con detenerlos. Otros profesionales de medios de comunicación críticos con la reacción del gobierno a las protestas también denunciaron estar siendo objeto de acoso por parte de las autoridades.

El 1 de abril, el activista de la oposición Rodrigo Quintana murió a manos de la policía en el contexto de las protestas. Decenas de personas resultaron heridas, más de 200 fueron detenidas, y las organizaciones locales informaron sobre presuntas torturas y otros malos tratos cometidos por las fuerzas de seguridad.

En junio, en respuesta a las denuncias de que 23 periodistas habían sido atacados por la policía durante las protestas de marzo, la Policía Nacional adoptó un protocolo de seguridad para periodistas en peligro.

En septiembre, el Comité de la ONU contra la Tortura formuló sus observaciones finales y recomendaciones sobre Paraguay; entre ellas se incluían que todas las personas privadas de libertad gozaran desde el principio de la detención de todas las salvaguardias legales, incluidos los derechos a un abogado de su elección, a un examen médico inmediato respetando su confidencialidad e intimidad, y a acceder a un profesional de la medicina independiente si así lo solicitaban.

El Comité también recomendó llevar a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y actos de tortura y otros malos tratos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidas las presentadas en el marco de las manifestaciones del 31 de marzo y el 1 de abril, así como garantizar el enjuiciamiento de los perpetradores y reparación adecuada para las víctimas.

Asimismo, el Comité recomendó que se llevara a cabo una investigación independiente, efectiva, exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de uso desproporcionado de medios letales y de uso de la tortura y otros malos tratos durante el enfrentamiento que tuvo lugar en Curuguaty en 2012, así como sobre las presuntas violaciones del debido proceso cometidas durante los procedimientos judiciales contra 11 campesinos y campesinas en relación con el caso.

El 16 de agosto, el Congreso Nacional aprobó una ley para aplicar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y garantizar la cooperación con ésta. El 23 de agosto, el ejecutivo remitió para ratificación ante el Congreso Nacional las enmiendas de Kampala sobre el crimen de agresión y sobre el artículo 8 del Estatuto de Roma.

Comenzaron las negociaciones entre el gobierno y representantes de los pueblos indígenas ayoreo totobiegosode que vivían en aislamiento voluntario, con miras a aplicar las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a dichas comunidades de terceros que intentasen acceder a sus tierras ancestrales, y para alcanzar un acuerdo de solución amistosa en un caso pendiente ante la CIDH por la violación de los derechos de estos pueblos indígenas.

La comunidad yakye axa seguía sin poder acceder a sus tierras a pesar de que una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado al gobierno construir una vía de acceso. El caso relativo a la propiedad de tierras expropiadas a la comunidad sawhoyamaxa, en el que la Corte Interamericana había dictado una sentencia similar a favor de la comunidad, tampoco había sido resuelto por el gobierno.

En septiembre, la Cámara de Diputados mantuvo el veto del ejecutivo a un proyecto de ley que expropiaría 900 hectáreas de tierra a sus ocupantes para devolvérselas a la comunidad campesina guahory, desalojada a la fuerza en 2016.

En octubre, varias organizaciones de derechos humanos informaron de que, un año después del desalojo forzoso de la comunidad avá guaraní de Sauce relacionado con la represa hidroeléctrica de Itaipú no se habían registrado avances en la restitución de sus tierras. La comunidad reaccionó retirándose del diálogo con las autoridades.

En septiembre, dos muchachos recluidos en un centro de detención de menores en Ciudad del Este murieron en un incendio registrado en el lugar, y otros doce resultaron heridos. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura había denunciado en 2016 la falta de protocolos de prevención y evacuación de incendios en el centro.

En julio, el presidente Cartes vetó el proyecto de ley núm. 5833/2017, cuyo propósito era establecer un registro civil de “defunciones de concebidos no nacidos”. En agosto, la Cámara de Diputados y el Senado rechazaron el veto y aprobaron el proyecto de ley, que fue promulgado por el presidente al finalizar el año. El proyecto de ley había sido denunciado por organizaciones de derechos humanos porque introducía una protección casi absoluta del feto, que podría primar sobre el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud de las mujeres y las niñas.

En octubre, el Ministerio de Educación y Ciencias aprobó una resolución que prohibía en la educación pública el material pedagógico sobre la “teoría de género”, lo que en la práctica restringía los materiales relativos a la igualdad de género, los derechos reproductivos, la sexualidad y la no discriminación.

República del Paraguay
Jefe del Estado y del gobierno: Horacio Manuel Cartes Jara
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