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Países Bajos

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Las personas migrantes indocumentadas siguieron privadas de sus derechos. Nuevas leyes sobre seguridad amenazaban con menoscabar los derechos humanos y el Estado de derecho. La aplicación de criterios raciales por la policía, así como el uso de pistolas Taser durante el desempeño cotidiano de las tareas policiales, continuaron siendo motivos acuciantes de preocupación.

Tras años de declive, aumentó el número de personas bajo custodia por razones de inmigración. Las autoridades no prestaron atención suficiente a las alternativas a la detención, ni se evaluó suficientemente la necesidad y proporcionalidad de la detención prolongada en cada caso. Al concluir el año aún estaba en el Parlamento un anteproyecto de ley para modificar la normativa de la detención relacionada con la inmigración. A pesar de que el texto legal ofrecía algunas mejoras menores, el régimen de detención continuaría siendo similar al de una prisión en cuanto a las instalaciones, las condiciones de detención y el uso de medidas disciplinarias, tales como celdas de aislamiento y esposas.

A pesar del deterioro de la situación de seguridad en Afganistán, Países Bajos siguió devolviendo a este país a solicitantes de asilo —incluidas familias con niños y niñas— tras rechazar sus solicitudes, vulnerando con ello el principio de no devolución (non-refoulement).

Las autoridades continuaron reticentes a aplicar la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU de establecer una estrategia integral para garantizar que todas las personas, incluidas las personas migrantes indocumentadas, disfrutan de los niveles mínimos esenciales de cada uno de los derechos recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (tales como los derechos a la alimentación, a la vivienda, a la salud y a agua y saneamiento) y de garantizar su adecuada financiación.

En marzo entraron en vigor dos leyes antiterroristas sobre personas sospechosas de representar una amenaza para la seguridad nacional. La primera permitía la aplicación a determinadas personas de medidas administrativas de control, como la prohibición de viajar y la restricción de la libertad de circulación y el contacto con ciertas personas, sin establecer suficientes garantías contra su uso arbitrario y discriminatorio. La segunda ley administrativa permitía revocar la nacionalidad neerlandesa a personas con doble nacionalidad sospechosas de haber viajado al extranjero para unirse a un grupo armado. Ninguna de las dos leyes establecía procedimientos de apelación significativos y efectivos.

En julio se aprobó la Ley sobre los Servicios de Inteligencia y Seguridad, que les confería amplios poderes de vigilancia y ponía en peligro el derecho a la intimidad, a la libertad de expresión y a no sufrir discriminación. Las salvaguardias contra el abuso de estos poderes eran insuficientes. Persistían graves motivos de preocupación por la posibilidad de compartir información con los servicios de inteligencia de países que podrían utilizarla contra defensores y defensoras de los derechos humanos y opositores del gobierno.

Se continuó recluyendo automáticamente a las personas sospechosas de delitos de terrorismo o condenadas por ellos en prisiones especializadas de alta seguridad, donde se las sometía a un trato inhumano y degradante.

Con el fin de abordar la continuada aplicación de criterios raciales, la policía introdujo una normativa profesional y elaboró un módulo de formación para promover el uso imparcial y efectivo de sus facultades de parada y registro. Sin embargo, el impacto de estas medidas siguió sin estar claro, pues no había una supervisión ni un registro sistemáticos del uso que se hacía en la práctica de estas facultades.

En febrero, la policía empezó a probar el uso de pistolas paralizantes de electrochoque Taser X2. Los registros policiales demuestran que entre febrero y agosto se utilizaron pistolas Taser en situaciones en las que no había un riesgo inminente de muerte o de lesiones graves. En casi la mitad de los casos, esos dispositivos se utilizaron en modo de contacto directo, incluso cuando la persona ya estaba esposada, dentro de un calabozo o vehículo policial o en una celda de aislamiento en un hospital psiquiátrico, usos que no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos.

Al finalizar el año estaba pendiente de tramitación en el Senado una propuesta del gobierno para prohibir en determinados espacios públicos toda indumentaria que cubriera el rostro. La prohibición coartaría el derecho a la libertad de religión y de expresión, sobre todo de las mujeres musulmanas.

Reino de los Países Bajos
Jefe del Estado: rey Guillermo Alejandro
Jefe del gobierno: Mark Rutte
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