Omán

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.

Seguían produciéndose enjuiciamientos relacionados con las libertades de expresión y de religión y creencias, y las citaciones y detenciones de personas críticas con el gobierno continuaban siendo frecuentes. Omán no tomó medidas concretas para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia de género ni para poner fin a la discriminación por motivos de género. Gracias a una nueva ley del trabajo mejoraron algunos derechos laborales, pero la protección de los trabajadores y las trabajadoras migrantes siguió siendo escasa.

Información general

El 21 de marzo, Omán se adhirió a la Carta Árabe de Derechos Humanos.

Libertad de expresión

Las autoridades reprimían a quienes criticaban las medidas y políticas del gobierno, entre otras las relacionadas con la corrupción y la inacción a la hora de abordar el aumento del coste de la vida.

El 9 y el 16 de agosto, las fuerzas de seguridad citaron, respectivamente, al empresario Hani al Sarhani y al clérigo Masoud al Maqbali para interrogarlos por haber criticado en Internet la corrupción estatal. El segundo quedó en libertad el 24 de agosto, mientras que Hani al Sarhani fue condenado a 2 años de prisión por el tribunal de primera instancia de Mascate en aplicación de la Ley de Lucha contra los Delitos relacionados con las Tecnologías de la Información, si bien fue puesto en libertad bajo fianza tras pagar una multa de 600 riales omaníes (1.550 dólares estadounidenses) y recurrió la sentencia.

El 30 de septiembre, el Servicio de Seguridad Interna citó y detuvo sin cargos al activista Talal al Salmani después de que hubiera aparecido en un vídeo en el que pedía al gobierno que proporcionara un nivel de vida mejor, en particular mayor acceso a la electricidad. Al concluir el año se ignoraba su paradero.

Omán no tomó ninguna medida para reformar los artículos de su Código Penal que violaban el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, en concreto el artículo 269, que tipificaba como delito las acciones que según las autoridades fueran hostiles al islam o denigraran los valores islámicos, y el artículo 115, que tipificaba como delito la difusión y publicación de material que pudiera “socavar el prestigio del Estado” o debilitara la confianza en la economía.

Libertad de religión y de creencias

El 21 de agosto, grupos omaníes de derechos humanos informaron de que un tribunal de apelación había vuelto a juzgar a cuatro personas en el marco de la causa conocida como “los espacios de Ghaith”, espacio en Twitter (posteriormente X) dedicado a debates intelectuales. Las cuatro habían sido detenidas en 2021, acusadas de utilizar Internet y las tecnologías de la información para proporcionar material que “perjudicaba los valores religiosos y el orden público”, como consecuencia de su participación en debates en línea sobre libertad de pensamiento, religión y ateísmo. En junio de 2022, un tribunal de primera instancia había condenado a Maryam al Nuaimi y Ali al Ghafri a tres y cinco años de prisión, respectivamente; absuelto a Ghaith al Shibli, y remitido la causa contra Abdullah Hassan al Tribunal Especializado para su revisión. Maryam al Nuaimi fue puesta en libertad el 20 de abril de 2023 en virtud de una amnistía. Ali al Ghafri continuó en prisión.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Agentes de la sociedad civil lamentaron la prevalencia de la práctica de la mutilación genital femenina pese a su tipificación como delito en 2019. En respuesta a la preocupación expresada al respecto por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, las autoridades omaníes se limitaron a declarar que se había creado una base de datos sobre este asunto.

Varias organizaciones de la sociedad civil reiteraron su llamamiento para que se aprobaran leyes que tipificaran como delito la violencia de género en el ámbito familiar y proporcionaran a las sobrevivientes acceso efectivo a la protección y la justicia.

Omán no tomó medidas para poner fin a la discriminación de las mujeres, pese a las crecientes demandas de la sociedad civil en favor de la igualdad de derechos para ellas en ámbitos como el matrimonio, el divorcio, la herencia, la nacionalidad y la custodia de los hijos e hijas, así como con respecto a las restricciones de circulación y el tipo de trabajo que se les permitía realizar. El aborto siguió estando tipificado como delito.

Derechos de las personas migrantes

El 25 de julio entró en vigor una nueva ley laboral para el sector privado, donde el 80% de los trabajadores y trabajadoras eran migrantes. Su aplicación introdujo cambios positivos, como la reducción de la semana laboral máxima de 45 a 40 horas, el aumento de la baja por enfermedad remunerada y la posibilidad de abandonar la entidad empleadora si dejaba de pagar los salarios durante 2 meses consecutivos. Sin embargo, no protegía contra la discriminación ni contra el acoso, incluido el sexual, en el lugar de trabajo. Asimismo, seguía excluyendo a quienes trabajaban en el sector doméstico, que todavía se regía por un decreto ministerial de 2004 cuyas garantías eran muy inferiores a las ofrecidas a los demás trabajadores y trabajadoras por la nueva ley.

Derecho a un medioambiente saludable

En mayo, el Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Tecnologías de la Información puso en marcha un programa para reducir las emisiones de carbono de estos sectores, en el marco de la primera fase de la estrategia nacional de lucha contra el cambio climático, centrada en los objetivos de neutralidad en carbono para 2030, 2040 y 2050. Sin embargo, Omán seguía dependiendo de los combustibles fósiles y produciéndolos —por ejemplo, en una nueva refinería de producción de gasóleo que hizo sus primeras exportaciones en septiembre—, y no se comprometió a eliminarlos gradualmente.