Nueva Zelanda

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.

Según una serie de investigaciones, el gobierno incumplió en numerosas ocasiones su obligación de hacer valer los derechos de la población maorí. Seguía habiendo motivos de preocupación respecto a ciertos aspectos del sistema de justicia penal, como los procesos de la justicia de menores y las condiciones de detención.

Información general

En enero dimitió la primera ministra Jacinda Ardern, que fue sustituida por Christopher Hipkins. En octubre se produjo un cambio de gobierno tras las elecciones nacionales, y Christopher Luxon fue investido primer ministro en noviembre.

Se registraron en total 11 muertes relacionadas con el ciclón Gabrielle, que llegó en febrero y probablemente fue más intenso debido al cambio climático.

Derechos de los pueblos indígenas

El Tribunal de Waitangi —órgano judicial que tramitaba las denuncias de la población maorí relativas al Tratado de Waitangi (Te Tiriti o Waitangi)— observó numerosas violaciones de la obligación de hacer valer los derechos de la población maorí que disponía el tratado. En febrero, un informe sobre la administración de justicia publicado por el Tribunal de Waitangi resaltó que la insuficiencia de los acuerdos de financiación para las personas denunciantes repercutía en la capacidad de la población maorí para participar plenamente en los procesos judiciales. En mayo, el Tribunal de Waitangi publicó un informe sobre la política y los servicios de vivienda dirigidos a la población maorí en el que se señalaban numerosas violaciones del tratado a la hora de abordar el sinhogarismo de personas maoríes.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En marzo, el gobierno presentó un proyecto de ley para incrementar de 96 horas a 28 días el tiempo que se podía mantener detenida sin orden judicial a una persona solicitante de asilo que entrara en Nueva Zelanda en el marco de una “llegada masiva”.

Derechos de las personas detenidas

En junio, un informe sobre el Departamento de Prisiones publicado por la Oficina del Defensor del Pueblo concluyó que, a la hora de tomar decisiones, el Departamento no prestaba suficiente atención a la necesidad de garantizar que la población penitenciaria recibiera un trato justo, seguro y humano, y esto aumentaba el peligro de que no se tuvieran en cuenta sus derechos.

En julio, tras haber examinado el séptimo informe periódico de Nueva Zelanda, el Comité de la ONU contra la Tortura se mostró gravemente preocupado por el número desproporcionadamente elevado de maoríes en el sistema penitenciario y las condiciones de reclusión.

Derechos de la infancia

En su examen, el Comité de la ONU contra la Tortura mencionó motivos de preocupación persistentes relativos al trato que los niños y las niñas recibían en el sistema de justicia, incluida la edad mínima de responsabilidad penal, que seguía fijada en los 10 años.

En sus conclusiones sobre dos residencias para menores, el por entonces Comisariado para la Infancia (actualmente Comisión para la Infancia y la Juventud) señaló que había pruebas de malos tratos en ambas, y denuncias de conductas sexuales inadecuadas por parte del personal de una de ellas. En junio, la extitular del Comisariado afirmó que las residencias de menores no eran seguras y que debían ser sustituidas por otro sistema “adecuado para lograr su objetivo”.

Derecho a un medioambiente saludable

El grupo de investigación Climate Action Tracker siguió asignando a Nueva Zelanda una calificación global de “muy insuficiente”, debido a sus políticas y medidas climáticas, al objetivo de su contribución determinada a nivel nacional y a su financiación climática.