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México

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

La violencia aumentó en todo México. Las fuerzas armadas seguían llevando a cabo labores habituales de la policía. Continuaron las amenazas, los ataques y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos; los ciberataques y la vigilancia digital eran especialmente habituales. Las detenciones arbitrarias generalizadas seguían derivando en torturas y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. México recibió la cifra más alta de solicitudes de asilo de su historia, la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela. La violencia contra las mujeres seguía suscitando una honda preocupación; según datos recientes, dos tercios de las mujeres habían experimentado violencia de género a lo largo de su vida. Dos grandes terremotos hicieron peligrar los derechos a la vivienda y a la educación.

A principios de año, un incremento del precio de la gasolina provocó agitación social, con cortes de carreteras, saqueos y protestas en todo el país, y dio lugar a cientos de detenciones y varias muertes. A lo largo del año, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo varios operativos para reprimir una oleada de robos clandestinos de petróleo. Al menos uno de esos operativos de seguridad tuvo como consecuencia una probable ejecución extrajudicial perpetrada por el ejército en mayo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó su preocupación por las deficientes medidas de seguridad en las prisiones, que afectaban a los derechos de las personas privadas de libertad. Hubo motines en prisiones de varios estados, incluidos Nuevo León y Guerrero, y una huelga de hambre en la prisión federal de máxima seguridad de Puente Grande, en el estado de Jalisco.

El nuevo sistema de justicia penal adversarial, plenamente en vigor desde junio de 2016, seguía reproduciendo los problemas del antiguo sistema inquisitivo, entre ellos la violación de la presunción de inocencia y el uso de pruebas obtenidas con métodos contrarios a los derechos humanos y otras pruebas ilícitas. Se presentaron al Congreso proyectos de ley que, de aprobarse, debilitarían las garantías de juicio justo y ampliarían el ámbito de aplicación de la prisión preventiva obligatoria, sin una evaluación judicial caso por caso.

El Congreso aprobó leyes largamente demoradas contra la tortura y otros malos tratos y contra las desapariciones forzadas perpetradas por agentes estatales, así como contra las desapariciones perpetradas por agentes no estatales. Se introdujeron reformas jurídicas que permitieron el uso del cannabis con fines médicos. En el transcurso del año hubo continuos debates públicos sobre la transformación de la Procuraduría General de la República, responsable de la aplicación de la ley y de los enjuiciamientos, en un organismo independiente. En agosto, varias organizaciones de la sociedad civil y líderes de opinión presentaron una propuesta para el diseño de esa institución.

En octubre, el procurador general de la República en funciones destituyó al fiscal especial para Delitos Electorales, considerado independiente por distintas fuerzas políticas, después de que éste denunciara públicamente presiones políticas para que desestimara un caso de corrupción de gran repercusión.

Se produjo un incremento significativo del número de homicidios, con 42.583 registrados en todo el país. Se trataba de la cifra anual de homicidios más alta registrada por las autoridades desde el comienzo del mandato presidencial actual, en diciembre de 2012. La cifra real podía ser más alta, ya que algunos crímenes no se denunciaban a la policía, y no todos los que se denunciaban derivaban en medidas oficiales.

En diciembre, el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Interior, que permitía la permanencia prolongada de las fuerzas armadas en funciones propias de la policía sin incluir disposiciones efectivas que garantizaran la transparencia, la rendición cuentas ni la supervisión civil.

Las detenciones y reclusiones arbitrarias seguían siendo generalizadas y muchas veces derivaban en otras violaciones de derechos humanos, tales como torturas y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Las detenciones arbitrarias muchas veces incluían la colocación de pruebas falsas, generalmente armas y drogas ilegales, por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley. Las autoridades parecían tener como objetivo a personas históricamente discriminadas, especialmente hombres jóvenes que vivían en la pobreza.

La policía habitualmente incumplía sus obligaciones durante las detenciones y después de éstas. Era frecuente que los agentes no informaran a las personas detenidas de los motivos de su detención ni de sus derechos, como por ejemplo el derecho a asistencia letrada y a comunicarse con sus familiares. Los retrasos injustificados en llevar a las personas detenidas ante las autoridades pertinentes eran práctica habitual, y muchas veces facilitaban otras violaciones de derechos humanos. Los informes policiales sobre detenciones muchas veces contenían errores importantes, información falsa y otras deficiencias graves, como imprecisiones en el registro de la fecha y la hora de la detención.

Los motivos de detención arbitraria eran diversos, pero incluían los siguientes: extorsionar a la persona detenida para obtener dinero; detener a una persona concreta a cambio de un pago por parte de un tercero; motivos políticos; e investigar a la persona detenida en relación con otro delito, tras detenerla por un delito menor que normalmente no había cometido.

No había un registro de detenciones unificado, accesible y coherente con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, en el que se registrara en tiempo real cualquier detención efectuada por agentes encargados de hacer cumplir la ley.1

En febrero, el relator especial de la ONU sobre la tortura hizo público un informe de seguimiento a una visita anterior a México, realizada en 2014. En él concluyó que la tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados e incluían un uso alarmante de la violencia sexual como método de tortura frecuente.

En junio entró en vigor una nueva ley contra la tortura, de aplicación nacional y que reemplazó la legislación estatal y federal vigente. Las organizaciones de la sociedad civil recibieron con agrado la nueva ley, por considerarla un avance que incorporaba las normas internacionales mejor que la legislación anterior. La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la Procuraduría General de la República reportó 4.390 casos de tortura en revisión a nivel federal e inició 777 investigaciones según el nuevo sistema de justicia adversarial. Las autoridades federales no anunciaron la presentación de cargos penales nuevos contra funcionarios públicos ni brindaron información sobre las detenciones practicadas en relación con el delito de tortura. En el estado de Quintana Roo, un juez federal condenó a un ex agente de policía a cinco años de prisión por el delito de tortura.

Las desapariciones forzadas con implicación del Estado y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales seguían siendo práctica habitual, y los responsables seguían gozando de una impunidad casi absoluta. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, un padrón oficial, indicaba que seguía sin esclarecerse la suerte o el paradero de 34.656 personas (25.682 hombres y 8.974 mujeres). Las cifras reales eran más altas, porque la cifra oficial excluía los casos federales anteriores a 2014 y los casos clasificados como delitos de otro tipo, como secuestros o tráfico de personas.

Las investigaciones de los casos de personas desaparecidas seguían adoleciendo de irregularidades y las autoridades normalmente no iniciaban de inmediato la búsqueda de las víctimas. Persistía la impunidad de estos delitos, incluido el caso de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que fueron víctimas de desaparición forzada en el estado de Guerrero en 2014. Las investigaciones del caso apenas avanzaron en el transcurso del año. En marzo, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes del Estado reiteraron la versión gubernamental de lo sucedido, según la cual los estudiantes habían sido asesinados y quemados en un vertedero local, una teoría cuya imposibilidad científica había sido demostrada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

En octubre, el Congreso aprobó una ley general sobre desapariciones que definió el delito de desaparición de acuerdo con el derecho internacional y aportó herramientas para prevenirlo y juzgarlo. Estaba previsto que la aplicación de esa ley requiriera una asignación presupuestaria suficiente en los siguientes años.

Las ejecuciones extrajudiciales no se investigaban adecuadamente, y quienes las perpetraban seguían gozando de impunidad. Por cuarto año consecutivo, las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares. No se dio información sobre los cargos penales formulados en los casos de Tlatlaya, estado de México, donde 22 personas murieron a manos de soldados en 2014; de Apatzingán, estado de Michoacán, donde agentes de la policía federal y de otras fuerzas de seguridad mataron a al menos 16 personas en 2015; y de Tanhuato, estado de Michoacán, donde las fuerzas de seguridad mataron a 43 personas durante un operativo de seguridad en 2015.

El 3 de mayo, el ejército llevó a cabo operativos de seguridad pública en la localidad de Palmarito Tochapan, estado de Puebla, y reportó la muerte de siete personas, incluidos cuatro soldados. Días después se publicaron en Internet imágenes de vídeo de cámaras de seguridad instaladas en el lugar. Uno de los vídeos mostraba claramente a una persona con uniforme militar matando de un disparo a un hombre que yacía en el suelo. Amnistía Internacional verificó de forma independiente las imágenes y concluyó que había razones suficientes para pensar que se había cometido una ejecución extrajudicial.2

Entre enero y agosto se presentaron un total de 8.703 solicitudes de asilo, una cifra similar a la de todo 2016. El porcentaje de solicitudes que dieron lugar a que se concediera la condición de refugiado se redujo; pasó del 35% en 2016 al 12% en 2017. La mayoría de las solicitudes de asilo correspondían a personas refugiadas y solicitantes de asilo provenientes de Honduras y Venezuela; por primera vez, estas últimas superaron en número a las procedentes de El Salvador y Guatemala.

Entre enero y noviembre, 88.741 personas migrantes en situación irregular fueron detenidas y 74.604 fueron deportadas, en la mayoría de los casos sin la posibilidad de impugnar su deportación. De las personas deportadas, un 94% procedían de Honduras, Guatemala y El Salvador, países que habían registrado algunas de las tasas de homicidio más altas del mundo en años anteriores, y un 20% de las personas deportadas a esos países eran niños y niñas. En febrero, el secretario de Relaciones Exteriores de México anunció que su país no recibiría a personas extranjeras devueltas por Estados Unidos en virtud de la orden ejecutiva sobre control fronterizo anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 25 de enero.

En junio, el gobierno mexicano se reunió con sus homólogos de Norteamérica y Centroamérica, teóricamente para abordar las causas fundamentales de la crisis regional de refugiados. No hicieron público ningún acuerdo.

Se cumplieron dos años de la creación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Procuraduría General de la República, pero su actividad seguía viéndose empañada por dificultades institucionales y por problemas de coordinación con otras autoridades. Esos problemas limitaban los avances de varias investigaciones penales, incluidas algunas sobre masacres de personas migrantes, que permanecían impunes.

En agosto, un órgano consultivo ciudadano publicó una investigación que demostraba la implicación del Instituto Nacional de Migración en varias violaciones de derechos humanos contra personas privadas de libertad en centros de detención de migrantes bajo su gestión. Tales violaciones incluían hacinamiento, falta de acceso a servicios médicos adecuados, reclusión en régimen de aislamiento como castigo, y denuncias de tortura y otros malos tratos. Las autoridades negaron las acusaciones de torturas cometidas por el Instituto, pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también había confirmado en ocasiones anteriores la existencia de pruebas de tortura.

Continuaron las amenazas, el hostigamiento, las agresiones y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.

Perdieron la vida al menos 12 periodistas, la cifra más alta registrada en un solo año desde 2000. Entre ellos se encontraba el periodista galardonado Javier Valdez, fundador del periódico Ríodoce, asesinado el 15 de mayo en el estado de Sinaloa. Muchos de los homicidios de periodistas se produjeron a la luz del día y en espacios públicos. Las autoridades no realizaron avances significativos en las investigaciones de estos homicidios. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión no investigó si el trabajo de estos profesionales podía haber motivado los ataques en la mayoría de los casos. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de carácter federal, no brindaba protección adecuada a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.

Isidro Baldenegro López —ganador del Premio Goldman— y Juan Ontiveros Ramos, dos defensores de los derechos humanos pertenecientes al pueblo indígena rarámuri (tarahumara), fueron asesinados en enero y febrero, respectivamente. En mayo fue asesinada Miriam Rodríguez, una defensora de los derechos humanos que lideraba la búsqueda de su hija y de otras personas desaparecidas en Tamaulipas. En julio, Mario Luna Romero, líder del pueblo indígena yaqui en el estado de Sonora y beneficiario de medidas de protección del mecanismo de protección federal, sufrió la intrusión en su casa de unos atacantes no identificados que incendiaron el automóvil de su pareja.

En enero se conoció que una red de personas empleaba Internet para hostigar y amenazar a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos en todo México.3 En junio se conocieron indicios de actividades de vigilancia contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos para las que se sabía se había utilizado software adquirido por el gobierno. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no aportó ninguna estrategia de respuesta a los ciberataques y la vigilancia ilegal de personas a las que se habían otorgado medidas de protección.

La violencia de género contra mujeres y niñas era generalizada. La investigación de la mayoría de los casos era deficiente, y los autores de la violencia gozaban de impunidad. No se disponía de suficientes datos actualizados sobre los feminicidios. Sin embargo, se publicaron datos oficiales de 2016 que indicaban que a 2.668 mujeres se las consideraba víctimas de homicidio, a falta de más investigaciones.

En agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó una encuesta que estimaba que un 66,1% de las niñas y mujeres mayores de 15 años habían experimentado violencia de género por lo menos una vez en su vida, y que un 43,5% de las mujeres habían sufrido violencia de género a manos de sus parejas.

En 12 estados existían mecanismos denominados “alerta de violencia de género contra las mujeres”. Esos mecanismos de alerta, establecidos por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dependían de unos esfuerzos coordinados para confrontar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Al finalizar el año, no se había demostrado que los mecanismos de alerta hubieran reducido la violencia de género contra mujeres y niñas.

Las parejas de personas del mismo sexo podían contraer matrimonio en Ciudad de México y en 11 estados sin recurrir a procedimientos judiciales. Las parejas en estados en los que la legislación o las prácticas administrativas no permitían el matrimonio entre personas del mismo sexo tenían que promover un juicio de amparo ante los tribunales federales para que se revisara su caso y se reconocieran sus derechos.

La Suprema Corte de Justicia seguía confirmando los derechos de las parejas de personas del mismo sexo a contraer matrimonio y a adoptar niños sin sufrir discriminación por su orientación sexual o su identidad de género. En marzo, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado porque sólo protegía los derechos de las parejas de personas de sexos distintos.

En septiembre se produjeron dos terremotos que tuvieron un fuerte impacto en zonas muy amplias, principalmente en el centro y el sur de México. Más de 360 personas murieron; en Ciudad de México, la mayoría de las víctimas mortales eran mujeres. Según las cifras oficiales, más de 150.000 viviendas se vieron afectadas y al menos 250.000 personas se quedaron sin hogar.

El gobierno aplicó medidas de rescate de sobrevivientes y de atención de emergencia, con la participación de personal tanto civil como militar y con el apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, hubo varios informes sobre una inadecuada coordinación entre distintas autoridades, datos incorrectos y tardíos sobre el rescate y la recuperación de cadáveres, incautaciones ilegales de alimentos y otros servicios esenciales que debían llegar a los sobrevivientes, y entregas insuficientes de ayuda a muchas zonas devastadas, especialmente en comunidades pequeñas y empobrecidas.

Las evaluaciones preliminares de los expertos publicadas en los medios de comunicación indicaban que algunas de las estructuras que se derrumbaron podían haber incumplido la reglamentación sobre construcción. No había una estrategia integral para garantizar que se brindaran opciones de vivienda seguras y adecuadas a las personas que se habían quedado sin hogar. El 6 de octubre, el presidente Peña Nieto pidió a las familias afectadas que se organizaran ellas mismas para reconstruir sus casas.

Los servicios educativos, incluidas muchas escuelas primarias, se vieron afectados durante semanas o meses, mientras se realizaban controles de seguridad y labores de reconstrucción en los centros escolares. Miles de monumentos nacionales y otros edificios culturalmente significativos fueron destruidos o dañados por los terremotos.

  1. Falsas sospechas. Detenciones arbitrarias por la policía en México (AMR 41/5340/2017)
  2. Carta pública al presidente de México por posible ejecución extrajudicial (AMR 41/6347/2017)
  3. La guerra de desinformación en México: Cómo las redes organizadas de trols atacan y hostigan a periodistas y activistas en México (noticia, 24 de enero)
Estados Unidos Mexicanos
Jefe del Estado y del gobierno: Enrique Peña Nieto
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