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Macedonia del Norte

Macedonia del Norte 2019

A pesar de los avances realizados en la aplicación de reformas señaladas por la Comisión Europea, persistían motivos de preocupación relacionados con la corrupción, el derecho al asilo y la discriminación de las mujeres, la comunidad romaní y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.

Información general

En febrero tuvo lugar el cambio de nombre del país, tras terminar en 2018 una larga disputa con Grecia.

El gobierno formado en mayo de 2017 continuó adoptando las medidas exigidas por la Comisión Europea tras una crisis política desencadenada en 2015, cuando la oposición publicó unas grabaciones de audio que ponían al descubierto la existencia de vigilancia ilegal y corrupción gubernamental generalizadas. Las prioridades incluían garantizar el Estado de derecho, los derechos a la intimidad y a la libertad de expresión, la independencia del poder judicial y el fin de la corrupción gubernamental.

La Fiscalía Especial continuó exigiendo rendición de cuentas a anteriores cargos ministeriales, autoridades y personal de la administración pública.

En marzo, el ex director de Seguridad y Contrainteligencia fue condenado a tres años de cárcel por corrupción electoral. En abril, 16 agentes de policía y de seguridad interna, incluido el ex jefe superior de la policía, fueron declarados culpables de “actividad terrorista para hacer peligrar el orden constitucional” por colusión para cometer el atentado de abril de 2017 contra miembros de la oposición parlamentaria.

En diciembre se emprendieron actuaciones judiciales contra Katica Janeva, directora de la Fiscalía Especial hasta agosto, acusada de abuso de poder y de aceptar sobornos. Se propusieron medidas para transferir el volumen de casos de la Fiscalía Especial al Ministerio Público. 

Aumentó gradualmente la libertad de los medios de comunicación y se redujo el número de periodistas que sufrieron agresiones físicas.

En mayo, el Parlamento aprobó que se aclarara el significado exacto y se llevara a cabo una reforma preliminar de leyes económicas que el gobierno anterior había malinterpretado deliberadamente para penalizar a las ONG que recibían financiación extranjera.

Tortura y otros malos tratos

Se adoptaron medidas para abordar la arraigada impunidad de los malos tratos policiales, entre ellas el establecimiento de un mecanismo de vigilancia externo. En marzo, el Ministerio Público estaba investigando ya 50 informes contra agentes de policía, así como otros referidos a guardias de prisiones.

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, firmada en 2007, aún no había sido ratificada.

Discriminación

En mayo se aprobó la nueva Ley de Prevención y Protección frente a la Discriminación, que incluía la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas, pero no reconocía las uniones de personas del mismo sexo. La comisión para recibir denuncias no se había establecido al final del año.

Tanto el primer ministro como el líder de la comunidad islámica fueron criticados por sus comentarios homófobos. El discurso de odio contra las personas LGBTI aumentó antes de la celebración del primer desfile del Orgullo de Skopie en junio.

El discurso de odio y los crímenes de odio entre grupos étnicos —incluido un caso de asesinato resuelto en abril— continuaron en niveles altos todo el año.

La comunidad romaní siguió sufriendo discriminación institucional en la educación, la salud, la vivienda y el empleo, así como en el acceso a bares, cafeterías y tiendas. Profesionales de la defensa jurídica denunciaron reiteradas violaciones de derechos humanos en casos relacionados con derechos de propiedad, contacto con la policía y empleo. Alrededor de 440 personas romaníes seguían siendo apátridas.

Derechos sexuales y reproductivos

En julio se aprobó una reforma de la Ley de Interrupción del Embarazo que facilitaba el acceso a servicios de aborto eliminando los periodos de espera, el asesoramiento y la aprobación conyugal obligatorios. No había métodos anticonceptivos disponibles en los centros de atención primaria de la salud.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

A fecha de 31 de diciembre, el Ministro del Interior tenía registradas oficialmente a 40.887 personas refugiadas y migrantes que habían entrado de forma irregular en el país. De 490 solicitudes de asilo presentadas, se cancelaron 407; de 18 solicitudes examinadas, se rechazaron 17, y sólo en un caso se concedió protección subsidiaria. Alrededor del 47% de las solicitudes eran de personas refugiadas y migrantes que se hallaban recluidas de manera ilegítima y en condiciones inadecuadas en Gazi Baba como testigos contra traficantes. Una mujer emiratí que huía de una situación de violencia de género en el ámbito familiar salió en libertad de Gazi Baba tras dictar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos medidas cautelares y provisionales en su favor.

El Ministerio del Interior siguió adelante con las expulsiones colectivas a Grecia, devolviendo sumariamente a 10.017 personas que intentaban entrar en Macedonia del Norte. En virtud de un acuerdo con la Comisión Europea, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) acompañaba en sus operaciones a la policía fronteriza. Personas que buscaban protección internacional denunciaron haber sido devueltas de manera sumaria a Grecia por Frontex después de tomarles las huellas dactilares y someterlas a detención durante 24 horas. Frontex dijo explícitamente a cuatro de ellas que no podían solicitar asilo.

Los tribunales administrativos rechazaron la inmensa mayoría de los casos presentados por personas refugiadas romaníes de Kosovo a quienes se había negado el asilo en 2017 y 2018. Estas personas habían impugnado la revocación de su condición de beneficiarias de protección subsidiaria, que las había dejado en situación ilegal y expuestas a deportación.

Seguridad y medidas antiterroristas

En septiembre, el Tribunal Supremo rechazó un recurso de apelación presentado por el “grupo de Kumanovo”, formado por 33 personas de etnia albanesa (16 de Kosovo), contra el fallo condenatorio por terrorismo dictado en su contra en 2017. Los cargos estaban relacionados con los homicidios de 8 agentes de policía y las lesiones causadas a 40 más en mayo de 2015, en un incidente sucedido en Divo Naselje (Kumanovo). Durante el incidente la policía había matado a 10 personas de etnia albanesa. El grupo sostenía que el enfrentamiento había sido provocado por el anterior gobierno y había reclamado una investigación internacional.

En diciembre, el Comité de Ministros del Consejo de Europa cerró el caso de Khaled el Masri, a pesar de que las autoridades macedonias no habían realizado una investigación penal completa y efectiva, como exigía la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 2003, este ciudadano alemán había sido objeto de detención ilegítima, desaparición forzada, tortura y otros malos tratos antes de ser transferido a las autoridades estadounidenses, quienes habían violado sus derechos humanos fuera de Macedonia.

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